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jueves, 26 de agosto de 2010

Los movimientos de base siguen mandando -Raúl Zibechi

IV Foro Social Américas
Lejos de las unanimidades del período en que gobernaban las derechas en los principales países de Sudamérica, los movimientos sociales conseguen unirse en la defensa de los bienes comunes y en la crítica al extractivismo, pero se separan cuando llega el momento de evaludar a los gobiernos progresistas y de izquierda.

“Salimos de Colombia hace once meses y hacemos unos mil kilómetros por mes a través de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay. Somos del grupo Cicloexpedición y queremos entender lo que sucede en nuestro continente. Nos vamos cuestionando a cada momento qué vamos a hacer al regresar allá. Ya no somos los mismos”, asegura Juan José Correa, un colombiano de 35 años que vive en Chocó, en la costa del Pacífico.

Unas 15 mil personas se congregaron en el IV Foro Social Américas celebrado entre el 11 y el 15 de agosto en Asunción, en un amplio complejo deportivo a casi diez kilómetros del centro. Los ejes principales fueron: los alcances y desafíos de los procesos de cambio, la militarización y dominación imperial, la soberanía alimentaria como núcleo de nuevos equilibrios de vida y la plurinacionalidad. La delegación más numerosa fue la boliviana, destacó la fuerte presencia del guaraní, lengua oficial del Paraguay, y la financiación de la represa de Itaipú que donó 100 mil dólares al Foro.

La Declaración final destacó que “la derecha en el continente se está rearticulando aceleradamente para frenar cualquier proceso de cambios” y llamó a defender “los bienes naturales frente al capitalismo devorador”. En su parte final señala que “los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el ybymarane’y (tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir)”.

Haití siete meses después

La tremenda realidad del pueblo haitiano ocupó una parte considerable de los debates. El economista Camille Chalmers, profesor de la Universidad de Haití y promotor de una red de movimientos sociales, denunció la hipocresía de la comunidad internacional. “Sufrimos 300 mil muertos, 3 millones de damnificados, 1,6 millones perdieron sus casas y 75 mil mujeres teniendo sus hijos en la calle mientras ingresamos en la temporada de huracanes. La ayuda internacional no está llegando a la gente porque está siendo utilizada por gobiernos y grandes agencias internacionales como forma de dominación, centrada en fortalecer sus burocracias”.

Dijo que los campos de refugiados se están convirtiendo en campamentos permanentes. “El 31 de marzo en la conferencia en Naciones Unidas sobre Haití se prometieron 9.000 millones de dólares de ayuda de la que llegó menos del 2 por ciento”, protesta Chalmers. Los únicos países que han hecho desembolsos son Brasil, Estonia, Noruega y Australia.

La Comisión Interina de Reconstrucción de Haití (CIRH) creada en esa conferencia ni siquiera está funcionando ya que ha realizado sólo una reunión y los dos proyectos que priorizaron fueron el de instalación, que costó 10 millones de dólares, y un proyecto de relaciones públicas con una empresa estadounidense dirigida por un antiguo consejero político de Bill Clinton, a la que le pagan 80 mil dólares mensuales para construir una imagen de la CIRH.

“Haití sufrió durante siglos la violencia de la deuda luego del contrato firmado en 1825 por el cual nos forzaron a pagar 150 millones de francos oro a Francia para indemnizar a los antiguos propietarios de esclavos y haciendas. El saldo de esa deuda fue comprado por bancos estadounidenses a principios del siglo pasado en el contexto de la expulsión de las potencias europeas de la cuenca del Caribe. Esa deuda fue muy importante para reinsertar de modo forzado a nuestro país en la economía mundial y para neutralizar el contenido de la revolución haitiana”.

En la segunda mitad del siglo XIX la deuda implicaba el 70 por ciento de los ingresos del Estado. Pese a las declaraciones de la comunidad internacional, Haití sigue pagando una deuda que representa ahora el doble del presupuesto público, cuando en el terremoto perdió el equivalente al 120 por ciento del Producto Interno Bruto.

“La presencia actual de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) creada en 2004 la consideramos una presencia imperialista bajo cobertura de Naciones Unidas que gasta 700 millones de dólares al año y no tuvo la colaboración con el pueblo ante las consecuencias de terremoto. Por el contrario, la misión integrada sobre todo por países latinoamericanos se dedica a reprimir las movilizaciones de los trabajadores y estudiantes haitianos”, explica Chalmers.

La crisis provocada por la destrucción de los aparatos productivo y estatal sólo podría resolverse con la movilización del pueblo haitiano y con brigadas de solidaridad. “La actitud de la comunidad internacional contrasta con el papel que juega Cuba que tiene 1.300 médicos en Haití. A raíz del segundo golpe de Estado contra Aristide en 2004, el gobierno haitiano cortó los subsidios a los médicos cubanos durante un año pero esos médicos fueron mantenidos, albergados y alimentados por las poblaciones campesinas lo que muestra una solidaridad maravillosa. Para otros, Haití es un banco de pruebas de la re-militarización del continente”, concluye el análisis de Chalmers.

Indígenas y campesinos

“Queremos que los recursos naturales sean administrados por las comunidades y los pueblos indígenas y no por los municipios, por eso buscamos una nueva distribución del poder que es la autodeterminación”, desgrana Diego Faldón sus razones con inamovible serenidad. El pueblo chiquitano, al que pertenece, acaba de realizar una marcha de 35 días en demanda de autonomía junto a otros pueblos de tierras bajas. Por eso el dirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz remata: “Aunque esté el hermano Evo en el gobierno tenemos que seguir peleando, porque no obedecemos al gobierno sino a nuestras bases”.

“Vinimos al Foro para difundir lo que hacemos más que para vender”, dice la campesina Gladys Gómez de la Asociación de Mujeres Norteñas. “El segundo objetivo es avanzar en comercializar nuestros productos con otros movimientos similares al nuestro para eludir las trampas del mercado controlado por el gran comercio, lo que conseguimos en los encuentros departamentales y en algunos espacios muy puntuales”, añade.

La asociación está integrada por 230 mujeres campesinas en el distrito de Horqueta, 430 kilómetros al norte de Asunción, en el departamento de Concepción. Los catorce comités que integran la asociación se especializan en diversas producciones: remedios y pomadas naturales para úlceras, hemorroides y quemaduras, jabones naturales, artículos de limpieza, confitería, frutas y verduras agroecológicas que comercializan en las ferias locales. Un aparato de destilación propiedad de la asociación sirve de base a todos los comités para la elaboración de sus productos. Además tienen una chacra y una huerta comunitarias, cría asociativa de vacas y gallinas.

“Hace apenas diez años llegó el asfalto a Concepción”, dice Gladys. Horqueta es la segunda ciudad del departamento, con unos 60 mil habitantes, que producen maíz, mandioca, porotos y algodón. Junto al vecino San Pedro, son dos departamentos de expansión sojera y, por lo tanto, de fuerte emigración campesina. Es que en Paraguay los monocultivos se expanden aniquilando las economías campesinas. Por las buenas, forzándolas a emigrar a las periferias de las ciudades, o por las malas ya que ambos departamentos están controlados por los llamados “narco-ganaderos”, que combinan el ganado con los plantíos de marihuana.

Históricamente fueron los dos departamentos más destacados en la lucha campesina, en dictadura y en democracia. Ahora fueron incluidos por el gobierno de Lugo entre los cinco donde se implantó el estado de excepción. “Concepción es el departamento con más campesinos del país y el 50 por ciento de la producción es autoconsumo”, asegura Gladys. “Creemos que la militarización es la forma de facilitar el ingreso de la soja de la mano del agronegocio”. Isidoro Bazán, veterano dirigente de la Organización Campesina del Norte, va más lejos y asegura que desde los atentados del 11 de setiembre “los campesinos nos hemos vuelto sospechosos”.

Su argumento surge de la experiencia cotidiana: “Los que resistimos y luchamos contra el agronegocio somos acusados de terrorismo, nos espera la cárcel o las medidas sustitutivas. En Horqueta hay más de cien campesinos que tienen que ir a firmar todos los meses a la comisaría”. El auditorio, poblado por decenas de jóvenes de varios países de la región, no da crédito a lo que escucha. “Si esto es el progresismo, cómo habrá sido la dictadura”, exclama un joven colombiano.

“Lo que tenemos en común”, vuelve Gladys, “es el deseo de seguir viviendo en las comunidades, seguimos aferradas a la tierra porque no queremos irnos a las ciudades, pero para resistir necesitamos superar la invasión de sojeros. Para eso nos organizamos, hacemos capacitación en equidad de género, salud sexual y reproductiva, no violencia y derechos humanos. Las chacras comunitarias nos sirven para fortalecer el tejido colectivo y eso fortalece la resistencia”.

Niños y niñas que trabajan

“Cuando aportamos algo en la casa los padres nos tienen en cuenta, nos preguntan”, asegura Gladys González mientras no para de saltar y gritar en la marcha de apertura del Foro. Tiene apenas 16 y empezó su vida laboral hace nueve vendiendo choclo en la terminal de autobuses de Asunción. Hace tiempo se decidió a integrarse en la Coordinadora Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores (conats).

La organización nació en 1999 a partir de Calle Escuela, una ong decidida a convertir a niños y niñas en sujeto de sus vidas. Los que participan en conats presentan biografías casi idénticas: comenzaron a vender en el mercado, la Terminal de autobuses o fueron lustrabotas, sufrieron como mínimo “abusos verbales” y se retrasaron en la escuela, tienen más de seis o siete hermanos y viven en barrios muy pobres, en general en asentamientos ocupados por familias expulsadas del campo por el avance incontenible de la soja.

Graciela García, de 14, vive con su madre y siete hermanos. No recuerda cuándo empezó a vender en el Abasto pero es seguro que “cuando estaba en la panza de mi mamá ya me iba al mercado”. Se levanta a las dos de la madrugada todos los días para llegar al mercado sobre las 4; trabaja vendiendo frutas y verduras y va a la escuela de tarde, “con mucho sueño y muy cansada”.

Francisco Estigarribia, que ya tiene 18, cuenta una historia increíble. “Soy el quinto entre nueve hermanas y hermanos, vivimos en San Antonio, una ciudad muy cerca de Asunción. Todas mis hermanas y hermanos trabajamos. Vivo con padres, pero desde el año pasado sólo los fines de semana porque estoy en la facultad en la noche y no tengo medios para llegar hasta casa cuando salgo a las 10 de la noche”. Francisco empezó a vender empanadas que cocinaba su madre en el barrio, luego vendió frutas y verduras y empezó a trabajar en el mercado. “Nos íbamos a la terminal de ómnibus para vender, trabajaba con ella hasta el medio día y después me iba a la escuela”.

A los diez años ingresó a la Organización de Lustrabotas de la Terminal de Ómnibus de Asunción y a los 12 fue elegido representante. “Éramos 50 lustrabotas y yo trabajaba de 12 de la mañana a las 6 de la tarde. Cuando terminaba seguía con mi mamá en su local de venta de comestibles, hasta las 12 de la noche, nos íbamos juntos a casa y al día siguiente tenía que estar a las 7 de la mañana de nuevo en el colegio”. Hoy trabaja en la Secretaría de la Niñez y estudia en la universidad junto a varios compañeros que pasaron por CONATs.

Las madres también se han organizado, como suele suceder en estos casos, detrás de sus hijos. Lourdes Torres, madre de un chico trabajador apunta: “Aprendí que mis hijos tienen derecho a opinar y a ser escuchados”. Se ocupan de mantener las ollas colectivas en sus asentamientos, de sostener la organización territorial siempre precaria de sus hijas e hijos.

Gladys no quiere eludir el tema más conflictivo, el enfrentamiento con quienes se apoyan en el artículo 32 de la Convención de Naciones Unidas para rechazar el trabajo infantil. “Lo que hay que erradicar es la pobreza. Si no trabajamos no comemos, el trabajo nos ayuda a formarnos como personas y, en todo caso, se trata de que nuestros padres tengan un trabajo con un salario digno para que no tengamos que recoger la basura para comer”.

En los margenes de la ciudad

Hace pocos meses el senador liberal Luis Jaeggli propuso una ley para quitar de las calles a los cuidadores de autos y limpiavidrios, lo que levantó una fuerte oposición tanto de las organizaciones de niños y niñas trabajadores como de buena parte del movimiento social. Al defender su propuesta, Jaeggli mostró su verdadero pensamiento, que consiste en la defensa del golpismo: “Lo que pasó en Honduras, para mí es totalmente legal”.

La actitud de los políticos de la derecha contrasta con el apoyo que la ONG Calle Escuela ofrece a los niños que trabajan. Durante el Foro Social se cumplió el primer año de las clases de capoeira en la Terminal de Ómnibus de Asunción, donde decenas de chicos participaron de clases de una especialidad afrobrasileña que mezcla el arte marcial, la música y la destreza física.

Bajo una pequeña carpa en el centro del Foro Social, los miembros de la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) estrenan un video donde explican que miles de familias viven en el Bañado Norte, una porción de tierra ganada al río Paraguay por campesinos llegados a la capital hace cinco décadas. En 2004 la CODECO se separó de la organización madre, COBAÑADOS, para eludir el clientelismo del Partido Colorado y plantarle cara a la pobreza en base a la solidaridad y la minga, el trabajo colectivo solidario gracias al que sobreviven los pobres de todo el continente.

Al calor de la especulación neoliberal, en 1994 la municipalidad legisló que el Bañado es una zona verde y tiene valor de reserva natural. Con esa ordenanza se puede desalojar a la población de una zona que ocupa desde décadas. “En 2004 intentaron quitar la tierra a quienes vivimos allí pero la movilización puso un freno al proyecto de Franja Costera financiado por el Banco Mundial”, asegura María. Con poco más de 35 años, es la secretaria de actas de CODECO, mantiene un emprendimiento familiar con 40 cerdos que se alimentan en base al trueque con los recolectores. “Ellos nos traen la comida que rejuntan en la calle y yo les retribuyo con cerdos en las fiestas y el 1º de mayo”.

El 10 de diciembre hicieron una gran marcha hasta el centro de la ciudad denunciando los renovados intentos de desalojo, en la que jugó un papel destacado la Asociación de Carreros, Carritos de Mano, Recicladores y Recicladoras del Bañado San Miguel, que sobreviven recogiendo y clasificando la basura de la ciudad. Como casi todos los campesinos, los vecinos de los Bañados tienen animales, gallinas, cerdos y sobre todo caballos, un preciado instrumento de trabajo que les permite aumentar la carga de sus carritos. Patricio Pintos hace las veces de veterinario, ya que aprendió a dar inyecciones como funcionario de salud pública.

María se detiene a explicar cómo funcionan los diferentes comités que integra CODECO. Asegura que los portavoces cumplen un papel especial en sus comunidades, ya que “devuelven la calma a su gente con palabras suaves”. Imposible olvidar la formación cristiana de esta camada de activistas.

Carmen Castillo, una mujer de piel oscura que es la principal referente de la organización, añade que “tenemos una organización horizontal, donde todos somos parte de las decisiones”. Ante las inevitables bromas enfatiza que no es dirigente y lo grafica con una frase que cada vez se escucha más y más, entre los de abajo de este continente: “Yo no mando, a mi me mandan”.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es)

miércoles, 21 de abril de 2010

Los sin techo de Bahía: La utopía del "buen vivir"- Raúl Zibechi

Millones se brasileños tienen graves problemas de vivienda. El Movimiento Sin Techo busca organizarlos, ocupa predios abandonados y terrenos de la periferia para presionar al gobierno. Cuando cosiguen asentarse, aún de forma trasitoria, intentan transforar las relaciones sociales en base a sus sueños de un mundo diferente.

En un claro del Quilombo de Escada, uno de los tres campamentos que recorrimos en una soleada y húmeda tarde de Salvador, Pedro Cardoso reparte cervezas mientras explica la historia de cada ocupación. Las palabras resbalan lánguidas, como para abrirse paso entre un calor pegajoso en un ambiente de casitas de madera, cartón, chapa y plástico, una mezcla que delata que los pobladores se instalaron de modo precario hasta conseguir la vivienda definitiva.

De origen bantú, el quilombo era el espacio donde se refugiaban los esclavos que huían de las plantaciones. Casi todos eran negros aunque había indios y hasta algunos blancos, quizá porque los quilombos eran espacios de libertad y resistencia a la opresión. El más célebre, el Quilombo de Palmares, sobrevivió durante más de un siglo (1600-1710) y se convirtió en emblema de la resistencia afrobrasileña que hoy reivindican los movimientos sociales1.

Los campamentos del Movimiento Sin Techo de Bahía (MSTB) se encuentran casi todos en la periferia de Salvador, 17 en total, y cinco de ellos en otros municipios del estado. Son casi cinco mil familias, incluyendo las 1.500 que ya consiguieron vivienda definitiva. Para llegar a Cidade de Plástico, el más emblemático de los asentamientos con 228 familias acampadas, hay que recorrer casi 20 kilómetros desde el Pelourinho, el centro histórico donde se amontonan turistas de todo el mundo.

Seis décadas y siete años

En la década de 1940 Salvador creció de forma explosiva cuando empezó a crecer como polo petroquímico. Tenía apenas 290 mil habitantes en un estado agroexportador que se industrializó hacia la década de 1950, llevando la población a 420 mil. Treinta años después, en 1980, Salvador se había multiplicado por cuatro, llegando a 1,5 millones. En 2010 ya son tres millones. No es raro, entonces, que fuera en la década de los cuarenta cuando se produjeron las primeras ocupaciones. "En los 80 hubo más de 500 ocupaciones", asegura Pedro2.

Semejante movimiento demográfico se traduce en una trama urbana esquizofrénica. La costa oceánica, larguísimas playas contorneadas por palmeras y una ristra interminable de edificios, recibe turistas de todo el mundo y a las clases medias y altas de Salvador. En ese hermoso litoral reside la elite blanca, apenas el 15% de la población, segregada de los descendientes de los esclavos. Según datos oficiales, el 55% son negros y el 26% mestizos. Cuando salimos del centro por la avenida Suburbana, el rostro de la ciudad se vuelve afro y aparece un mundo de favelas y precariedad. La riqueza y la pobreza, como en tantas partes del mundo, son inseparables del color de la piel.

"Aquellas ocupaciones de los 80 se convirtieron en los barrios regulares de hoy, o sea en las favelas de la periferia. Eran espontáneas y no estaban coordinadas aunque surgió un movimiento de defensa de los favelados que duró poco tiempo", dice Pedro. Según las diversas versiones, el déficit de vivienda se estimaba en la década de 1990 en 200 mil, aunque Pedro estima que hoy "sólo" faltan 80 mil viviendas. El MSTB nació oficialmente el 20 de julio de 2003, a raíz de la primera ocupación organizada en un camino hacia el aeropuerto a 12 kilómetros del centro.

En ese momento se produjo una oleada de ocupaciones urbanas y rurales en todo el país. En Salvador, considerada la capital del desempleo, la elección de Lula "favorece el nacimiento de movimientos sociales, pues se creía que habría menor represión policial".3 El predio había sido ocupado el 2 de julio en una acción "impulsada por madres y mujeres" que en pocos días sumó 700 personas. Luego de ser desalojadas por la policía permanecieron en vigilia en la zona y realizaron numerosas asambleas en las que nació el movimiento.

En los meses siguientes se les sumaron varios miles de familias, personas que viven bajo los puentes, que duermen en las playas, que viven de favor con otros familiares o que pagan alquileres demasiado elevados. Algunas familias que ocupaban inmuebles vacíos en el centro se fueron incorporando para presionar al gobierno municipal y al estatal. Desde el principio contaron con el apoyo de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Salvador y del Centro de Estudios y Acción Social impulsado por los jesuitas.

Durante las primeras semanas, las más difíciles para conseguir la consolidación de la ocupación, realizan marchas hasta la prefectura para demandar la expropiación del terreno, exigir agua y otros servicios. Uno de los pasos más importantes consiste en formar comunidad: hacer conciencia de que forman un colectivo, establecer reglas de conducta, tomar decisiones en asambleas, que serán la clave para que el campamento consiga superar las dificultades. Eso no es sencillo, ya que supone crear nuevas relaciones y pautas culturales entre personas acostumbradas a decidir de modo individual.

En enero de 2005, cuando ya habían realizado unas 50 ocupaciones, convocaron el primer Congreso. Se dotaron de reglas internas que, entre otras cosas, prohíben la venta de terrenos, la violencia doméstica y el tráfico de drogas, y de una estructura organizativa. Entre sus principios, destaca que se consideran herederos de las tradiciones de la resistencia negra del Nordeste brasileño, se referencian en líderes como Zumbí de Palmares y Zeferina4, en los quilombos y también en la "Guerra de Canudos"5.

La estructura organizativa incluye la coordinación estatal, las coordinaciones municipales y locales, las asambleas y las brigadas. Ana, que trabaja con las mujeres del movimiento, destaca los sin techo de Bahía no nacieron a instancias de los Sin Tierra, como los otros movimientos urbanos, y que se inspiran en la horizontalidad; por lo tanto, "las coordinaciones son abiertas y los miembros rotan con mucha frecuencia"6. Las brigadas son grupos de familias que se encargan de la limpieza y la salud en las ocupaciones así como de convocar y coordinar las asambleas, y son rotativas por semanas. "Es muy difícil hacer que funcionen", confiesa Pedro.

Las bases se agrupan en tres grandes sectores: núcleos, ocupaciones y comunidades7. Los núcleos son grupos que se encargan de debatir, registrar a los sin techo de la zona, buscar predios o terrenos vacíos y organizar a las familias para ocuparlos, además de realizar marchas y otras acciones de calle. En Salvador el movimiento cuenta con media docena de núcleos que han registrado alrededor de 36 mil sin techo, lo que permite asegurar que el movimiento seguirá creciendo.

Las ocupaciones pueden ser de terrenos donde se acampa en "barracos" (construcciones precarias de plástico y madera) o de predios deshabitados. Mantienen ocupadas dos fábricas cerradas, además de edificios estatales en desuso, un club deportivo y varios edificios privados y municipales. En esos predios viven algunas decenas familias, pero en las ocupaciones de terrenos se juntan centenares desbordando los espacios. Finalmente, las comunidades son las conquistas efectivas de viviendas que dan lugar a nuevos barrios, como Valeria, donde se construyeron 150 casas con apoyo estatal y ayuda mutua.

"Construir comunidades del buen vivir, ése es nuestro objetivo", dice Pedro, sin saber que los aymaras y quechuas se inspiran en el mismo principio, aunque le llaman sumak kawsay o suma qamaña (buena vida o buen vivir). En sus deseos convergen dos inspiraciones al parecer complementarias: la tradición de resistencia negra y la teología de la liberación. Pedro comenzó a participar en la resistencia a la dictadura hacia 1979 en comunidades eclesiales de base, que se reunían frente al quilombo, en la gran zona favelada de Periperi donde vive hace tantos años. Ahora es uno de los coordinadores del movimiento.

Organización frágil, tráfico fuerte

Alrededor del 70% de los integrantes del MSTB son mujeres, "el sector más dinámico del movimiento" dice Ana, la mayor parte madres solteras. Casi todos son desempleados, recolectores de residuos sólidos, vendedores de diarios, limpiadoras y toda la gama de oficios que caracteriza la informalidad urbana. Según Pedro, el ingreso medio de los sin techo del movimiento son 300 reales por mes por familia (algo más de 150 dólares) y apenas un 10% reciben Bolsa Familia. "Bolsa Migaja" le dice Ana, porque apenas reciben 68 reales aquellas familias con un ingreso menor de 70 reales por persona, algo que no alcanza siquiera para dos pasajes de autobús diarios8.

"Cada cincuenta familias", explica Pedro, "se forma una brigada de diez personas que es la encargada de administrar el campamento durante una semana, se encarga de la asegurar la higiene y la limpieza, de coordinar las asambleas y de resolver los conflictos menores. Para las tareas colectivas se hacen mutiroes (trabajo comunitario), pero en realidad no hemos conseguido que se formen brigadas en todos los campamentos". La idea de las brigadas la copiaron de los Sin Tierra, el que inspira a todos los movimientos de base de Brasil y a una parte considerable de los de América Latina. Pero el trabajo urbano es mucho más complejo que el rural.

Unos kilómetros más y llegamos a un morro llamado Monte Sagrado, en cuya cima funciona el Quilombo do Paraíso. Parece otro mundo. A diferencia de Cidade de Plástico, donde los "barracos" están amontonadas uno sobre otros junto a la bahía contaminada, aquí el campamento se alza sobre una hermosa vista que domina toda la bahía, las casas tienen mucho terreno y están separadas por diez y hasta veinte metros. El único punto en común es la infaltable cancha de fútbol que ocupa el centro del quilombo, territorio excluyente de los varones jóvenes.

Pedro explica las razones por las cuales aquí se están construyendo casi todas las viviendas con ladrillos, aunque el campamento es más reciente. "En los asentamientos más viejos no construyen esperando soluciones del gobierno, pero aquí una asamblea decidió construir porque están resabiados con las promesas incumplidas y no están dispuestos a esperar. Aquí hay buen terreno, aunque está más lejos del centro, y la gente sabe que el Estado hace casas de 32 metros cuadrados y ellos las van haciendo a su modo, de a poco pero con más espacios".

Como en todos los campamentos, el agua y la luz se obtienen por conexiones ilegales pero toleradas por las empresas. En algún momento preguntamos por el tráfico de drogas. Pedro y Ana son francos y directos. "En todos los campamentos hay tráfico. En los predios es más difícil porque son espacios cerrados. Pero cuando la ocupación es abierta, como en los campamentos, el tráfico es una realidad". Como tantos otros brasileños que trabajan en favelas y en barrios pobres, estiman que el principal problema, no obstante, es la Policía Militar, un cuerpo por demás corrupto y cruel.

Aseguran que el tráfico es un problema para el movimiento, porque fomenta la violencia, la presencia policial y desarticula las redes sociales. "El método que usamos", dice Pedro, "consiste en hacer un pacto de convivencia. Les decimos que si trafican ponen a todos en riesgo porque la policía va a entrar al campamento. Pero ellos suelen tener relaciones muy fluidas con la policía. El pacto es que no hagan nada que pueda criminalizar al campamento, pero tenemos que hacerlo con cuidado porque ellos no dudan en eliminarte, hay que tratar de evitar situaciones de violencia. Hasta ahora no mataron a ningún líder como en otras ciudades".

Ana explica que el tráfico fomenta el machismo y la violencia contra las mujeres, y recuerda el caso de una compañera, líder de un campamento, que tuvo que irse a Sao Paulo porque les hizo frente y casi la matan. Sin embargo, la relación de los traficantes con la comunidad es extraña. "Con ellos se cortan los robos porque no quieren que venga la policía ni que haya problemas que perjudiquen el tráfico y la comunidad sufre menos robos ahora que antes", concluye Pedro casi exhausto.

Las guerreras sin techo

"Los hombres me asediaban hasta que supieron que soy la compañera de Pedro", escupe el rostro endurecido de Ana, incapaz de disimular el fastidio. Para la mujer negra y pobre, todas las opresiones se vuelven una. Ingresa al tema de género por una de las puertas más duras: la violencia de los traficantes contra las mujeres, para quienes son apenas objetos sexuales, y muy en particular contra las dirigentes que los enfrentan.

Construir organización y conciencia de género es casi una proeza en estas condiciones, en territorios donde no se aventuran ni los funcionarios estatales (menos aún diputados y concejales) ni los miembros de las ONGs que piden fondos, y salarios, para ayudar a los pobres. Ellas están solas para enfrentarse a los hombres armados, sean de la Policía Militar o del crimen organizado, diferencia que las más de las veces se reduce al uniforme.

Una de las mayores conquistas del movimiento es haber creado una organización de mujeres, las Guerreras Sin Techo, el 8 de marzo de 2005. Lo hicieron "para denunciar y combatir el racismo y el machismo existente dentro del MSTB y en la sociedad", porque descubrieron con dolor que en el movimiento sucedía lo mismo que fuera. Aunque las mujeres son el 70% de la organización, pero en la coordinación estatal había apenas un puñado. Hoy, con orgullo, dicen que en los niveles de dirección el 60% son mujeres.

En un documento público señalan: "Sufrimos con la violencia doméstico-familiar, con la muerte de nuestros hijos negros que están siendo exterminados por la policía o en la guerra del narcotráfico. Sufrimos con la falta de libertad de nuestras hijas que están cada vez más presas en los barracos por la violencia sexual que ronda las ocupaciones"9. En cada ocupación y en cada núcleo intentan crear un colectivo de mujeres. "Nos inspiramos unas en otras, nos apoyamos unas en otras, intentamos crear una red de solidaridad entre mujeres", dice Ana.

En Cidade de Plástico los esfuerzos de las sin techo han fructificado en la construcción de un comedor cooperativo integrado por veinte personas mujeres que sirve todos los días más de cien platos a dos reales. "Guerreiras de Zeferina", luce el mural a la entrada del único espacio del campamento que destaca por su limpieza. "El movimiento ha conseguido visibilizar el papel de las mujeres, invisible en la cotidianeidad, al grado que son las que ocupan más cargos de responsabilidad", dice Ana con orgullo.

En 2008 el movimiento consiguió poner en pie núcleos de formación que incluyen módulos de género con 40 militantes. Tal vez el papel de las mujeres sea uno de los aspectos en el que la actividad de los sin techo tiene resultados más notables. Es cierto que si se las compara con los sin tierra, donde existe una fuerte tensión por la igualdad de género, aún tienen mucho camino por recorrer. Sin embargo, han configurado un espacio emancipatorio desde el cual disputan la hegemonía en la vida pública. "Se integran al trabajo colectivo de construcción de viviendas, a las cooperativas de autogestión, a los espacios de debate del movimiento y a las esferas públicas de discusión de las políticas sociales"10.

Resistencia urbana

Seis años es muy poco tiempo para cualquier movimiento. Si miramos los campamentos como Cidade de Plástico y Escada, queda la sensación de que el cambio social desde los márgenes es casi imposible, por los traumas que provocan el hacinamiento, la miseria atroz y las privaciones. Por el contrario, si observamos las hileras de casitas de la comunidad de Valencia, con dos habitaciones cada una, sala, cocina, baño y un terreno al fondo, donde las mujeres pusieron en pie una cooperativa de alimentos, retorna la esperanza.

Ana, sin embargo, desborda optimismo. Pese a su escaso salario como maestra, apenas 600 reales (300 dólares), dedica casi todo su tiempo libre al movimiento. Se encarga de las relaciones con los colectivos urbanos de Brasil, una realidad que viene creciendo y que permitió hace un par de años fundar el Frente de Resistencia Urbana, donde confluyen 14 movimientos de una docena de ciudades. El Frente comenzó a tejerse en 2006 en un encuentro en Sao Paulo, en base a cuatro ejes: reforma urbana, derecho a la vivienda, al trabajo y contra la criminalización de la pobreza.

"Cada movimiento mantiene su autonomía y funcionamos por consenso, lo que supone mucho tiempo de debate y mucha paciencia porque se trata de generar confianza", dice Ana. "Los movimientos que confluimos en el Frente ya tenemos una tradición de autonomía y horizontalidad y funcionamos con mucha flexibilidad". Hace más de una década que los Sin Tierra vienen promoviendo la creación de movimientos urbanos, pero recién ahora parecen estar cuajando.

Por los datos que aporta Ana, los movimientos urbanos tienen más sintonía con la cultura juvenil que con la sindical y los partidos de izquierda. Una presencia muy potente, además de los sin techo, es la del hip-hop y del movimiento negro, que le dan un perfil muy diferente al de los movimientos formales y estructurados: "Somos muy parecidos en las formas de trabajar, entre las que destaca que no hay lucha por la hegemonía". La "alianza" entre los sin techo y los jóvenes hip-hop fue algo natural, ya que conviven en las favelas, sufren acoso policial y comparten la misma rebeldía ante la pobreza y un sistema que los margina. Los sin techo consideran que el rap y el hip-hop estimulan el cambio en los valores y prácticas sociales, culturales y comunitarias.

Ana sostiene que como el gobierno de Lula no hizo la reforma agraria y el campo está siendo ocupado por el agronegocio (soja y de caña de azúcar para biocombustibles), cada vez llegan más jóvenes a las ciudades. En un tiempo, es probable que los movimientos urbanos desplacen a los rurales como referencia del cambio social. En todo caso, los sin techo y el Frente de Resistencia Urbana lanzaron la campaña "Mi casa, mi lucha" para denunciar la oleada de desalojos por la especulación inmobiliaria de cara al Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016.

Notas
Más datos en el sitio oficial del Parque Memorial Quilombo dos Palmares: http://www.quilombodospalmares.org.br/
. Entrevista a Pedro Cardoso.
"Historia do MSTB", en http://formacaomstb.blogspot.com/.
Zumbí fue el más conocido dirigente del Quilombo de Palmares. Zeferina fue líder del Quilombo de Urubú, cerca de Salvador, por lo que fue presa en 1826.
La Guerra de Canudos fue un movimiento popular de corte social y religioso de los pobres del sertón (interior desértico de Bahía) masacrado pro el ejército en 1897.
Entrevista a Ana Vanesca.
Raphael Fontes Cloux, ob. cit. pp. 59-61.
Ver http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/o_programa_bolsa_familia/beneficios-e-contrapartidas.

"Histórico das Guerreiras Sem Teto", en http://formacaomstb.blogspot.com/.
Luciana da Luz Silva, ob. cit.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (http://www.ircamericas.or/
Recursos

Blog do Núcleo de Formação do Movimento Sem-Teto da Bahia: http://formacaomstb.blogspot.com/
Luciana da Luz Silva, "Gênero nos movimentos de luta pela terra: mulheres sem terra, mulheres sem teto", Núcleo de Estudos Interdisciplinar, Universidade Federal da Bahia, en www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/anais/anaistrabalho.pdf
Rafael Fontes Cloux, MSTS: A trajetórica do Movimiento dos Sem Teto de Salvador/Bahia, Salvador, 2008.
Raúl Zibechi, entrevista a Pedro Cardoso y Ana Vanesca, Quilombo de Escada y Cidade de Plastico,
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martes, 19 de enero de 2010

Urgencia por frenar a las derechas

Una de las mayores dificultades para frenar la ofensiva de las derechas latinoamericanas es la fragilidad política e ideológica del progresismo. En los próximos años podemos asistir a un hecho paradójico: que la retirada del imperio en la región vaya de la mano del ascenso de nuevas derechas, en algunos casos de carácter empresarial y en otros vinculadas al progresismo gobernante.

Estos días se desarrollan debates y batallas políticas en el Cono Sur del continente que ponen de relieve ese crecimiento del derechismo. En Chile este domingo la derecha puede volver a La Moneda, pero si lo hace será porque el progresismo presentó al peor candidato posible, Eduardo Frei, quien para muchos chilenos presenta pocas diferencias con Sebastián Piñera, al punto que no pudo siquiera cosechar la mitad de las simpatías con que cuenta la presidenta Michelle Bachelet.

En Argentina la derecha se enfiló detrás del presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se negó a seguir las órdenes de la Casa Rosada de pagar parte de los vencimientos de la deuda externa con reservas monetarias. Una vez más el gobierno de Cristina Fernández aparece jaqueado desde dentro, como sucedió hace casi dos años cuando el vicepresidente Julio Cobos se pasó a la oposición ante el conflicto entre el gobierno y las gremiales rurales.. Por bochornosas que puedan ser estas actitudes, no debe olvidarse que fue el oficialismo quien los colocó en los cargos que ocupan, aun sabiendo que el actual presidente del Banco Central es un hombre cercano al ex ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo.

En Brasil, Lula está dando marcha atrás en su Programa Nacional de Derechos Humanos ante la andanada de críticas de los medios, los militares, la Iglesia y la oposición. La tercera edición de este programa contempla la creación de una comisión de la verdad para desvelar los crímenes de la dictadura militar (1964-1985), revisar la Ley de Amnistía de 1979, promover la despenalización del aborto y dar carácter legal a la unión civil entre personas del mismo sexo, así como varias iniciativas de carácter social. Aunque los movimientos sociales y sindicales apoyan el programa, el presidente se mostró dispuesto a congelarlo para no perjudicar a la candidata del PT y actual ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, en las elecciones presidenciales de octubre.
En los tres casos mencionados las ofensivas de las respectivas derechas, siempre apoyadas por los grandes medios, pueden prosperar solamente por las tibias y frágiles respuestas del progresismo. Sin embargo la ofensiva derechista menos conocida es la que estos días tiene lugar en Uruguay, en Punta del Este, en plena temporada turística. Una juez de Maldonado, capital del departamento donde está el balneario, decidió aplicar el polémico Código de Procedimiento Policial para expulsar del balneario a “inminentes delincuentes”, o sea personas con antecedentes penales o “sospechosas”, aunque no estuvieran cometiendo ningún delito. En pocos días fueron expulsadas 28 personas.

Como señaló el semanario Brecha, la derecha y los empresarios de Punta del Este vienen exigiendo que se establezca algo así como una “zona libre de sucios, pobres y feos”, que en los hechos es un castigo a los trabajadores pobres que acuden a esos sitios en busca de empleos temporales. Aunque algunos magistrados condenaron la decisión de la justicia por considerarla inconstitucional, mientras los empresarios y los policías la aplauden, lo sorprendente es la reacción de una parte de la izquierda. Eduardo Bonomi, tupamaro y futuro ministro del Interior cuando asuma la presidencia José Mujica el 1º de marzo, se mostró partidario de la mano dura y aseguró que “en la propia izquierda hay un proceso de aprendizaje” en temas como seguridad y delincuencia.

Un hombre como Bonomi, que estuvo años preso por haber tomado las armas en nombre de la revolución, dijo a un semanario de la derecha justo lo que ese sector quiere escuchar: llegó a justificar que se proceda contra los chicos que limpian los parabrisas en los semáforos o piden dinero en la calle. En su opinión, la finalidad de la policía es “detectar a los eventuales delincuentes antes de que cometan el delito”. Esta actitud “preventiva” implica una suerte de criminalización de la pobreza y va de la mano de la militarización de los barrios periféricos y otras zonas “calientes”. Ha sido, siempre, el discurso de la derecha que apela a la seguridad ciudadana como forma de control de los de abajo.

El caso uruguayo es grave porque en este país nunca se había llegado tan lejos en el “combate a la delincuencia”. Pero, sobre todo, porque la izquierda acaba de ganar las elecciones con holgura y no hay ningún riesgo de que la derecha desplace del poder al Frente Amplio. Las opiniones del futuro ministro del Interior revelan un viraje de largo aliento que es similar al que se está produciendo en otros progresismos del continente. Quiero decir que no estamos ante un repliegue táctico sino ante la adopción de aspectos centrales de la ideología de la derecha.

Mucho más allá de lo que suceda este domingo en Chile, y del modo como se resuelva la crisis argentina, es cada vez más evidente que el progresismo, o sea una cierta izquierda de clases medias y profesionales, ha tocado techo y ya no es capaz de producir algo que la diferencie verdaderamente de las derechas. Estamos ante una fractura social sin paliativos, provocada por el neoliberalismo pero que el modelo extractivista en curso sigue profundizando, donde las clases medias y los trabajadores con empleo formal están cada vez más alejados –cultural y socialmente– de los pobres de las periferias urbanas. En la medida que los pobres salen de sus guetos son visualizados como peligrosos y se los acusa de delincuentes o de narcos. Sólo en la Bolivia de Evo Morales el gobierno acepta que los de “más abajo” puedan ser sujetos políticos.. En el resto del continente, aun cuando se organizan en movimientos, se los busca distraer con programas sociales o se les envía la policía.

Por: Raúl Zibechi

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