CIDH reclama nuevas explicaciones a Brasil sobre violaciones de derechos por Belo Monte

ADITAL

LaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), notificó al gobierno brasilero este miércoles 11, para que brinde esclarecimientos sobre la situación de las comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingú, afectadas por la construcción de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte. Ésta es la segunda notificación al gobierno, ya reclamada para que se explique; la primera fue en abril de 2011.

Entre las informaciones solicitadas por la CIDH, están los esclarecimientos sobre alteraciones en la calidad del agua del río Xingú, que estaría provocando problemas en la salud de comunidades tradicionales e indígenas, y sobre el proceso de manejo de agricultores y otras poblaciones tradicionales, que estarían sufriendo violaciones de sus derechos. Además, la CIDH requiere también que el gobierno informe sobre el proceso de la implementación de las medidas mitigatorias de los impactos de la construcción de la usina.
La notificación al gobierno fue una respuesta a denuncias enviadas a la CIDH por las organizaciones Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), Justicia Global, Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con foco principal en las tierras indígenas Paquiçamba y Arara, directamente afectadas por las obras de Belo Monte.
En enero, con la primera barrera en el Xingú, los indígenas comenzaron a tener problemas con la calidad del agua. El Ministerio Público Federal ya envió un análisis independiente de la calidad del agua al Instituto Evandro Chagas, pero los resultados todavía no fueron difundidos. De acuerdo con el MPF, este monitoreo debe ser continuo debido al peligro de contaminación del río por la usina.

La falta de un plan de reasentamiento para comunidades afectadas por la construcción de Belo Monte es otro problema denunciado a la CIDH. Además de la falta de un plan, hay comunitarios que aceptaron valores de indemnización por debajo del costo de mercado por sus tierras, porque no tenían el título formal, y existía el recelo de ser expulsados sin derecho a ningún valor.
Fue el caso de los habitantes de la comunidad de Santo Antônio, donde existían 252 propiedades de pequeños agricultores, donde sólo 26 tenían el título formal de las tierras. En uno de los casos, el agricultor recibió R$ 6.957,23 de indemnización por 362,51 metros cuadrados de tierra, evaluados en el mercado en R$ 21.750.
A partir de la notificación, el estado brasilero tiene un plazo de 20 días para presentar a la organización internacional los esclarecimientos solicitados. "La acción de la CIDH apunta, principalmente, a hacer que el Estado brasilero cumpla con los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, y en el caso de Belo Monte, hay innumerables indicios de que esos derechos están sufriendo violaciones”, dice la abogada de la SDDH, Roberta Amanajás.
Por Verena Glas
Traducción: Daniel Barrantes