Ricardo Martinelli y su función de represión anti-popular

El Comité de zona “Cristóbal Segundo” del Partido del Pueblo de Panamá, ante la profundización de la violación de los derechos humanos fundamentales por parte de la derecha fascista panameña, expresada a través del gobierno de Ricardo Martinelli, denuncia la criminalización de la protesta social.Utilizando...
leer más:
http://carlosagaton.blogspot.com

Panamá, la crisis desconocida

Los graves incidentes durante la huelga en las bananeras de Bocas de Toro y la crecientes protestas de la sociedad civil amargan el primer año de Ricardo Martinelli, presidente de Panamá desde el 1 de julop de 2009.

Caminar en ‘los zapatos del pueblo’, esa fue la bandera electoral del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien hace poco más de un año prometía el cambio a los panameños. Ahora, una pregunta flota en el aire: ¿En los zapatos de qué pueblo? Y una amenaza: ¿Cuál era el cambio al que se refería el hoy presidente de la República?

Las respuestas pueden leerse en una creciente oposición ciudadana que por primera vez en años une a sectores diversos en una respuesta masiva en la calle contra las últimas decisiones legislativas del Gobierno, y en una huelga en Bocas del Toro que se saldó, tras diez días de enfrentamientos en julio, con varios muertos y centenares de heridos. La población de Bocas, en su inmensa mayoría indígena, que de momento ha bajado los brazos pero que no ha renunciado a callarse. Ahora se trabaja en hacer un recuento real de muertos y heridos, mientras el Gobierno reparte bicicletas, sábanas y comida en una de las provincias más pobres y con más desigualdad de la República.

La imagen de Panamá como isla de sosiego, en medio de una Centroamérica dibujada con la inseguridad, la pobreza o la corrupción, se tambalea. Y a las manifestaciones en la capital, los enfrentamientos de Bocas y la detención de líderes sindicales -últimas señales de alarma sobre lo que se cuece en el Panamá que no trasciende-, se une el ‘desembarco’ del Gobierno en el poder judicial, en la propia Asamblea Legislativa -órgano unicameral en ese país- y en otras instituciones del Estado.

Las críticas a la falta de institucionalidad y las voces que apuntan a la instalación en el Palacio de Las Garzas de una ‘dictadura civil’ se suceden entre opositores políticos y líderes sociales. “Ha sido un año de constante retroceso en cualquier camino que pretendiese construirse para hacer de Panamá un estado constitucional”, dijo a EFE hace unas semanas el analista político y ex candidato a alcalde, Miguel Antonio Bernal.

En este primer año de Gobierno, cuatro diputados y miles de afiliados del Partido Democrático Revolucionario (PDR), principal partido de oposición, se han pasado a las siglas que lidera Martinelli: CD (Cambio Democrático). Afines al presidente, con el que hicieron campaña, son también los dos magistrados de la Corte Suprema nombrados a principios de año y las acusaciones de injerencia en el Poder Judicial se confirmaron, además, con la suspensión temporal –con aspecto de definitiva- de la Procuradora General, Ana Matilde Gómez, investigada por presuntas escuchas ilegales en un caso contra otro magistrado. Su sucesor, Giuseppe Bonissi, fue nombrado directamente por Martinelli.

Por si faltaba un frente de conflicto, crece la tensión entre la Presidencia y la alcaldía de Panamá, a cuyo titular, Martinelli, ha dado un ultimátum para solventar sus problemas de gestión.

EL FIN DE LA CALMA
El desencadenante de las protestas fue la denominada Ley 30, sobre aviación comercial, que el Gobierno aprovecha para introducir cambios en la legislación laboral, penal, policial y ambiental. Una reforma de tres códigos y seis leyes que reduce el derecho a huelga, reduce los estudios de impacto ambiental y permite que los policías eludan la prisión preventiva en caso de cometer delitos en ejercicio de su cargo. Todos los cambios recibieron el respaldo de la Asamblea, que les dio el visto bueno en una sesión celebrada con el edificio blindado por candados y antidisturbios.

Conocida como la ‘ley chorizo’, fue también el desencadenante de los enfrentamientos en Bocas del Toro -frontera con Costa Rica-. Cuatro mil trabajadores de las bananeras de la Bocas Fruit Company (antigua Chiquita), en su mayoría indígenas Ngäbe-Buklé, protagonizaron una huelga que se tornó en indefinida en medio de una dura represión policial que deja como saldo innumerables detenidos y 404 heridos. Hay dos muertos oficiales, pero un informe preliminar de la ONG Human Rigths Everywhere (HRVE) identifica a cuatro.

Los testimonios de los vecinos de Changuinola hablan de racismo, de trato vejatorio y de policías que disparaban “a matar” desde helicópteros o a muy corta distancia de los manifestantes armados con piedras y palos. El informe de HREV, al igual que el realizado por la Defensoría del Pueblo y del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), denuncia que la policía disparó por encima de la cintura. Hay decenas de heridos con perdigones en tórax y espalda, y cerca de 60 personas con lesiones en uno o los dos ojos.

PRESIÓN A LA PRENSA

Mientras los empleados de las bananeras peleaban contra la Ley 30, en las obras de ampliación del Canal de Panamá, 700 obreros iban a la huelga. El resultado: 28 detenidos y siguen abiertos procesos judiciales contra 17 dirigentes. El acoso a los líderes sindicales vivió su peor momento el 10 y 11 de julio, cuando detuvieron a 200 sindicalistas reunidos en un hotel de la capital para decidir sobre una posible huelga general en el país, que luego fueron liberados.

También la prensa se ha sentido acosada. Varios programas de radio han sido cerrados; el periodista Carlos Núñez, de 70 años, estuvo quince días detenido por una condena por injurias de hace más de doce años, y un fotógrafo, Mauricio Valenzuela, permaneció seis horas arrestado. El Gobierno también trata de expulsar del país al periodista español, Francisco Gómez Nadal, responsable de una ONG de derechos humanos y autor de una columna semanal crítica con el Gobierno, en el diario La Prensa.

Todo se produce cuando Ricardo Martinelli apenas ha superado su primer año de mandato y baja en las encuestas de popularidad. A mitad de julio hablaban de un índice de aprobación del 56%, 14 puntos menos que en junio. Martinelli empezó con grandes gestos mediáticos y un acuerdo con el empresariado para subir impuestos en puertos, la Zona Libre de Colón, casinos y la única línea aérea del país. Su oportunidad ahora es un crecimiento estimado para el país que superará el 5%, y su apuesta, la explotación de recursos mineros como el cobre.

La lucha contra la inseguridad ha sido otra bandera de Martinelli, bajo ella se aprobó la llamada Ley Carcelazo, que prohíbe el corte de calles para realizar protestas y permite la detención de manifestantes, paraguas bajo el cual también se redujo la edad penal a 12 años.

Este millonario, propietario de la cadena de supermercados Súper 99, llegó a presidente bajo las siglas de Cambio Democrático, creado expresamente para su presentación, pero necesitó de una alianza de cuatro partidos de derecha para Gobernar. Ahora, Panamá enfrenta uno de los momentos más duros de su historia reciente.

Por Pilar Chato
Periodista residente en Panamá

PANAMA: Vía Campesina condena presencia militar yanqui y medidas represivas en la región centroamericana

Rebanadas de Realidad - FRENADESO-Kaos en la Red, Ciudad de Panamá. 06/08/10.- En este evento, celebrado en Managua, Nicaragua, participaron la Unión Campesina Panameña (UCP) y la Unión Indìgena y Campesina de Veraguas, ambas integrantes de FRENADESO. También coincidieron los compañeros que participan de la Caravana Internacionalista por los Derechos Humanos en Panamá que se dirige a Changuinola, Bocas del Toro.

Manifiesto de las organizaciones de la CLOC - Via Campesina Centroamérica

Reunidos en la ciudad de Managua Nicaragua, los días 4 y 5 de agosto del 2010 en el marco de la reunión de la Comisión Política, las organizaciones miembro de la CLOC-Vía Campesina de Centroamérica queremos hacer pública nuestra preocupación por el contexto actual que vive la región centroamericana en el que una vez más el imperio en confabulación con gobiernos serviles quieren implantar políticas que atentan en contra de la soberanía y los derechos de los pueblos, por lo que,

Manifestamos lo siguiente:

1- Que el proyecto dirigido desde la Casa Blanca por el premio nobel de la paz Barack Obama de instalar bases militares en los países de la región no es más que la continuación de las políticas de intervencionismo en contra de los pueblos hermanos que ese gobierno genocida ha implementado desde hace muchos años.

2- La preocupación por la entrada de militares a territorio costarricense en la base militar Liberia que según nuevo acuerdo funcionará como base de centro operativo durante las negociaciones preliminares y confidenciales.

3- Que lo dicho anteriormente refuerza nuestro planteamiento de que los Estados Unidos, la oligarquía hondureña y las fuerzas armadas son los responsables de la inestabilidad política, social y económica de la región que se refleja en la situación que actualmente se vive en Honduras Producto al Golpe de Estado propiciado al pueblo hondureño en Junio del año pasado.

4- Que la ley impuesta por Ricardo Martinelli en Panamá la ley Chorizo” que establece la violación a los derechos laborales y atenta en contra de la vida de la población y el ambiente, es otra de las maniobras del imperio por desestabilizar a los pueblos.

Exigimos:
1. El retiro inmediato de las tropas militares gringas de la región entre ellas las base militar de Liberia en Costas Rica, La base de Palmerola en Honduras, la base de Comalapa en El Salvador y las bases militares de panamá

2. El respeto a la decisión soberana del pueblo hondureño a instalar una Asamblea Constituyente, el respeto a los derechos humanos y el retorno inmediato del presidente Constitucional Manuel Zelaya

3. La derogación de la ley Chorizo, el cese a la persecución político-judicial contra dirigentes de los movimientos sociales de Panamá, de igual forma hacemos llamado a las organizaciones internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos para que se pronuncien y condenen el accionar del Gobierno de Ricardo Martinelli.

Los delegados y las delegadas nos comprometemos a fortalecer la unidad de la región centroamericana, respaldamos las luchas que están desarrollando los pueblos hermanos y reivindicamos la lucha por la soberanía Alimentaria, la reforma agraria, la lucha contra el cambio climático

. ¡Alto a la Militarización!
¡Resistimos y venceremos!
¡Globalicemos la lucha, Globalicemos la esperanza!

Panamá: ULIP dice: derogación de la Ley 30, precondición para cualquier diálogo

Comunicado de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo, ULIP, respecto al 'diálogo' convocado por el gobierno de Ricardo Martinelli.

Los trabajadores y el pueblo de Changuinola hablaron alto y claro con 11 días de huelga y movilizaciónes, pese a la sanguinaria represión policial: se exige la derogación total de la Ley 30!

Leer más:
http://puentesurrd.blogspot.com/2010/08/panama-ulip-dice-derogacion-de-ley-30.html

Panamá: Martinelli o minerelli: la industria de la muerte

Héctor Endara Hill.*

Amanecimos en Panamá con nuevas amenazas pra los territorios indígenas, para los panameños y para el planeta. Como quien hace promoción en un supermercado, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli anda ofreciendo adeudar -aún más- la legislación minera panameña para favorecer la explotación minera. Es el desguace del país. La minería metálica en un país tropico húmedo, seriamente amenazado y agredido por la devastación y depredación ambiental que promueven las políticas neoliberales, constituye una sentencia de muerte para cientos de comunidades y ecosistemas.

El racismo, como la minería metálica —conocida también como la industria de la muerte—, se incuban sobre la ignorancia y el desconocimiento. “Ngüduo Tain” es el nombre de Cerro Colorado en la lengua del pueblo ngobe. Ngüduo Tain está ubicado sobre la división continental dentro de la Comarca Ngóbe y Buglé. En el cerro nacen el río San Félix que desemboca en el Pacífico y río Krikamola que desemboca en el Atlántico.

Ya pueden imaginar ustedes el desastre y la enorme contaminación en toda la zona, de llegarse a concretar este absurdo y criminal proyecto. Los ríos que hoy, en todo su recorrido, llevan y permiten la vida de la naturaleza y de una amplia gama de seres vivos, entre ellos de los pueblos Ngóbe y Buglé, se convertirían en una estela de muerte, devorando y matando, a su paso, todo vestigio de vida.

He estado en varias de las comunidades indígenas que hacen su vida (alimentación, educación, historia, cultura y más…) en las riveras de ambos ríos. Nada más estúpido que pensar o decir que se trata de un cerro pelado, como ya dijo una alta autoridad del actual gobierno. Las comunidades indígenas, expulsadas de las tierras productivas en el litoral pacífico, se han refugiado en las montañas.

El proceso de conquista y colonización continúa hasta nuestros días. El racismo con la poblaciones indígenas salta a la vista en todas y cada una de las estadísticas nacionales. Sin lugar a dudas, los más empobrecidos entre los empobrecidos del territorio panameño son los pueblos y comunidades indígenas.

Antes de andar ofreciendo tierras y comunidades que no conocen, las autoridades deberían darse un baño de pueblo que ablande su corazón de piedra y cultive su masa cerebral. No puede ser que la ignorancia y el desconocimiento sean las únicas guías entusiastas de un falso desarrollo y falso crecimiento del país. La destrucción de ecosistemas es realizada por asesinos y criminales de la naturaleza, estos ecocidas están contribuyendo con la destrucción del planeta. La destrucción de las comunidades es realizada por asesinos y criminales de seres humanos, estos genocidas están contribuyen con la desaparición de las especies.

La minería metálica en ningún sentido representa absolutamente nada bueno para el país y su gente. La minería de por sí, trae división en las comunidades, destrucción de los ecosistemas y deja daños irreparables. La minería metálica NO ES SOSTENIBLE. Solo pensar en la explotación de Ngüduo Tain (Cerro Colorado) constituye una seria amenaza a la vida de los pueblos Ngóbe y Buglé y a la vida de todos los panameños.

* En http://www.panamaprofundo.org/

Addenda

Martinelli ofrece Cerro Colorado a los coreanos

Mari Trini Zea.*

El presidente, Ricardo Martinelli, anunció ante un grupo de inversionistas que cambiará la legislación minera a solicitud del Gobierno coreano para que puedan explotar el yacimiento de cobre de Cerro Colorado, comarca Ngäbe Buglé.

Ante más de 200 empresarios de todo el mundo, reunidos en Panamá, el presidente Ricardo Martinelli se comprometió este miércoles en cambiar la legislación minera para atraer capital y explotar los recursos existentes en el país.

El mandatario panameño aseguró que Corea, como país, ha manifestado interés de invertir en la industria minera y si para ello se necesita cambiar el Código Minero, lo hará.

"Con mucho gusto cambiamos (la ley). Yo quiero que el Gobierno coreano, junto con accionistas canadienses, norteamericanos y de la bolsa de valores, desarrollen esa mina (yacimiento de cobre de cerro Colorado en la comarca Ngäbe Buglé)”, expresó Martinelli.

En Panamá, hay oportunidades de explotación minera, y cerro Colorado tiene reservas probadas más grandes que la mina del Teniente en Chile, aseveró el gobernante.

La coreana LS— Nikko Cooper y la estatal Corporación de Recursos Naturales (Kores) desean explotar el yacimiento cuprífero de cerro Colorado, adelantó la embajada de ese país en Panamá.

... ... ... ...

El Código de Recursos Minerales de Panamá prohíbe que un gobierno o entidad extranjera obtenga de alguna manera una concesión; sin embargo, el presidente Ricardo Martinelli prometió cambiar la legislación y así abrirle las puertas a la inversión coreana, que está interesada en explotar el yacimiento de Cerro Colorado.

“Quién sabe si estamos sentados sobre los más mayores yacimientos de cobre después de los de Chile”, manifestó el Presidente, y señaló que el país no se puede quedar postrado y perder la gran oportunidad de inversiones en el sector.

“Está vendiendo nuestro país al mejor postor en detrimento del capital natural”, criticó Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon).

No existe explotación minera a cielo abierto que no deje graves secuelas ambientales y que impactarán la agricultura y ganadería de los indígenas, explicó la ambientalista.

A la vez, en los cambios al Código Minero se contempla incremento de cánones, multas, y se incluirán normas de protección ambiental, dijo ayer Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias en Telemetro Reporta.

Sus palabras contradicen al viceministro de Industrias y Comercio, Ricardo Quijano, quien aseguró hace unas semanas que no se incluirán aspectos ambientales, porque “eso le compete a la Autoridad Nacional del Ambiente”.

Existe la posibilidad de someter el desarrollo minero a consulta popular. El secretario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto, dijo que Martinelli y el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, evalúan el tema.

* Periodista.

Panamá: José Raúl Mulino, un personaje ruin

Cobardía, desprecio a los pobres y cinismo son sinónimos de "José Raúl Mulino". Este triste peón de la oligarquía es el mismo que estudió gracias a una beca que le otorgó la dictadura militar a la que posteriomente se opuso sirviendo otros intereses también indignos. Ha vivido toda su vida maldiciendo sus orígenes. Escaló posiciones a nivel político y empresarial gracias al servilismo que siempre ha mostrado a la oligarquía.

Es el mismo que, junto a otros apátridas disfrazados de "civilistas", estuvieron piidiendo la invasión gringa a Panamá, mientras se escondía en las faldas y pantalones de los representantes de los organismos de los derechos humanos y de la sociedad civil a los que hoy ataca por que osan criticar sus desmanes y los del Gobierno.

Cuando no está en el Gobierno, anda por allí de paella en paella. Sea que las organice el Toro Pérez Balladares o gente cercana al propio Ricardo Martinelli, como ocurrió hace exactamente un año.

Llama con desprecio «maleantes de mierda» a los obreros de la construcción, pero está rodeado de verdaderos delincuentes de cuello blanco, los que han salido con un ingenio del Gobierno, los que abusan de las compras directas para beneficiar a familiares y amigos, los que especulan en supermercados con los precios de la canasta básica familiar, y los que estafaron al Estado con 400 millones de dólares producto de la Ley Banistmo.

Gracias a los servicios que ha ofrecido a estos estafadores de Banistmo, ocupó los cargos que tenía en la Junta Directiva del Partido Solidaridad y luego en Unión Patriótica, ambos propiedad del Presidente de Banistmo, Samuel Lewis Galindo, según Martinelli su mentor político y suegro del Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino quien fue a su vez Vicepresidente Ejecutivo del banco en mención.

A partir de estas relaciones políticas, trató de ocupar la Vicepresidencia en la nómina presidencial de Martinelli, pero éste al final le dio una patada en el trasero, luego de pactar una alianza con el Partido Panameñista de Juan Carlos Varela, misma que se fraguó en enero del año pasado en la residencia de la Embajadora gringa.

Tuvo que conformarse con el Ministerio de Gobierno y Justicia. Desde allí derrama todas las bilis de sus complejos y frustraciones políticas y personales contra los trabajadores, contra los indígenas, ambientalistas, educadores, periodistas, grupos de la sociedad civil, y todo aquel que se oponga a las arbitrariedades del Gobierno y sus políticas de hambre y miseria.

Desde allí ha lanzado toda clase de ofensas de contenido racistas y de clase. Es el que ordenó tirar a matar a los reos que intenten fugarse. Dijo que entre los periodistas impera la «ética del billete». Frente a la muerte de menores inocentes dijo, «…ningún hijo muere por salir de la iglesia». Sobre el caso de 56 repatriados de origen africano señaló: «Aquí no se quedan. Son personas con diferencias de todo tipo que no tienen nada que hacer aquí». «No nos conviene ni nos interesa».

Aplica el «pele-police» a personas sin casos pendientes con la justicia que son arrestadas por varios días como ocurrió en Carnavales y dice que eso no le importa. Así ordenó reprimir y arrestar a obreros por el simple delito de distribuir volantes contra el 7%, y con ello se llevó a prisión a casi 500 ciudadanos, más de 70 ellos sin ninguna relación con el SUNTRACS, manteniéndolos en La Joyita por más de 72 horas, en abierta violación a los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Desde ese cargo ha venido entregando al país a los designios imperialistas. Cumpliendo órdenes de su amo imperialista, ha iniciado la instalación de 11 bases aeronavales para uso yanqui. Viene involucrando a Panamá en el conflicto armado de Colombia permitiendo la participación del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) de la Policía Nacional en operaciones conjuntas con el ejército colombiano. Y además, permite la actuación en nuestro país del tenebroso organismo de Israel, Mossad, y de empresas de seguridad conformadas por mercenarios de ese país.

Fue uno de los artífices de la «Ley Pinchazos» y su prioridad es sofocar la protesta social, para lo cual ha revivido al G-2 de Noriega, a través del Centro Nacional de Coordinación de Crisis (CNCC), cuyo primer ensayo, según el propio Mulino, se puso en práctica el 18 de marzo, durante la marcha convocada por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo.

En medio de todo esto, es duramente cuestionado por la opinión pública por sus actuaciones y por su manifiesta incapacidad para enfrentar el alto índice de criminalidad que azota al país.
Los obreros han sabido darle lecciones de dignidad a personajes como éste que tarde o temprano deberán tragarse completos todos sus insultos y se verán obligados a responder ante los tribunales por la violación a los derechos humanos. Entonces, no habrá ningún oligarca que lo defienda de su miserable y ruin conducta.

Frenadeso Noticias

Hace menos de un año, en plena campaña electoral, en un programa que transmite RPC TV, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Martinelli, declaró: “…eso es lo que el pueblo ve en los políticos, no hay consistencia, dicen una cosa cuando están politiqueando y hacen otra cosa cuando están en el poder. Ricardo Martinelli no los va a defraudar. Si no cumplo lo que digo, que me guinden del palo más alto”.

Entre sus promesas electorales estaba disminuir el costo de vida, sin embargo, éste se ha incrementado considerablemente y amenaza con seguir subiendo ante el impacto que generará la reforma tributaria que acaba de ser aprobada por el Consejo de Gabinete, la cual va a afectar el poder de compra de las mayorías y deteriorar aún más la calidad de vida del pueblo trabajador.

¿Cuál es la excusa para las reformas tributarias de Alberto Vallarino?, “…el Estado requiere más ingresos, con estos ingresos se pretende sostener los planes de ayuda social ”. Discursos similares se esgrimieron en 1992 (Guillermo Endara y Mario Galindo), 1997 (Ernesto Pérez Balladares y Guillermo Chapman), 2002 (Mireya Moscoso y Norberto Delgado) y 2005 (Martín Torrijos y Ricaurte Vásquez).

Es decir, reiteradamente se insiste en que el problema es de insuficiencia de ingresos, a lo que cabe preguntarse ¿por qué no se cuenta con recursos suficientes? ¿Es un problema de bajos ingresos o de mal uso de éstos? La respuesta a estas interrogantes hay que buscarla en las políticas de endeudamiento, de privatización de las empresas estatales, de exoneraciones de impuestos a las llamadas zonas libres, zonas económicas especiales y actividad portuaria; en los incentivos fiscales a la gran empresa; en la evasión fiscal de la patronal; en la ineficiente política de recaudación tributaria; en los altos salarios, onerosos gastos improductivos y privilegios que ostenta la cúpula gubernamental; en el eficiente pago del servicio de la deuda externa; y en la corrupción gubernamental.

Estas distorsiones, hace mucho debieron obligar a realizar una reforma fiscal de carácter integral, procurando que quienes mayores ingresos perciben aporten más, con la aplicación de mecanismos de control y penalización rigurosos y efectivos contra la evasión fiscal, eliminando los gastos superfluos que realizan las instituciones, incluyendo los jugosos salarios y privilegios que reciben los ministros, diputados, magistrados, directores y otros altos funcionarios. Requiere, además, revisar las llamadas “ exenciones fiscales ” que se otorgan a las empresas transnacionales y al gran capital nacional.

Contrariamente, los cambios tributarios realizados hasta la fecha y la política económica en general, han profundizado estas distorsiones, perjudicando las remuneraciones de los asalariados.

Hoy, se pretende imponer un incremento de 40% en el impuesto de ITBMS (de 5 a 7%), lo que generará una cadena de aumento de precios, pues, como en diversas ocasiones lo ha señalado la patronal “ los aumentos de costo de producción se lo trasladamos a los consumidores ”.

Se insiste en que los bienes y servicios que verán aumentado el ITBMS no lo consume el pueblo, con lo cual parten del criterio que el pueblo trabajador solo puede aspirar al mínimo consumo. Señalan que la eliminación del ISR (impuestos por el lado del ingreso) a una parte de los asalariados compensará los aumento por el lado de los impuestos al consumo, lo que resulta una falacia en la medida que hoy un grupo de trabajadores no paga ISR, con lo cual no tiene renta sustituta para cubrir el alza impositiva; quienes se encuentran desempleados verán aún más caótica sus posibilidades de adquirir la cesta de alimentos y otros bienes y servicios; a quienes supuestamente se les elimina o reduce el pago de ISR éste no logra cubrir el incremento del impuesto por el lado del consumo.

Las reformas, una vez más, benefician por el lado del ISR a la gran empresa, que ve reducidos sus aportes al Fisco, con lo cual el sistema sigue siendo regresivo.

Frente a ello, señalamos nuestro rechazo a las inconsultas reformas tributarias, demandamos un proceso de evaluación de la política de gastos que ejecuta el gobierno. Llamamos al pueblo a rechazar estas reformas que lesionan aún más la calidad de vida de la mayoría de los panameños.

El pueblo se moviliza en rechazo a la política antipopular de Martinelli, el día 18 de marzo estaremos en las calles junto a las organizaciones de la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo que han convocado a una gran marcha, porque ahora le toca al pueblo.. organizarse y luchar.

Librered

MARTINELLI CLAVA UN PUÑAL AL PUEBLO: GOBIERNO PANAMEÑO PONE FIN A LA OPERACIÓN MILAGRO

(ALBA TV).- El gobierno panameño anunció el desmantelamiento de la Operación Milagro y comunicó a los médicos cubanos al frente del programa de Salud oftalmológica que deben abandonar Panamá el 30 de abril.

La decisión fue divulgada por el ministro de Salud, Franklin Vergara, quien señaló que el programa solidario será sustituido por el Proyecto Visión 20-20, dirigido por médicos panameños.

Operación Milagro es un programa de cooperación, suscrito entre los gobiernos de Cuba y Panamá, que ha permitido, hasta ahora, la realización de 50.000 cirugías en pacientes pobres, en especial campesinos e indígenas, con padecimientos que afectaban su visión.

Los médicos cubanos enviados a Panamá han atendido a personas con diferentes patologías oftalmolgicas.

Cuba suministró el equipamiento de los quirófanos, personal médico y de oftalmología, sin costo alguno para Panamá. Adicionalmente, instaló en este país equipos avanzados para el tratamiento de pacientes diabéticas con problemas oculares.

Al respecto, el representante de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá, Alejandro Núñez, dijo a dpa que Operación Milagro se deriva de cooperación bilateral vigente. Añadió que "nosotros (los cubanos) no vinimos aquí a hacer negocios" en materia de Salud.

Sin embargo, Núñez prefirió no emitir comentarios sobre la sorpresiva decisión del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, hasta que La Habana evalúe la situación.

Cuba y Panamá mantienen aún vigentes programas de cooperación en materia educativa, cultural y deportiva, y se desconoce si serán sometidos a una revisión, como parte del nuevo rumbo de la política exterior panameña.
Fuente: Prensa del Pueblo

Panamá: El peligro de ser indígena

Panamá: Ser indígena se está poniendo peligroso en Panamá

Movimiento de la Juventud Kuna, 3 de diciembre 2009.- Pertencer a un pueblo indígena se está poniendo peligroso en Panamá. De un plumatazo se borran acuerdos internacionales con el Banco Mundial que elimina el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que como en tiempos de la colonia española se quemaban códices Mayas, los grabados indígenas, la historia, la lengua. Lucy Molinar, la actual Ministra de Educación está prohibiendo soñar, hablar, escribir en lengua Kuna, Gnäbe, Emberá, Buglé, Bri Bri a las siguientes generaciones.
Ser miembro de una comunidad indígena es imposible, ni pensar en participar en ceremonias, practicar danzas ancestrales, contar cuentos a orillas de las nubes, beber agua fresca de las cordilleras. En pleno corazón de la Comarca Ngäbe Bugle el gobierno ha manifestado la apertura de la Minera de Cerro Colorado, sin importarles los poblados indígenas que se encuentran aledañas. Ser indígena para el Estado significa: invasor, errante, extranjero en sus propias tierras y territorios.

Ser Pueblo Naso implica peligro para la empresa Ganadera Bocas S.A, porque violenta el derecho a la propiedad privada que está por encima de la propiedad colectiva y nada vale que la Nación Naso estuviera antes de la creación de Estado panameño, mucho antes de la invación y colonización española, mucho antes que esta empresa comprara esas tierras. Ser del Pueblo Naso significa para el gobierno: Pueblo en vía de extinción, que al expulsarlos de sus tierras ancestrales servirán de pasto para el engorde de las vacas.

Ser niña o niño Buglé, Wounaan o Dule, es estar en la estadística de mayor alto de analfabetismo en Panamá, es el índice mayor de muertes y desnutrición infantil. El gobieno justifica que estos niños indígenas no merecen sus tierras heredadas de sus ancestros, por el alza de la gasolina, por el aumento del costo de la electricidad y que el sacrificio de un pequeño grupo de infantes significaría un alivio a la ciudadanía panameña, a la empresa privada, a las transnacionales que invierten y generan ingresos en el país. Ser niño indígena significa pobreza para el nuevo gobierno, seres sin herencia cultural o sin derechos a la tierra a pesar de que vivan en tierras con rica diversidad biológica.
Ser Ngäbe, Emberá, Teribe, Wounnan, Buglé, Naso, Bri Bri, Kuna tiene el terrible pensamiento, la maldita forma de ver, oler, oír, sentir la tierra no como un bien, un valor, una cosa sino como ser viviente Nuestra Madre Tierra, los ríos hermanos, el mar nuestra abuela, los árboles nuestros hemanos, las estrellas nuestras hermanas, ese extraño pensamiento, sentimiento nos llega a través de historias orales, de la sangre derramada de millones de los nuestros, como verla morir, como escucharla morir detrás de una cerca de ganados, desangrada por minas, hidroeléctricas. Ser indígena para el gobierno de Martenilli es tener malos sentimientos, perversos sentimientos.
La política del nuevo gobierno hacia los Pueblos Indígenas ha sido en los primeros 6 meses de amenazas, expulsión de sus territorios, balas, perdigones, destrucción de casas, hambre, muerte, promueve la división de las dirigencias indígenas, firma acuerdos con supuestos dirigentes, irrespeta a las instituciones política tradicionales, utiliza medios de información para promover las bondades de la minería e hidroeléctricas, expresa a través de sus ministros que no crean en los derechos ancestrales ni en los acuerdos internacionales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas..
Antepone las balas al dialogo, impone 21 concesiones mineras en los territorios ancestrales, expropia costas para el turismo residencial. El principio de consentimiento previo, libre e informado les vale mierda. Ser defensor de la Tierra, ambientalista, dirigente, se está poniendo peligroso en Panamá.
.-.-.-.-.-"Uno no vende la tierra por la cual camina su pueblo", Tashuhka Witko "Caballo Loco"
1840- 1877

Panamá: Desalojo de indígenas y violencia

Indígenas Naso denunciarán a Panamá ante la CIDH

Más de 300 efectivos de la Polícia Nacional antimotines de Panamá desalojaron este viernes a indígenas de las comunidades Naso de San Juan y San San Druy en Bocas del Toro, las cuales son reclamadas por la Empresa Ganadera Bocas S.A. Las comunidades denunciaron que la polícia destruyó casas e instalaciones y arrojó gases lacrimógenos contra todos los presentes, incluyendo niños.

Indígenas de la etnia Naso que habitan la caribeña provincia panameña de Bocas del Toro, límitrofe con Costa Rica, denunciarán a Panamá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los desalojos que han sufrido para la realización de proyectos energéticos y ganaderos, violando los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios, informó el sábado un vocero indígena.

La cobarde acción policial trató de ser repelida por el valiente pueblo Naso, no obstante la fuerza del poder represivo se impuso revelando así la escalada de violencia del Gobierno contra los pueblos originarios y los sectores en lucha como se demostró durante las protestas de los universitarios contra las 8 bases aeronavales que se pretenden instalar bajo control gringo.

Fuente: Kaos en la Red www.kaosenlared.net

Panamá: Nuevas bases yankis

PANAMÁ FIRMARÁ INSTALACIÓN DE BASES DE EEUU EN SU TERRITORIO ANTES DE NOVIEMBRE

Por Prensa Web LaRadiodelSur/Agencia

Con este nuevo acuerdo se da un paso más al intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos de la región latinoamericana.

Leer más www.alternativabolivariana.org

Panamá: Las declaraciones del vicecónsul colombiano

Canciller Navarro pide explicación a vicecónsul colombiano

Eduardo Mendoza emendoza@estrelladepanama.com

El primer vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro, citó ayer al vicecónsul de Colombia en Panamá, Juan Carlos Rojas Arango, para que explicara el contenido de sus declaraciones con respecto a la situación de los refugiados colombianos en nuestro país. “Se habla de una cifra de refugiados que realmente desconocemos. En Panamá se encuentran registrados, por la crisis en Colombia, cerca de 900 personas.

Nada de esto corresponde con la realidad, por eso hemos citado al vicecónsul de manera que nos pueda explicar a qué obedecen sus declaraciones y si realmente han sido reflejadas correctamente en el medio al que se hace referencia”, apuntó el primer vicepresidente. Navarro afirma que “Panamá cumple su responsabilidad con los refugiados y extranjeros que residen aquí.”

Por su parte, el vicecónsul colombiano en una entrevista concedida al Diario La Prensa, expresó su preocupación por la situación de los refugiados y en especial los que están en el estatus de protección temporal humanitaria.

“Esta pendiente, por terminar la regularización de los protegidos humanitarios en Darién,

es un compromiso que existe entre ambas naciones, Panamá y Colombia en la Comisión de Buena Vecindad”, señaló el diplomático.

Mientras que el representante en Panamá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), José Euceda, confirmó que la cifra es de 980 refugiados de origen salvadoreño, nicaragüenses, colombianos y en algunos casos de países del Caribe y de Sudamérica.

Mientras que la cifra de protegidos humanitarios asciende a 900 y se encuentran ubicados en la región de Darién.

El representante de ACNUR asegura que se encuentra a la espera de que el gobierno panameño apruebe la residencia permanente para los refugiados de diversas nacionalidades que tienen más de 10 años de vivir en el país.La medida se basa en la Ley 25 que fue aprobada el 24 de marzo del 2008, y sería puesta en ejecución en septiembre del presente año.

Otro de los objetivos que espera ACNUR es que el gobierno otorgue a los 900 protegidos humanitarios que se encuentran ubicados en el sector de Darién, el documento requerido

para obtener el estatus de refugiado en Panamá. A todo esto, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, confirmó que el Estado tiene la disposión de otorgarle a estos refugiados la residencia permanente, una vez sea implementada la ley.

José Euceda ACNUR Panamá “Lo que esperamos del gobierno panameño es que a través de la Ley 25 aprobada el 24 de marzo y que será puesta en ejecución en septiembre del presente año, le otorgue a los refugiados que tienen más de 10 años en el territorio panameño, la residencia permanente. Samuel Lewis Navarro, vicepresidente y canciller

“Nada de esto corresponde con la realidad, por eso hemos citado al vicecónsul de manera que nos pueda explicar a qué obedecen sus declaraciones y si realmente han sido reflejadas correctamente en el medio a que se hace referencia. Se habla de una cifra de refugiados que desconocemos.

Panamá: Utilizan niños pobres para probar vacunas, "voluntariamente"

Quienes defienden el capitalismo, o creen, que pueda existir una forma de capitalismo humano, se equivocan.
No hay nada de humano.
Un par de días atrás, llegué a un sitio en la web de Panamá, "La estrella de Panamá", es el nombre. La parte más interesante fue opiniones.
En una de ellas, leí lo "humano" del capitalismo, el tema, estoy segura haberlo leído anteriormente, en algún sitio argentino, de esas provincias olvidadas, de esos pueblos a los cuales no se les tiene en cuenta.
Tenían de común el uso y abuso de los fármacos, y llegó a mi memoria los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, en los campos nazis de concentración, cuando los seres humanos eran conejillos de indias.
Hoy, los campos de concentración son otros, igualmente aislados, olvidados, allí donde la pobreza reina y los niños son utilizados por multinacionales para experimentar con nuevas medicinas.
Adjunto en este post, las declaraciones que hace David A. Ocalagan B. ,denunciante.

Utilizan niños pobres panameños para experimentos /
David A. Ocalagán B. www.laestrelladepanama.com

David A. Ocalagán B. david_280559@hotmail.com

Es un error que más de 5 mil de nuestros niños pobres participen "voluntariamente" en pruebas de la investigación sobre el desarrollo de una vacuna, para facilitarle a una farmacéutica internacional sus estudios, con consentimientos de sus médicos pedíatras.
Sustento mis criterios como paciente que durante años he luchado porque exista un Sistema Nacional de Farmacovilancia para nuestros medicamentos, insumos y equipos médicos y ha sido imposible lograrlo por la falta de voluntad política.
Sino podemos fiscalizar adecuadamente los efectos de los fármacos que hoy nos recetan, por la ausencia de un organismo funcional y operacional nacional, ¿cómo podemos participar de programas farmacéuticos privados internacionales para el desarrollo de una vacuna, sin la garantía necesaria a la población? Es evidente, es interés particular de algunas personas relacionadas con esta investigación, que representa millones de dólares.
Creo que distintas autoridades del MINSA están jugando con la salud de los panameños con estas autorizaciones de investigación. Los familiares de los 5 mil niños que hoy participan de esta investigación deben conocer, por lo menos, que tienen derecho a un beneficio económico directo, por participar, aunque sea de manera "voluntaria", a una póliza de seguro integral, por posible reacciones negativas a la salud de los niños, por esta investigación. La farmacéutica internacional sabe de esta responsabilidad y deber con las familias, y las autoridades nacionales de Salud también saben que deben garantizar este derecho a esas familias.
Las autoridades sanitarias panameñas deben detener la participación de nuestros niños en esta investigación, por la ausencia de los organismos fiscalizadores adecuados y con capacidad real de verificación continua de los posibles efectos secundarios. De mantenerse esta actividad irregular en Panamá, en forma masiva, nunca antes desarrollada de manera abierta en el sistema de salud nacional, deberán asumir las responsabilidades quienes la están permitiendo. -El autor es paciente de I.R.C.