Brasil: Un juez impide que una represa expulse a 50.000 indígenas del Amazonas

La justicia de Brasil dio ayer una alegría a miles de brasileños indígenas del Amazonas, que durante tantos años han sido perseguidos y expulsados de sus tierras por los avances de la construcción
Un histórico falló de la justicia brasileña logró paralizar la construcción de una gran represa. Lo relevante de la resolución es que la obra ya había recibido todas las aprobaciones de los organismos estatales. De hecho había sido apoyada por el ex-presidente Lula da Silva.

La obra demanda inversión de más de 11.000 millones de dólares y planea inundar 500 kilómetros cuadrados de selva.

La represa, que sería la tercera mayor en el mundo, ha generado críticas de ecologistas, campesinos e indios, que temen la degradación de uno de los principales afluentes del Amazonas.
Un juez del Tribunal Federal del estado brasileño de Pará ordenó hoy la suspensión inmediata de la licencia que autorizaba el comienzo de las obras de la gigantesca central hidroeléctrica de Belo Monte en la selva amazónica.
La construcción de la represa, que será la tercera mayor del mundo con una capacidad máxima de 11.233 megavatios, ha generado numerosas críticas de ecologistas, campesinos e indios, que temen por la degradación del río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas.
El dictamen también prohíbe la transferencia de fondos a las constructoras por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el banco de fomento del gobierno brasileño, que aportará el 80 por ciento de los recursos, informó el Tribunal en un comunicado.
El juez Ronald Desterro argumentó que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió la licencia previa el pasado 26 de enero sin que se hubieran cumplido 29 condiciones y sin que las constructoras hubieran aportado información sobre otras 33 cuestiones a las que tendrían que haber respondido.
Entre las condiciones previas que no se habían atendido se encuentran las medidas para garantizar la navegabilidad de los ríos de la región, los programas de apoyo para las poblaciones indígenas afectadas y los planes para la recuperación de las zonas degradadas.
"En todas las etapas de la concesión de licencias el Gobierno está faltando el respeto a la Constitución y a las leyes ambientales, con la ayuda del Ibama, que se ha convertido en un órgano técnico que cede a las presiones políticas", denunció el fiscal Felicio Pontes, promotor de la demanda.
La Fiscalía denunció que no sólo se han incumplido las reglas para la concesión de la licencia ambiental, sino que se han manipulado los números presentados en el estudio del proyecto, que a su juicio es inviable.
La estatal Eletrobras, una de las constructoras que levantará el proyecto, calcula que deberá dejar pasar un volumen de agua de 4.000 metros cúbicos por segundo para evitar grandes daños al medio ambiente, la mitad de lo que el Ibama propone.
Pero según los peritos de la Fiscalía, el caudal del río Xingú no es suficiente para alcanzar el volumen mínimo de agua que necesitaría Belo Monte para producir energía y lograr ese excedente.
En los últimos 35 años el Xingú no llegó al mínimo exigible para generar energía en el 70 por ciento del tiempo y sólo superó ese límite en épocas de grandes crecidas, según estudios que maneja el Ministerio Público.
En el Xingú viven 372 especies de peces, que estarían amenazadas de extinción si se construye la hidroeléctrica, asegura el documento.
El proyecto de Belo Monte se remonta a 1979 y fue recuperado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que lo licitó en abril del año pasado.
Además de su posible amenaza al medio ambiente, exigirá inundar una área de 506 kilómetros cuadrados de selva y desplazar a cerca de 50.000 indios y campesinos.
OMAL