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Les socializo la parte sobre Bolivia del informe de Amnistia Internacional
Para fascilitar su trabajo
BACO
La ausencia de consultas y de acuerdo sobre las reformas políticas intensificó las tensiones políticas. Algunos grupos indígenas y sindicatos realizaron protestas. En mayo, la Central Obrera Boliviana convocó una huelga sobre las reformas de salarios y pensiones. En junio, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia emprendió una marcha de protesta en la localidad de Trinidad, departamento de Beni, contra algunos elementos de la propuesta de ley de autonomía y la ausencia de avances en la asignación de tierras. En julio se alcanzó una solución negociada. En julio y agosto surgieron tensiones entre las autoridades locales y nacionales en el departamento de Potosí, tras una huelga de 19 días protagonizada por organizaciones campesinas, el Comité Cívico local y algunas autoridades del gobierno local sobre cuestiones relacionadas con las tierras, el medio ambiente y la infraestructura. En diciembre, el presidente Evo Morales canceló los planes de suprimir los subsidios a la gasolina y el gasóleo tras las protestas masivas por la drástica subida de los precios.
Información general
Algunos altos cargos gubernamentales cuestionaron públicamente la legitimidad de las ONG y movimientos sociales que expresaban su desacuerdo con políticas y medidas del gobierno.
En febrero, el historial de derechos humanos de Bolivia fue sometido al examen periódico universal de la ONU. Varios Estados manifestaron su preocupación en torno a la independencia del poder judicial, la impunidad y el acceso a la justicia, los derechos de la mujer y la discriminación por motivos de orientación sexual.
Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales
Los ambiciosos plazos fijados para promulgar nuevas leyes y la falta de transparencia en el procedimiento dificultaron una consulta significativa sobre reformas de gran alcance.
En mayo tomó posesión de su cargo el nuevo Defensor del Pueblo, aunque suscitó preocupación el hecho de que no se hubieran aplicado unos criterios objetivos en la primera ronda de selección.
Una ley promulgada en febrero facultó al presidente para nombrar por decreto jueces interinos que cubrieran los puestos vacantes en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Estos mandatos temporales se ampliaron tras el retraso en la selección y elección de nuevos jueces. Estaba previsto que el mandato de los jueces que ya ocupaban cargos en estos tribunales, nombrados por gobiernos anteriores, finalizara cuando se completara el proceso.
Los jueces interinos del Tribunal Constitucional recibieron instrucciones de ocuparse exclusivamente de los casos atrasados iniciados antes de febrero de 2009. Como consecuencia, el Tribunal no pudo ejercer el control constitucional de las nuevas leyes. Surgieron dudas sobre la compatibilidad entre las normas internacionales de derechos humanos y ciertos aspectos de las nuevas leyes, como el efecto retroactivo de la ley anticorrupción, las duras penas previstas en la ley antirracismo y, en la ley del órgano judicial, el papel del defensor del litigante, que ejercía una función de supervisión al mismo tiempo que dependía del poder ejecutivo.
Policía y fuerzas de seguridad
Las violaciones de derechos humanos cometidas en el curso de operaciones de seguridad y en instalaciones policiales y militares siguieron suscitando preocupación.
Dos hombres murieron por heridas de bala y al menos 30 personas resultaron heridas cuando la policía intentaba dispersar a unos manifestantes que habían cortado la carretera en la provincia de Caranavi. A los manifestantes les preocupaban los indicios de que el gobierno pudiera incumplir la promesa electoral de construir en el lugar una planta de procesamiento de cítricos. Un informe del Defensor del Pueblo, posteriormente cuestionado por el gobierno, criticó el uso de la fuerza desproporcionada y excesiva, las aprehensiones indiscriminadas y el trato inhumano y degradante durante la detención. Al concluir el año continuaban las investigaciones sobre el caso.
En septiembre se difundió un vídeo que mostraba a varios hombres con uniformes militares que sumergían repetidamente en agua a un recluta en Challapata, departamento de Oruro, en 2009. El vídeo reavivó la preocupación por el predominio de la violencia en el seno del ejército. Al finalizar el año, cuatro oficiales del ejército eran objeto de una investigación de oficio.
Homicidios ilegítimos
Durante el año se supo de varios casos de linchamiento.
Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, cuatro policías fueron linchados después de haber estado cautivos a manos de particulares en Saca Saca, cerca de Uncía, en el departamento de Oruro. Se creía que uno de los agentes había sido torturado varios días antes de ser asesinado. Las autoridades indígenas de la comunidad acusaban a la policía de matar a un taxista y de extorsión, y rechazaron la presencia de los fiscales encargados del caso. Al concluir el año se estaba investigando a seis sospechosos.
Impunidad
La comparecencia ante la justicia de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas tanto durante regímenes militares anteriores como después del restablecimiento del gobierno democrático siguió sufriendo retrasos, así como la reparación a las víctimas.
En agosto, la Corte Suprema condenó a Óscar Menacho Vaca y a Justo Sarmiento Alanez, dos ex agentes del gobierno militar de Hugo Banzer (1971-1978), a 20 años de prisión, y a 15 años a un tercer agente, por el papel que desempeñaron en las desapariciones forzadas de José Carlos Trujillo Oroza y José Luis Ibsen Peña, ocurridas en 1972 y 1973.
En septiembre, la Corte Interamericana falló que Bolivia no había asumido su responsabilidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición forzada del activista José Luis Ibsen Peña y de su hijo, Rainer Ibsen Cárdenas, ocurridas entre 1971 y 1973.
Los fiscales que trataron de acceder a archivos militares en sus investigaciones sobre las desapariciones forzadas de 1980-1981 afrontaron continuos obstáculos, pese a que la Corte Suprema dictó en abril dos órdenes para que se desclasificaran los archivos.
Sufrieron demoras las actuaciones judiciales sobre los sucesos del “Octubre Negro” de 2003, en los que al menos 67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. La escasez de recursos dificultó que testigos y víctimas comparecieran ante el tribunal.
El juicio sobre la masacre de Pando de 2008 sufrió continuos retrasos. El ex prefecto del departamento acusado de ser el autor intelectual de las violaciones de derechos humanos cometidas seguía en prisión preventiva al finalizar el año.
Según las ONG, sólo 218 de las 6.000 víctimas de violaciones de derechos humanos que habían reclamado una reparación en virtud de una ley de 2004 habían recibido algún tipo de resarcimiento.
Las ONG informaron de que el 82 por ciento de los casos de violencia sexual que llegaron a los tribunales en el municipio rural de Quillacollo, departamento de Cochabamba, entre 2008 y mediados de 2010, habían sido abandonados o seguían sin una condena firme.
Mortalidad materna
Las cifras disponibles de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008 mostraban un aumento de la tasa de mortalidad materna del país, que pasó de 230 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2003 a 310 en 2008. Aunque se cuestionó la base metodológica de las cifras, fuentes autorizadas sugirieron que se había utilizado la misma metodología para obtener ambos conjuntos de resultados.
Fuente http://amnesty.org/es/region/bolivia/report-2011
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