Uruguay: La penúltima máscara - ROGER RODRIGUEZ

LA CADUCIDAD CAE ANTE LA PRETENSION PUNITIVA DE LA HUMANIDAD
Senadores y diputados ya la aprobaron. El presidente Mujica la promulgará. Por ley se impide que los delitos de la dictadura prescriban el próximo martes. Los jueces y fiscales pueden seguir actuando.
Las víctimas presentan nuevas denuncias por tortura y violencia sexual.
El cuerpo hallado en el Batallón 14 busca su identidad. La oposición ya anuncia recursos de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia definirá. Parece haber caído la penúltima máscara de la impunidad.
Con los votos de todo el oficialismo, las cámaras de Senadores y de Diputados aprobaron esta semana una Ley por la que se devolvió la pretensión punitiva al Estado y se eliminó el obstáculo legal que sometía al Poder Judicial en su libertad de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, que ahora fueron calificados como delitos de lesa humanidad y por tanto pasaron a ser imprescriptibles y perseguibles más allá de cuándo se cometieron.

La “Ley de Punitividad”, que procura cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman, despoja de su penúltima máscara a una impunidad establecida en Uruguay desde el 22 de diciembre de 1986, cuando el mismo Parlamento, también por una mínima mayoría, aprobó la Ley 15.848 con la que durante 25 años se amparó a los militares, policías y asimilados que protagonizaron el terrorismo de Estado.
La norma, que debía ser promulgada antes del lunes por el Poder Ejecutivo, no derogó formalmente la llamada Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero terminó de eliminar sus efectos al impedir que durante el cuarto de siglo de su vigencia se compute el plazo de prescripción de los delitos de la dictadura y al declarar que los mismos son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que Uruguay es parte.
Sin embargo, la impunidad todavía no ha sido derrotada. Los legisladores de la oposición argumentaron en defensa de la caducidad que la ley aprobada por el Frente Amplio tenía vicios de inconstitucionalidad, por lo que se asegura que los abogados de los represores indagados interpondrán recursos que en última instancia deberán dirimir los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia quienes ya decidieron que casos de desaparición se tipifiquen como homicidios.
El génesis
Muchos de los jóvenes que a las 2.15 horas de la madrugada del jueves se hicieron desalojar de las barras de la cámara baja por expresar cantos y consignas contra la impunidad una vez que se había aprobado el proyecto, no habían nacido cuando la Ley de Caducidad fue creada en ese mismo recinto. La mayoría eran estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que un día antes ocuparon su casa de estudios en contra de la prescripción de los crímenes.

La prescripción, prevista para el próximo 1º de noviembre, imponía en forma definitiva la impunidad sobre los delitos que aún no han sido indagados por el Poder Judicial. Así lo había advertido la fiscal Mirtha Guianze un año atrás, cuando dio su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Caso Gelman.
La inminencia de la fecha, obligó al Frente Amplio a tomar una decisión política que será en el futuro “muletilla” de la oposición.
El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena (nacida en cautiverio precisamente el 1º de noviembre de 1976) habían recurrido a la Corte de la OEA luego que el Estado uruguayo le negara el derecho a saber sobre el paradero de su nuera y madre, María Claudia, quien fue secuestrada embarazada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo donde dio a luz antes de ser desaparecida. La Corte se pronunció contra Uruguay y la Ley 15.848 el pasado 24 de febrero.

Pero las máscaras de la impunidad habían nacido antes de la aprobación de la Ley de Caducidad. En 1984, mientras se negociaba el Pacto del Club Naval –que el Partido Nacional aún alega como el génesis de una impunidad que plasmaron en la Ley- los militares ya habrían acordado con el futuro presidente Julio María Sanguinetti eliminar “las huellas” de los desaparecidos a través de la “Operación Zanahorias”, por la que exhumaron y escondieron los cuerpos de las víctimas.
La Caducidad
Tras la asunción del Partido Colorado en 1985, todas las denuncias judiciales fueron sometidas a contiendas de competencias presentadas por la Justicia Militar. Un año tardó la Suprema Corte de Justicia en determinar la jurisdicción civil de los casos. Cuando lo hizo, las citaciones a los militares indagados fueron guardadas en una caja fuerte por el comandante del Ejército, general Hugo Medina. Ese desacato fue la excusa para aprobar la polémica legislación.

La ley 15.848 se aprobó bajo amenaza de una insubordinación militar.
Ese fue el argumento que aceptó el líder blanco, Wilson Ferreira Aldunate, quien había rechazado dos proyectos de amnistía propuestos por el Partido Colorado. Carlos Julio Pereyra no lo aceptó y se separó el Movimiento por la Patria. Germán Araújo lo denunció y terminó siendo expulsado del Senado, acusado de promover una asonada con la gente que aquella noche rechazaba la ley fuera del Parlamento.
La propia Ley de Caducidad no se cumplió durante 20 años. En su artículo cuarto (exigido por algunos legisladores para aprobarla) se imponía una investigación sobre los desaparecidos que Sanguinetti encomendó al fiscal militar coronel José Sambucetti, quien se limitó a preguntar a los oficiales denunciados si había participado de los hechos. Todos dijeron que no, por lo que el fiscal concluyó que no había evidencias de la participación militar en los casos.
Ante ese escenario se promovió juntar firmas para someter la ley a un referéndum. Más de un año se demoró en obtener la voluntad del 25 % del padrón electoral. La validación de las firmas demoró meses. La Corte Electoral finalmente estableci ó el plebiscito para el 16 de abril de 1989, exactamente cinco años después del asesinato de Vladmir Roslik, el último muerto por la dictadura. La televisión no admitió la publicidad del voto verde. En un clima de terror ganó el voto amarillo.
La Impunidad
Durante los diez años siguientes, bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle y en el segundo mandato de Sanguinetti, todos los casos de violaciones a los derechos humanos denunciados fueron amparados en la Ley de Caducidad. Incluso se incluyeron casos que habían ocurrido antes del golpe de Estado de 1973 (escuadrones de la muerte y otros) y situaciones vividas luego de la dictadura (caso Berríos). La ley se aplicó como una amnistía total para los represores.
En ese tiempo se fueron encontrando datos de la historia que se ocultaba. Se confirmó la coordinación represiva regional del llamado Plan Cóndor. Se recuperó, la identidad de niños uruguayos desaparecidos nacidos en cautiverio. Se documentó la decisión de matar a la maestra Elena Quinteros. Se denunció la operación Zanahorias. Se encontraron los Archivos del Terror en Paraguay. Y, pese a la negativa de Saguinetti, en el año 2000 se ubicó a la nieta de Gelman.

Con el nuevo milenio la impunidad comenzó a fracturarse. El trabajo de la Comisión para la Paz en la administración Jorge Batlle, el hallazgo de Simón Riquelo, la ubicación de centros clandestinos de torturas y la confirmación de que la mayoría de los uruguayos desaparecidos en el exterior habían sido traídos por tierra, mar y aire, fueron desnudando una verdad que, tras el “pacto de silencio”, ocultaba la existencia de enterramientos en unidades militares.
El triunfo electoral del Frente Amplio permitió que durante el gobierno de Tabaré Vázquez se aplicara de otro modo la propia Ley de Caducidad al admitirse la actuación judicial que, primero, derivó en el procesamiento del dictador Julio María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y, luego, con el caso del “segundo vuelo” de Orletti, permitió en 2006 el encarcelamiento de media docena de militares.
Las Máscaras
La lucha de los familiares de las víctimas y de las organizaciones sociales contra la impunidad tuvo avances y retrocesos. El fallido intento de una ley interpretativa contra la caducidad en 2007, llevó a un nuevo intento de eliminación de la ley a través de una reforma constitucional que la anulara en un plebiscito, pero el voto rosado no tuvo a la hora de la votación en 2009 el necesario apoyo político. El Frente Amplio tampoco pudo votar una ley de anulación a principios de 2011.
A pesar de la vigencia de la Ley de caducidad, las máscaras de la impunidad fueron cayendo. La sonrisa se desdibujó en el rostro de Gavazzo, las negativas del fiscal Moller no impidieron que la justicia actúe en el caso Gelman, las excusas médicas de Cordero no frenaron su extradición desde Brasil, los arrebatos de los clubes militares no pararon los procesamientos, la indisciplina de algunos oficiales no detuvo el encarcelamiento de un general en actividad…

La promulgación de la ley aprobada en el Parlamento, impedirá la prescripción de los delitos, posibilitando que los jueces y fiscales continúen actuando, cuando ante los juzgados se están presentando nuevas denuncias por torturas en unidades militares, que incluyen casos de violencia sexual (ver recuadro). La “Ley de Punitividad” libera al Poder Judicial de su sometimiento al Poder Ejecutivo e impone, al decir del diputado Darío Pérez, la “pretensión punitiva de la humanidad”.
La penúltima máscara parece haber caído, pero aún reinan los dioses del silencio, el secreto y la solemnidad. Encontrar los mecanismos para romper el pacto de silencio de los militares, eliminar el secreto de los archivos de Estado que revelarán verdades ocultas y superar las solemnidades que siguen paralizando al sistema, aparecen ahora como los desafíos de una sociedad uruguaya que necesita arrancarse hasta el último antifaz de impunidad.
Violencia Sexual
Veintiocho ex presas políticas presentarán hoy una denuncia contra un centenar de militares, policías y asimilados, por violencia sexual como método de tortura durante su cautiverio en el Penal de Punta de Rieles y en otros seis centros de reclusión en los años de la dictadura. Se incluyen unidades militares y policiales del interior. La denuncia establece que los cuerpos de las víctimas fueron un “botín de guerra” y que la vejación fue parte del plan sistemático aplicado por los represores, por lo que constituye un crimen de lesa humanidad. Los abogados presentarán el caso esta tarde ante el juzgado penal de 7º turno.