La Guardia civil detiene a tres abogados y siete personas más relacionadas con los presos.Diez ciudadanos vascos se encuentran desde ayer incomunicados en manos de la Guardia Civil. Fueron apresados, por orden del juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuz- koa. Las filtraciones les imputan delitos de «integración» o «colaboración» con ETA pero sus identidades arrojan otra realidad: los detenidos son ex presos políticos vascos, familiares de represaliados y abogados que les atienden. El movimiento pro-amnistía concluye ya que nos encontramos ante «un ataque a la defensa y la solidaridad hacia el Colectivo de Presos Políticos Vascos».
El operativo arrancó al mediodía y de forma simultánea en Bilbo y Hernani. En esta última localidad eran los abogados Jon Enparantza e Iker Sarriegi los arrestados por el instituto militar español. Ambos se encontraban trabajando en el despacho de abogados que comparten, cuando decenas de agentes de la Guardia Civil se personaban en el mismo.
El resto de letrados que trabajan en el bufete tuvieron que abandonar su lugar de trabajo, pero antes fueron obligados a permanecer contra la pared mientras que los agentes procedían a acceder a todas las oficinas de la sede sin presencia de la secretaria judicial ni del decano del Colegio de Abogados -testigo obligatorio para registrar el despacho de cualquier abogado-.
Una de las compañeras de trabajo de Enparantza y Sarriegi indicaba nada más abandonar la sede que los agentes de la Guardia Civili entraron en el despacho sin mediar palabra ni mostrar orden alguna, e insistió en que en un primer momento los seis abogados que se encontraban en el local fueron identificados y colocados contra la pared durante casi media hora, sin conocer siquiera el motivo de la irrupción policial.
Hasta que no se personó la secretaria judicial, media hora después, no supieron que la orden de arresto iba dirigida contra Enparantza y Sarriegi. En ese momento, los letrados donostiarras fueron separados de sus compañeros e incomunicados.
Fue la secretaria la que mostró la orden de entrada y de registro, que sólo daba acceso a los despachos de los dos abogados arrestados, así como a las zonas comunes del bufete. Pero, en declaraciones a GARA, el resto de abogados denunciaron que antes de eso los agentes accedieron a todos los cuartos grabando imágenes de los mismos, pese a las protestas de los letrados retenidos.
Los abogados hicieron constar esta denuncia en el informe de la secretaria judicial y tras ello tuvieron que abandonar la sede, ubicada en la calle Antzuola.
Entre cámaras de televisión, los familiares y amigos de los arrestados hicieron una larga guardia con el objeto de mostrar todo su apoyo y ánimo a Enparantza y Sarriegi. El registro del despacho finalizó a las 22.15 y la Ertzaintza cargó contra la gente congregada, hiriendo al menos a una persona.
Asimismo, desde el movimiento pro-amnistía informaban de que una borda de los padres de Enparantza también era registrada en Donostia.
Los medios se "anticipan" Los arrestos de la abogada Arantza Zulueta y la ex presa política vasca Naia Zuriarrain se produjeron en Bilbo. La Guardia Civil se presentó en el despacho de abogados de la calle Elkano, en el que trabajan ambas, pasadas las 12.00. Prácticamente a la misma hora las agencias de información daban cuenta de la detención de cuatro letrados en Hernani y la capital vizcaina, aunque no precisaban identidades. Algunos medios de comunicación llegaron incluso antes que los agentes del instituto armado al lugar, dejando en evidencia el carácter mediático y propagandístico de la operación. En octubre del año pasado ocurrió algo similar con Joseba Agudo, al que vincularon con la operación y cuya detención y registro del despacho fue anunciada por los medios antes de que se realizara.
Al igual que ocurriera en Hernani, los agentes no presentaron ninguna orden y obligaron al resto de letrados a abandonar el despacho, dando comienzo a un registro que se prolongó durante horas. La calle permaneció cortada con un inusitado despliegue policial en el que participaron ocho patrols de la Guardia Civil. La presencia de cámaras de televisión y fotógrafos también era notoria. La vivienda de Zulueta en Lemoiz y el domicilio familiar de Zuriarrain en Deustua fueron también inspeccionadas al mismo tiempo.
En Gernika se detuvo, pasadas las 12.30, a José Luis Gallastegi, responsable nacional de la sección de Pesca de LAB y ex preso político vasco. Guardias civiles de paisano entraron en la sede del sindicato abertzale y se lo llevaron sin mostrar la orden de detención. Se limitaron a decirles que estaba acusado de «colaboración» con ETA.
Carga de la ErtzaintzaYa por la tarde era la vivienda de Gallastegi, en Lekeitio, la registrada por el instituto militar. Como ocurriera en la mayoría de los registros, los guardias civiles contaron con la estrecha colaboración de la Ertzaintza, que en Lekeitio, según indicaron a este diario, no dudó en cargar contra los que protestaban ante la vivienda de Gallastegi.
La detención de Erramun Landa fue difundida también sobre el mediodía. Al parecer había sido arrestado en Bilbo, aunque no especificaron dónde.
El séptimo arresto se llevó a cabo poco antes de las 13.00. Saioa Agirre fue detenida en la escuela Zipiriñe de Sopela. La vecina de Zornotza estaba impartiendo clase a niños cuando agentes de la Guardia Civil se presentaron en el centro y aseguraron a la dirección de la escuela que querían hablar con la joven «por un tema personal». Ante la insistencia de los efectivos del cuerpo militar de ver a Agirre cuanto antes, y pese a que quedaban diez o quince minutos para finalizar la clase, la directora y otros trabajadores acudieron al aula de niños y niñas de tres años donde estaba la joven. Al comunicarle que los guardias civiles no tenían orden de detención, Agirre se negó a salir. Fue entonces cuando los militares dijeron que sí tenían el requerimiento judicial, y tras mantener su negativa a explicar las razones insistieron en reclamar la presencia de la joven, que finalmente salió de la clase.
Saioa Agirre, compañera de un preso político vasco, fue retenida en Aulesti y trasladada por la Guardia Civil a un monte a finales del pasado año. Fue sometida a interrogatorio y en una entrevista denunció que le dijeron que «algún día iba a tener un susto».
La Guardia Civil la trasladó después hasta Zornotza, donde registraron su vivienda, así como la de sus padres.
El arresto de Juan Mari Jauregi tuvo lugar sobre las 13.40. Agentes del instituto militar se personaron en su vivienda, ubicada en el barrio donostiarra de Egia, y en la que se encontraba solo. El registro se dilató hasta pasadas las 18.30, y además del domicilio registraron el trastero contiguo, en el que los vecinos guardan sus bicicletas. Testigos del registro indicaron que fueron cerca de 300 los vecinos que se congregaron en los alrededores del domicilio para arropar a Jauregi.
En la capital guipuzcoana también fue arrestado Asier Etxabe, sin que especificaran más detalles sobre su arresto.
La última detención tuvo lugar en Usurbil. El ex preso Joxe Domingo Aizpurua fue apresado en su domicilio, ubicado en Zubieta, y tras el registro de esta vivienda lo trasladaron a la casa familiar, donde ahora reside su hermana. Allegados de Aizpurua denunciaron la actitud «prepotente» de la Guardia Civil por golpear a dos sobrinos del arrestado, además de llevarse hasta el dinero que la hermana de Aizpurua tenía en su mesilla de noche
Colegio de AbogadosLas fuentes «antiterroristas» insisten en que la operación está vinculada con unos supuestos documentos incautados en el arresto de Javier López Peña, el 20 de mayo de 2008. Cabe destacar que Zuriarrain recobró su libertad tan sólo un mes antes, cuando fue expulsada del Estado francés tras cumplir una condena de seis años. José Domingo Aizpurua, por su parte, estaba entonces en la cárcel, ya que no recuperó su libertad hasta el pasado mes de diciembre, tras cumplir una condena también de seis años.
La abogada Ainhoa Baglietto compareció por la tarde ante su despacho, que estaba siendo registrado. No quiso entrar a valorar «filtraciones periodísticas interesadas», pero sí mostro su preocupación ante el trato que puedan padecer sus compañeros en manos de los agentes de la Guardia Civil.
Informó de que están realizando gestiones con el Colegio de Abogados para que se haga eco de esta preocupación y para que esta institución haga suya la denuncia y exija el fin de la incomunicación.
Rueda de prensaA las 17.30 de esta tarde el frontón del barrio donostiarra del Antiguo acogerá una masiva rueda de prensa para denunciar este operativo. Estarán familiares de los arrestados, así como abogados.
InteriorEl secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, otorgó «máxima importancia» a la operación y apuntó que los arrestados se les considera «presuntos integrantes de ETA». Hoy comparecerá el ministro Pérez Rubalcaba.
ErtzaintzaAdemás de arropar a la Guardia civil en la mayoría de los registros, la Ertzaintza arrestó durante la tarde de ayer a dos jóvenes en Bilbo y Lekeitio. Al primero lo acusan de realizar pintadas y al segundo de «lanzar piedras contra la Guardia Civil».
PalizaEl joven arrestado en el barrio bilbaino de Santutxu se encontraba pegando carteles cuando varios agentes de paisano se abalanzaron sobre él y le golpearon hasta con porras extensibles antes de llevárselo detenido.
MovilizacionesEn protesta por la operación policial se concentraron 18 personas en Atarrabia, 42 en Bakio, 25 en Hendaia, 20 en Irun y 150 en el Casco Viejo de Bilbo, donde tres furgonetas de la Policía autonómica hicieron acto de presencia.
RegistrosLos despachos de abogados ubicados en Hernani y Bilbo, en los que se produjeron las detenciones de Iker Sarriegi, Jon Enparantza y Arantza Zulueta, fueron registrados por los agentes de la Guardia Civil durante más de diez horas.
Denuncian que el objetivo de las detenciones son la «solidaridad y defensa» de los presosLa operación policial llevada a cabo ayer por orden del juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska tendría como objetivo arremeter contra la «solidaridad» y la «defensa» de los derechos de los presos políticos vascos, en opinión del movimiento pro-amnistía.
En una nota enviada a los medios después de confirmarse las identidades de los detenidos, resaltaron que entre las diez personas arrestadas se encuentran varios ex presos políticos vascos, abogados que ejercen sus defensas y familiares de los prisioneros.
El movimiento pro-amnistía también mostró su solidaridad con los arrestados y su preocupación sobre el trato que puedan recibir en comisaría. Según recordó, en las últimas operaciones policiales ordenadas por Grande-Marlaska y llevadas a cabo por la Guardia Civil los testimonios de tortura han sido «graves».
Desde el organismo antirrepresivo relacionaron la operación policial con la situación política y censuraron que, mientras en Euskal Herria se están dando «pasos» para iniciar un «proceso democrático», el Gobierno español responde con la «represión». En su opinión, «está claro que el Estado ha leído bien los movimientos políticos que se están dando en Euskal Herria. Pretenden evitar una solución política y por eso utilizan la represión política». En este sentido, subrayaron que «la calle es el lugar para responder a la represión».
La izquierda abertzale de Donostia también aludió al contexto político actual en el comunicado que remitió a los medios y denunció que el Estado español ha vuelto a «atacar» mediante las detenciones de diez ciudadanos vascos la «voluntad» mostrada por la izquierda abertzale de impulsar un «proceso democrático».
Según señalaron, es necesario articular un «muro popular amplio y plural» para hacer frente a las vulneraciones de derechos que realiza el Estado. Citaron como ejemplo lo ocurrido con la absolución de los cinco directivos de «Euskaldunon Egunkaria» ya que, a su juicio, constata que es posible responder a los «ataques» mediante la presión popular y generar un «coste político».
LAB censuró también la operación policial y recordó que dos de los arrestados han sido delegados del sindicato abertzale. Se trata de Juan Mari Jauregi, delegado sindical durante años y en la actualidad miembro del área de pensionistas, y José Luis Gallastegi, responsable nacional de pesca. LAB afirmó que el objetivo de la operación policial es acabar con el «apoyo» y el «trabajo» en favor de los presos. «Nos encontramos ante un nuevo ataque contra Euskal Herria y los ciudadanos vascos; una vez más quieren acallar las reivindicaciones a favor de una solución democrática con la criminalización».
Asimismo, criticó el hecho de que Gallastegi fuera detenido en la sede del sindicato en Gernika sin presentar ninguna orden y mostró su preocupación por el trato que puedan recibir los detenidos durante el periodo de incomunicación.
Por su parte, Aralar se limitó a pedir en una breve nota que se respete la presunción de inocencia de los detenidos y reivindicó la necesidad de alcanzar la paz para «finalizar con el sufrimiento».
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