jueves, 16 de junio de 2011

Colombia: 50 niñas violadas por El Patrón y el Parque Tayrona: infancias molidas en grandes negocios

Por Azalea Robles
"'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina”
Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón seleccionaba a sus víctimas. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. Detrás de los beneficios de las multinacionales hay destrucción social, niñas esclavas, torturas, e impunidad.
"El ejército nos bajó del autobús. Al muchacho que estaba conmigo lo mataron. A mi me violaron entre nueve soldados. (…) Cuando llegué a Dabeiba, estaban los paramilitares.
El comandante paramilitar me violó (…) A una le toca quedarse callada… Cuando entra el ejército me vuelven los pensamientos que me va pasar lo mismo.” (1). El feminicidio y la violación sexual aumentan dramáticamente al amparo de la impunidad para los crímenes de Estado. La impunidad de la que goza la Fuerza pública le da carta blanca para violar, y el empleo de la violación como mecanismo del terror conforma a una Fuerza Pública habituada a prácticas genocidas.
OFAM revela que en Colombia: "489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009: un promedio de 6 mujeres, cada hora” (2); en otro informe refiere que el 81% de las violaciones a DDHH de las mujeres se atribuyen al ejército y la herramienta paramilitar: "se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor.”  (3). Estas cifras evidencian que hay un sistematismo de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad. Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio. "Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías”
Las 50 niñas violadas por "El Patrón"
Niña violada por "El Patrón"
Las violaciones y asesinatos de niños se han convertido en el pan de cada día en el marco de la impunidad total para el Terrorismo de Estado: los violadores reinciden decenas de veces, habitando la misma zona, viviendo en las mismas haciendas; campean a sus anchas y hay quienes incluso son famosos por hacerse llevar niñas vírgenes a sus casas, durante años. Sin que la fuerza pública haga algo al respecto. No son casos aislados, se trata del margen de acción que les es permitido a aquellos que están amparados en la impunidad que les brinda el mismo estado: son políticos, latifundistas, militares y paramilitares, todos ellos son intocables por la “justicia” colombiana, pues los que los denuncian y los jueces que abren expedientes en su contra corren la misma suerte que la jueza Gaona (5). Gaona llevaba el caso de los niños violados y asesinados por el ejército en Arauca; y había rechazado el "vencimientos de términos" y las maniobras dilatorias de la defensa militar. Fue asesinada en marzo de 2011 por un sicario a plena luz del día en el centro de uno de los departamentos más militarizados de Colombia, a escasos metros de un puesto de la fuerza pública. El sicario huyó a pie (6). Pocas son las víctimas que se atreven a denunciar las violaciones sexuales a manos de paramilitares o de la fuerza pública porque podría ser alto el riesgo de que la misma fuerza pública ‘delate’ sus denuncias a sus victimarios, incluso antes de proceder a abrir un expediente judicial. Se estima que detrás de cada denuncia adelantada se esconde el grueso de las denuncias que no se efectuaron por temor: "Poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte” (7). El carácter exponencial de las violaciones de niñas y niños en Colombia crece cada día amparado en la impunidad que le otorga a la fuerza pública y a sus cómplices el derecho de Pernada.

El Jefe Paramilitar Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’ reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta (8). "El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina" (ibídem). El jefe paramilitar abusó de al menos 50 niñas. Ninguna sobrepasaba los 15 porque -según los mismos paramilitares- "las mujeres mayores lo salaban” (Ibíd. ).Las niñas eran secuestradas y llevadas a fiestas en las que este seleccionaba a sus víctimas. El Patrón fue intocable durante años porque hacía las labores de guerra sucia que beneficiaban al gran capital y ayudaba a diferentes políticos, como lo expresó ante la fiscalía en septiembre 2007: dijo que José Francisco Zúñiga (9) fue alcalde de Santa Marta apoyado por el paramilitarismo; que a Trino Luna lo apoyaron para gobernador del Magdalena; también señaló de connivencia paramilitar a los políticos Enrique Caballero Aduén, Darío Sarabia y Salomón Saade (10). Relató los nexos del bloque paramilitar Tayrona con la Fuerza Pública y empresarios: con el coronel Enrique Peralta Walker, comandante del batallón Córdova, y con el empresario Jorge Gnecco, hermano del ex gobernador del Cesar Lucas Gnecco. Relató que la Policía les indicó personas señaladas de ser informantes de la guerrilla para que las asesinaran. Alias ‘El Patrón’, funcional a la estrategia del terror de estado y del gran capital, encabezó miles de asesinatos, torturas, desmembramientos, desapariciones forzadas: reconoció haber hecho desenterrar de las fosas en las que sus hombres sepultaron a sus víctimas, a centenares de ellas que fueron lanzadas a los ríos, para borrar toda huella de su existencia. ‘El Patrón’ fue extraditado el 13 de Mayo de 2009 a EEUU, en lo que las víctimas llaman “la extradición de la verdad”: al extraditar a los Jefes paramilitares se hace aún más remota la posibilidad de conocer el destino de sus víctimas, y conocer los nombres de los grandes comanditarios del genocidio. Con la extradición de varios Jefes paramilitares el estado colombiano ha garantizado gran parte del silencio. Hoy las renovadas caras de la herramienta paramilitar, los mismos latifundistas de siempre, y los inamovibles militares siguen gozando de plena permisividad. Entre el 2001 y el 2002 14 mil personas descendieron forzadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, huyendo de masacres al mando del paramilitar ‘El Patrón’, en uno de los mayores desplazamientos forzados de poblaciones de Colombia. Por amenazas paramilitares se asentaron en Ríoancho (La Guajira) y el Calabazo (Magdalena). Miles de campesinos y alrededor de 500 indígenas koguis, wiwas y arhuacos se convirtieron en "el escudo del Tayrona". Eran custodiados por la herramienta paramilitar para que se quedaran allí: todo el tiempo estuvieron en la carretera, dormían a la intemperie, todo a ojos de la fuerza pública. La Sierra Nevada de Santa Marta ha ido a parar a manos del latifundio y multinacionales que lograron despojar a los nativos mediante masacres.
Desplazamiento forzado para beneficio multinacional: los Patronos de la guerra
Colombia tiene 4,9 millones de personas desplazadas, según el último informe de CODHES: es el país del mundo con mayor número de desplazados, junto con Sudán (11). Los desplazamientos masivos de poblaciones obedecen a una razón: vaciar de habitantes y de reivindicaciones las tierras codiciadas por las multinacionales, ya sean mineras, del agro industrial, o de otro rubro. Esto lo han denunciado las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas víctimas de la voracidad del Gran Capital. El desplazamiento forzado de poblaciones en Colombia  es provocado por masacres dirigidas intencionalmente contra la población civil, y no tanto por “la bala perdida” como quiere hacerlo creer la falsimedia que busca diluir la realidad en un magma confuso para eliminar las responsabilidades concretas del latifundio y del poder multinacional. Hay una planificación del desplazamiento poblacional, no es algo aleatorio: las zonas vaciadas de población coinciden con las zonas de alto interés económico y con las zonas en las que previamente hubo un tejido social organizado y fuerte. Se  aplica contra la población civil la estrategia de la “tierra arrasada” que aplicaron los marines estadounidenses en Vietnam arrasando poblados enteros para impedir el apoyo popular al Vietcong. Es la misma estrategia que aplicaron en El Salvador y Guatemala. Bajo el rótulo del “fuego cruzado” y “la bala perdida” los mass media y la USAID pretenden disfrazar la realidad: los más grandes desplazamientos poblacionales en Colombia han ocurrido provocados por masacres directamente efectuadas contra la población civil por la herramienta paramilitar y el ejército, mascares con motosierras y listas de personas a ejecutar en la plaza pública.











Hay casos tan flagrantes y planificados como la masacre de Mapiripán: en la que los paramilitares fueron llevados en aviones Antonov y DC3 de un departamento a otro, y trasladados en camiones del ejército, al sitio de la masacre (12). Allí estuvieron masacrando, violando, cortado cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la Masacre. Debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población. 60 personas fueron asesinadas en Mapiripán: sometidas a toda clase de torturas. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares” (Ibíd.).
Dicho por el propio General Uzcátegui: mientras los paramilitares descuartizaban a civiles en Mapiripán, el ejército les garantizaba la labor combatiendo a las FARC que intentaron romper el cerco militar bajo el cuál los paramilitares torturaban a los campesinos; pero el cerco era una operación con planchones sobre el río, retenes, y aviación. El ejército garantizó que la masacre durara y comprendiera las torturas más aberrantes:  no era “una bala perdida” era una operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en la zona de los llanos orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió : "Pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares también se desplazó hasta “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón” (Ibíd. )
3 Crímenes de Estado que configuran genocidio: masacres, desaparición forzada, violaciones
Esas masacres continúan en el 2011: la ONU denunció un incremento de 40% en las masacres en el último año (13). En cuanto a la desaparición forzada, la ONU reconoció, en mayo de 2011, la existencia de al menos 57.200 personas víctimas del crimen de desaparición forzada, aclarando que muy probablemente son muchas más las víctimas: el crimen de estado de la desaparición forzada tiene en Colombia dimensiones escalofriantes, las cifras de desaparecidos de la “democracia” colombiana superan incluso las cifras de las dictaduras del Cono Sur, las víctimas buscan a cientos de miles de desaparecidos (se estiman en 250.000) (14). Medicina Legal informó de 38.255 desapariciones forzadas ocurridas en el lapso de solo 3 años (Ibíd. ). La desaparición forzada, como la violación sexual, cumple la función de inyectar terror en las comunidades, siendo empleada sobretodo contra opositores políticos, sindicalistas, estudiantes, ambientalistas, sociólogos y todo aquel o aquella que alce un reivindicación social. También se extiende el crimen de desaparición forzada contra mujeres que son desaparecidas tras ser violadas y contra los campesinos víctimas de los asesinatos de civiles mal llamados “falsos positivos”. El CINEP publicó, en mayo 2011, un informe en el que señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Los mal llamados “falsos positivos” son asesinatos de civiles perpetrados por los militares para disfrazar los cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, y recibir prebendas y permisos por cadáver presentado (15).
[leer más]

No hay comentarios:

Ir arriba

ir arriba
Powered By Blogger