¿Más libre comercio genera más crecimiento y más bienestar?

Tratados de partenariado económico en África d
Gemma Tarafa y Miquel Ortega

13 de septiembre de 2010
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El marco comercial entre la Unión Europea y África para las próximas décadas se está negociando en la actualidad a través de los Acuerdos de Parteneriado Económico. Las negociaciones, si siguen por el camino actual. no van a ser la solución de los preoblemas que sufren algunos países africanos, al contrario, pueden conllevar severos impactos negativos para amplias capas de la población africana. Los posibles beneficios para determinadas empresas exportadoras europeas y africanas no justifican el sacrificio que pueden suponer los nuevos acuerdos para la mayoría de la población, los perjuicis en el marco de la integración regional africana y la reducción del margen de maniobra macroeconómico y social de los países africanos. Pero no todas las cartas están repartidas, aún es posible cambiar las normas del juego y evitar los impactos negativos que se pueden derivar de estos acuerdos.

La existencia de acuerdos comerciales regionales comienza ya a tener una historia larga. Si bien existían algunos acuerdos desde inicios de los años 60 (la misma Unión Europea nació con un acuerdo de este tipo), es durante los años 90 cuando comienzan su progresión ascendente tanto en número como en temáticas que se incorporan en el ámbito de la negociación.

La mayoría de los acuerdos más actuales incorporan elementos tanto de comercio internacional de bienes como de servicios y muchas veces van acompañados de la incorporación de políticas de “cooperación para el desarrollo”.

Desde el bloqueo de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio en la llamada Ronda de Doha iniciada el año 2001, han sido los acuerdos regionales los que han tomado el relevo de los acuerdos globales comerciales como punta de lanza para el establecimiento de marcos de libre comercio de obligado cumplimiento.

El papel de la UE

La Unión Europea tiene un papel importante en el establecimiento de estos nuevos acuerdos, no sólo porque es la zona mundial con más acuerdos comerciales regionales firmados, sino porque continúa con una activa política de promoción de nuevos acuerdos. Afinales del año 2009 tenía en negociación nuevos acuerdos regionales con Asia (ASEAN, India, Corea), Norte América (Canadá), América Latina (Mercosur), Magreb y Oriente Medio (Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria, Tunicia), Europa del Este (Ucrania) y los países ACP (África-Caribe-Pacífico) que trataremos más en detalle.

A inicios de los 90 los acuerdos de libre comercio se justificaban fácilmente bajo la secuencia:

Acuerdos de libre comercio = más comercio internacional = más crecimiento = más bienestar.

La idea básica era simple: señores gobernantes de los países del Sur, sacrifiquen parte de su margen de maniobra, acordemos a través de los tratados la prohibición de la mayoría de las políticas de gestión del comercio internacional (eliminen las barreras proteccionistas de todo tipo), potenciemos la privatización de buena parte de las estructuras públicas para permitir la competencia internacional, y asumamos la disminución de los recursos públicos obtenidos de los aranceles de las importaciones. Todo ello facilitará tal cantidad de crecimiento y generará tal bienestar que estas limitaciones serán compensadas con creces.

La experiencia ya existente ha mostrado que esta ecuación no se ha cumplido. Los Acuerdos de Libre Comercio no han llevado el bienestar prometido, al contrario, en demasiadas ocasiones han dificultado el desarrollo de los países y esto ha conllevado más pobreza para buena parte de la población que se ha visto desbordada por la situación.

Ante esta constatación, el discurso actual no ha cambiado significativamente, únicamente se han hecho matizaciones. Se sigue argumentando que la solución mágica pasa por el aumento del comercio internacional garantizado por los acuerdos regionales de libre comercio. La única novedad consiste en reconocer que quizás sea necesario pasar por una breve fase de “ajuste”, en la que los conflictos sociales ambientales y sociales se agudicen, pero, tras ella, de nuevo se encontrará la “tierra prometida” del mayor bienestar. Es una versión contemporánea de la conocida en la literatura internacional como “curva de Kuznets". La integración de las políticas de cooperación con las políticas comerciales se justifica justamente para facilitar el paso “del mal trago” en esta fase de transición.

¿Cómo se alcanza el bienestar?

¿Qué evidencias existen de que estos procesos se hayan dado en las experiencias existentes? No existen. La inmensa mayoría de los estudios muestran que, al contrario, no se puede asumir que un mayor comercio internacional acabe generando mayor bienestar ¿Por qué? Básicamente porque el proceso de generación de bienestar es más complejo que el de generación de riqueza (aumento del PIB), requiere entre otros muchos factores:

• La existencia de un sistema democrático que permita una adecuada conexión entre demandas ciudadanas y políticas públicas. Lo contrario conlleva procesos de concentración económica en pocas ilustramanos y abandono de las partes más desfavorecidas por los ajustes económicos generados. No es difícil pensar en numerosos países con sistemas poco democráticos en los que unas pocas familias -oligarquía local - con seguridad van a concentrar toda la riqueza que en el mejor de los casos se pueda generar en determinados sectores asociados a un mayor comercio internacional. La Unión Europea en la práctica, cuando negocia acuerdos regionales, no diferencia entre países con dictaduras o democracias, con buenos o malos sistemas de salvaguarda de los derechos humanos, etc. La razón es simple, pese a la retórica de desarrollo y comercio internacional, la Unión Europea está simplemente favoreciendo la internacionalización de la economía europea, los impactos exteriores están siempre a la cola de las prioridades en la negociación. Un ejemplo, la Unión Europea, a través de los Economic Partenership Agrements (EPAs), quiere fijar las normas del comercio internacional de los países africanos con la Unión Europea para las próximas décadas, las negociaciones las están llevando a cabo con países con importantes problemas democráticos.

Según el Democracy Index de la revista The Economist, en el año 2008, de los 44 países africanos analizados, uno de ellos era considerado como una democracia plena, Mauricio, mientras que Sudáfrica estaba en el límite, 15 se consideraban como estados híbridos y 22 como estados con regímenes autoritarios y/o estados fallidos. Nada de lo anterior impide a la Unión Europea presionar a los países para que hipotequen su futuro durante décadas de manera inmediata y en total desconexión sobre la legitimidad de los firmantes y las derivaciones para sus sociedades.

• Capacidad para regular e implementar las políticas públicas. Es decir, una administración que funcione bien, con capacidad para establecer normativas en todas las zonas del país y capacidad para cumplirlas. No es difícil pensar en numerosos países donde esta condición no se cumple, en particular la parte de implementación de las políticas. Pese a ello, las únicas medidas con las que se apoya a los países para mejorar la capacidad legislativa y de implementación son ayudas para la buena gobernanza, pero en ningún caso se establece el conseguir los objetivos de buena gobernanza como pre-condición para la entrada en vigor de los acuerdos comerciales firmados, aspecto éste que sería lógico si verdaderamente se priorizara el desarrollo frente a la internacionalización per se.

• Capacidad para recaudar por otras vías que no sean aranceles y capacidad para redistribuir. No es casualidad que en muchos países sean los aranceles uno de los sistemas principales de financiación estatal, son simples de recaudar y en muchas ocasiones se pagan en monedas fuertes. El proceso de transformación a un sistema de recaudación basado en impuestos directos (sobre el margen de beneficio empresarial de las empresas locales) e indirectos (sobre el consumo, por ejemplo) es extraordinariamente complejo y tiene impactos redistributivos muy importantes. Las incipientes clases medias, los pequeños empresarios y el conjunto de ciudadanos, deben pagar por unos servicios (educación, sanidad, infraestructuras) que en muchas ocasiones no existen o son de calidad paupérrima. No hace falta ser un visionario para comprender que estos procesos requieren un ritmo paulatino y muy adaptado a la capacidad de la sociedad en la que se lleva a cabo para no acabar generando importantísimos conflictos sociales y/o la imimposibilidad práctica del cambio de política fiscal y la consecuente reducción de los ingresos de la administración pública. Sin embargo, la Unión Europea, en las negociaciones de los EPAs, mantiene una posición muy inflexible en los plazos y condiciones de liberalización. Durante años ha presionado a los países del ACP para que acepten una liberalización mínima del 80% en un plazo de 15 años, una imposición que ha encontrado la oposición de muchos países africanos que han mostrado su desacuerdo ya que no existe ninguna barrera técnica para mantener inamovibles estos aspectos, se trata meramente de una imposición.

• El no uso de otros mecanismos que falsean la competencia. Si se eliminan los aranceles y otros sistemas de limitación a la entrada de productos del ámbito internacional, pero al tiempo uno de los dos partners mantiene un sistema de fuertes subvenciones a la producción, lo único que se consigue es una inundación de productos en el país con menos recursos para subvencionar a su industria o servicios. Es exactamente lo que pasa entre la Unión Europea y África, la apertura del mercado entre ambos actores no conlleva un libre-comercio, sino un comercio desigual pues no se han retirado previamente todo tipo de ayudas a las empresas europeas.

• Los marcos normativos comerciales internacionales van antecedidos de regulaciones ambientales y laborales internacionales de obligado cumplimiento. Si se anteponen los acuerdos comerciales a los otros tipos de acuerdos se produce la situación ideal para que se genere una situación de injusticia ambiental o social en la que los países con menos recursos acaben acumulando las industrias o negocios con mayores impactos indeseados, pues la lógica del mercado desplaza a las actividades más contaminantes y/o problemáticas desde el punto de vista social a las zonas con mayores externalidades, es decir costes menores. Detrás de la ecuación a más comercio internacional, más crecimiento y por tanto más bienestar encontramos, entre otros, al Consejo Europeo y a la Comisión Europea. Esta última tiene el mandato del Consejo para llevar a cabo las negociaciones y así lo está haciendo dese el año 2001. Aparte de la Comisión Europea, hay cuatro órganos más implicados en las negociaciones: Comité 133, Grupo Regional ACP (África, Caribe, Pacífico), Comité de Comercio Internacional (INTA) y Asamblea Parlamentaria Conjunta de la Unión Europea y de los países ACP. La función y la importancia relativa de los mismos varía según sea la fase de negociación y aprobación de los acuerdos. El Gobierno español tiene presencia en todos ellos [1].

Muchos de los acuerdos comerciales ya aprobados deben ser ratificados en los parlamentos de los países implicados. Aquí, conociendo qué actores españoles forman parte de todo este proceso, tenemos una nueva oportunidad, seguramente una de las últimas, para seguir tratando de impedir que estos acuerdos sigan avanzando.

Fuente: OMAL

Chile: Requerimiento ante el TC por ley que privatiza el mar: el primer hito para un nuevo ciclo

Aunque parezca incríble, un día antes del cambio de gobierno, el Parlamento chileno aprobó un proyecto que supone la privatización del mar. Las urgencias del desastre del 27 de febrero impidieron conocer al país esta importante noticia. La citada ley, que reforma la Ley de Pesca y Acuicultura, bscaba salvar a las empresas salmoneras, industrias que mueren fruto de sus propios errores y horrores: destrucción del medio ambiente por una ambición desmedida y una irresposabilidad a toda pruba.

La privatización consiste en que se autoriz a las salmoneras entregar las concesiones acuícolas, mar incluído, en calida de hipote ante las instituciones financieras.

Es decir, para salvar a unos pocos empresarios que se farrearon la posibilidad de haber desarrollado una industria exitosa basada en criterios mínimos y básicos de respeto medioambiental, sanitario y laboral, se les entrega en propiedad el mar y una costa que se supone son de todos los chilenos.

El mar es y siempre ha sido un bien nacional de uso público que nos pertenece a todos. Nunca en la historia algún país había permitido hipotecar el mar. No sólo es un escándalo, sino que también es la renuncia de nuestro país a la soberanía sobre su territorio.

Frente a esta situación, 34 diputados, en coordinación con la campaña Salvemos el Mar Chileno y el apoyo de los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro, recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta abominable normativa. Estamos seguros de la consistencia de nuestros planteamientos y de que el TC sabrá reconocerlo.

Es importante señalar que el proyecto en cuestión, junto con entregar en propiedad un bien nacional de uso público como es el mar, conlleva un evidente favoritismo a favor de un sector de la sociedad chilena como es el salmonero.

El proyecto además contiene evidentes vicios de forma que el TC no puede soslayar. Entre estos destaca el hecho de no haber consultado a la Corte Suprema cuando por la materia que se trataba el procedimiento lo exigía.

Queremos destacar la decisión patriótica e histórica de los diputados firmantes, de recurrir al TC para impedir que se convierta en ley el último y más leonino de todos los proyectos de la Concertación por la Democracia, que fue promovido por la banca y las salmoneras. Es necesario señalar que, en su mayor parte, los diputados firmantes del requerimiento pertenecen a este conglomerado político. Esto muestra una voluntad de enmendar los graves errores cometidos lo que podría marcar un giro en las definiciones políticas bajo nuevos liderazgos y el inicio de un nuevo tiempo, alejado de la ortodoxia neoliberal. Está por verse.

Cabe consignar que este requerimiento lleva la rúbrica de la presidenta de la Cámara de diputados, Alejandra Sepúlveda (PRI), de los tres diputados comunistas, de la totalidad de los diputados PPD y radicales, así como de la casi totalidad de los diputados socialistas con la salvedad de Clemira Pacheco y Fidel Espinoza. También suscribieron el requerimiento los democratacristianos Pablo Lorenzini y Víctor Torres, y el independiente por Magallanes Miodrag Marinovic. Ningún diputado de derecha lo firmó.

Debemos destacar que respondiendo a una solicitud de nuestra campaña, participó en la redacción del requerimiento el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, quien diez años atrás había llevado al TC la ley que creaba el Tratado Minero con Argentina, la que fue cercenada en sus alcances desnacionalizadores por este tribunal. El abogado patrocinante del actual requerimiento fue Lorenzo Soto.

El hecho de que haya existido el interés, la voluntad y la decisión de formular ante el TC esta solicitud de inconstitucionalidad de la privatización del mar constituye un hito desde donde poder comenzar a construir un nuevo escenario social y político para un debate participativo en la sociedad chilena respecto de lo que queremos o no hacer con nuestro territorio y en materia pesquera y acuícola.

Campaña Salvemos el Mar Chileno: contra la privatización del mar
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TEMAS CRITICOS DE LA LEY PARA LA SALMONICULTURA

1.- HIPOTECA

Se instituye por primera vez en el derecho chileno la institución civil de la hipoteca aplicable para bienes nacionales de uso público, desnaturalizando la institución.

La hipoteca es un gravamen aplicable en el orden civil y comercial a bienes inmuebles (Bs. Raíces) establecido con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles.

El proyecto lleva la hipoteca al ámbito de los bienes nacionales de uso público (fondo o porción de mar) a fin de caucionar las obligaciones que hoy no pueden cumplen cumplir las industrias salmoneras con la banca. Así la industria valoriza sus activos por ley, los bancos se hacen de un garantía que permita respaldar los créditos de la industria y esta con cargo a bienes de todos los chilenos harán frente a sus insolventes obligaciones.

Este artilugio es claramente inconstitucional por cuanto establece un privilegio con el que no cuentan otros sectores, grupos o personas (discriminación arbitraria).y porque en la práctica es una privatización encubierta del mar que incluso va más allá de la privatización que se hizo de las aguas continentales en los 80, ya que hoy se compromete la soberanía nacional.

El texto aprobado en las Comisiones del Senado es::

17) Agrégase el siguiente artículo 81 bis:

“Artículo 81 bis.- Sin perjuicio de otros negocios jurídicos, podrá constituirse hipoteca sobre la concesión o autorización de acuicultura, la que deberá otorgarse por escritura pública e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces que tenga competencia en la comuna en la que se encuentre ubicada la concesión o autorización. La hipoteca se someterá a las disposiciones contenidas en el Título XXXVIII del Libro IV del Código Civil, denominado “De la Hipoteca”, en lo que no se opongan a las disposiciones de esta ley. La hipoteca se extenderá sobre los derechos de uso y goce que otorga la concesión.

No se aplicarán las causales de caducidad de las concesiones y autorizaciones de acuicultura sobre las cuales se haya trabado embargo o dictado una medida prejudicial o precautoria fundada en la hipoteca, entre la fecha de la resolución que los decrete y la fecha de inscripción de la concesión o autorización del nuevo titular que se la haya adjudicado en venta forzada. La misma norma se aplicará en los casos de declaración de quiebra o presentación de convenio preventivo del titular de la concesión o autorización de acuicultura hipotecada o del deudor del crédito garantizado con la hipoteca de la misma.

El beneficio de que trata el inciso anterior no podrá exceder de tres años. La aplicación de causales de caducidad comenzará nuevamente a regir desde la fecha del vencimiento de este último plazo o a partir de la fecha de la enajenación de la concesión o autorización, según cual sea el evento primero en ocurrir.

En caso que se hubiese convenido que la concesión o autorización hipotecada no puede gravarse o enajenarse, deberá inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces respectivo, y su infracción dará derecho al acreedor para exigir su inmediata realización, considerándose la obligación caucionada como de plazo vencido.

Si vencido el plazo de no aplicación de las causales de caducidad, se encontrare pendiente la realización de la hipoteca, el acreedor hipotecario podrá pedir su inmediata realización, aunque se hubieren opuesto excepciones.

El juez deberá decretar la inmediata realización de la hipoteca, solicitando al acreedor hipotecario que caucione previamente las resultas del juicio.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez no podrá decretarla si el deudor hubiere fundado su oposición en alguna de las siguientes excepciones:

3) Pago de la deuda.

2) Prescripción.

3) No empecer el título al ejecutado. En este caso, no podrá discutirse la existencia de la obligación hipotecaria, y para que sea admitida a tramitación deberá fundarse en algún antecedente escrito y aparecer revestida de fundamento plausible. Si no concurrieren estos requisitos, el tribunal la desechará de plano.

En estos casos, la oposición se tramitará como incidente. La apelación de las resoluciones que se dicten en contra del demandado se concederá en el solo efecto devolutivo. El tribunal de alzada podrá decretar, a petición de parte, la suspensión del cumplimiento de la sentencia del de primera instancia mientras se encuentre pendiente la apelación, si existieren razones fundadas para ello, lo que resolverá en cuenta.

Desechada la oposición formulada, se procederá al remate de la concesión o autorización hipotecada.
El cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y sus reglamentos seguirán siendo de cargo del titular o del ejecutante, según corresponda, mientras no se adjudique la concesión o autorización a un tercero.

La no aplicación de las causales de caducidad antes señaladas no regirá en los casos en que el ejecutante o el adquirente, en venta forzada, sea la misma persona natural o jurídica titular de la concesión o autorización de acuicultura o personas vinculadas a ella. Se entenderá por personas vinculadas, las personas naturales que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad inclusive o quienes sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad, así como toda entidad controlada, directa o indirectamente, por cualquiera de ellos; sus socios, si se trata de una sociedad de personas, sea que participen directamente o a través de otra persona vinculada, sea ésta natural o jurídica; las sociedades de personas que tengan uno o más socios en común, directamente o en la forma señalada precedentemente; las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad; las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada a que se refiere el Título VIII de la ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital o del derecho a voto.

Se entenderá como concesión o autorización de acuicultura nueva para los efectos del artículo 142, aquélla que sea inscrita como resultado de una venta forzada o efectuada de conformidad al Libro IV del Código de Comercio, denominado “De las Quiebras”, con la excepción de lo señalado en el inciso anterior.

En cualquier caso, el adquirente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 71 de esta ley. El procedimiento de ejecución no habilitará la adquisición de la concesión por parte de una persona jurídica que no tenga dentro de su objeto social la actividad de acuicultura, salvo en el caso que se trate de un banco y para el solo efecto de enajenar la concesión, de conformidad con el artículo 84, N° 5, letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Bancos.”.

DERECHOS LABORALES

El segundo tema crítico del proyecto de ley son los derechos laborales. Este tema fue incluido como una forma de compensar o paliar en parte el déficit y deuda del proyecto con uno de los grandes temas pendientes que causó el descalabro de la crisis de la salmonicultura: la cesantía y precariedad de las condiciones laborales de la industria (sin mencionar el tema ambiental). Además el tema fue iniciativa de una indicación del Senador Muñoz que el Ejecutivo se vio obligado a considerar para viabilizar el proyecto. La iniciativa consistía en establecer una nueva causal de caducidad de las concesiones acuícolas asociadas al incumplimiento de las obligaciones laborales de la industria. Evidentemente la industria y Economía se opusieron argumentando que eran demás que no podían mezclarse y que nada tiene que ver la ley con el tema laboral.

Así por medio de una indicación sustitutiva se desnaturalizó la iniciativa original aprobada mediante un alambicado sistema de incumplimiento laboral que en la práctica hace imposible incurrir en la causal de caducidad, porque:

- Se requiere de 3 sanciones judiciales ejecutoriadas ( sacnionadas en 1ª, 2ª y ultima instancia (Corte Suprema)).
- Ello en 3 ciclos productivos continuos (con uno intermedio no corre la sanción).
- Las sanciones deben ocurrir en un mismo centro de cultivo.
- Respecto de trabadores del concesionario del centro (no corre si son contratistas).
- Como contra excepción, la Subsecretaria de Pesca puede igualmente renovar la concesión si hay conducta posterior irreprochable

19) En el artículo 84:

a) Intercálase en el inciso primero, a continuación del punto seguido que pasa ser coma, la siguiente oración “salvo en el caso de concesiones o autorizaciones de acuicultura cuyo proyecto técnico considere peces exóticos, las que pagarán 10 unidades tributarias mensuales por hectárea.”.

b) Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos:

“El titular de la concesión o el que realice actividades de acuicultura a cualquier título que cometa una práctica desleal o antisindical, será sancionado con una multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. Las sumas recaudadas por este concepto se distribuirán entre las regiones y comunas en la forma señalada en el inciso segundo de este artículo.

No se renovará la concesión al titular que no se encuentre al día en el pago de la multa a que se refiere el inciso anterior.

Tampoco se renovará la concesión al titular que acumule tres sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales en tres ciclos productivos continuos. Las infracciones deberán referirse a hechos acaecidos en un mismo centro de cultivo, respecto de trabajadores del concesionario que hayan prestado sus servicios en el referido centro en la época de ocurrencia de la infracción.

Con todo, la Subsecretaría podrá renovar la concesión al titular si, previo informe de la Dirección del Trabajo, constata una conducta laboral irreprochable del concesionario con posterioridad a los hechos que configuraron la sanción prevista en el inciso anterior.

Las multas por prácticas desleales o antisindicales aplicadas al titular de una concesión se contabilizarán respecto de sus sucesivos titulares cuando la transferencia de la concesión se efectúe directa o indirectamente a una persona o empresa relacionada a que se refiere el artículo 81 bis de esta ley.”.

MEDIO AMBIENTE

Este tema es absolutamente secundario o accesorio a los propósitos del proyecto, a pesar que es uno de los pilares del descalabro de la industria.

- Las áreas aptas para la acuicultura hoy existentes fueron definidos con ausencia o falta de antecedentes científicos y técnicos que permitieran determinar el impacto ambiental o la capacidad de carga de los ecosistemas intervenidos.
- El reordenamiento en barrios sanitarios que propone el proyecto por tanto carece de esta base de datos científica.
- No existe ningún compromiso o responsabilidad sobre el impacto ambiental causado. Es decir, la industria dejará zonas contaminadas por otras limpias u puras sin pagar por haber contaminado, principio fundante de la legislación ambiental.

- Todas las normas ambientales establecidas son aplicables a futuro y de manera genérica, ambiguo o indeterminada del tipo “se harán estudios que considerarán o contemplarán medidas de prevención de escape de peces.

Los buitres de Europa

El mundo ha visto las nefastas consecuencias del neoliberalismo y del llamado “libre comercio” sobre la población más pobre. Los excluidos de servicios básicos como el agua potable o la salud tienen menos esperanza de recibirlos cuando se privatizan y la alimentación de los pueblos va quedando en manos de los monopolios que controlan el comercio global. El modelo neoliberal ha matado a millones de personas víctimas de una avaricia que amenaza con quebrar el sistema y con destruir la vida del planeta.

Por eso indigna que algunos gobiernos insistan en profundizar un modelo que sólo ha beneficiado a las empresas transnacionales, gobernantes dispuestos a llevar a niveles inimaginables el sufrimiento de las gentes del sur del mundo.

¿Cómo se puede entender que el socialista Sr. Rodríguez Zapatero, Presidente de la Unión Europea y de España, se haya propuesto -como prioridad- firmar este semestre un tratado de libre comercio con Colombia?

En ese país nuestro y cada vez de menos gente, el 70% de la población se alimenta gracias a los campesinos quienes a pesar del terror desatado aún producen alimentos para los mercados locales a precios asequibles. Nuestra comida no se la debemos a las trasnacionales de Europa, ni a la Organización Mundial del Comercio, ni a las leyes del mercado. Si por ellos fuera estaríamos pasando el hambre que hay en Africa.

Pero nuestros campesinos no tienen apoyo del estado para producir alimentos; allá no se dispone de los 70 mil millones de dólares con los que Europa subvenciona cada año la producción de sus alimentos. Un tratado comercial entre estas economías tan desiguales quebrará a los campesinos colombianos y el hambre se extenderá sobre nuestro país.

El impacto en la salud pública con el acuerdo comercial puede ser devastador. Con salarios inferiores a 200 euros mensuales la mayoría de la población colombiana quedará excluida del acceso a los servicios de salud privatizados. La UE pretende extender en Colombia el tiempo en que los monopolios farmacéuticos cobran por sus patentes, esto incrementará el precio de las medicinas a niveles impagables para nuestras gentes.

El tratado abre a las trasnacionales europeas el privilegio de tomarse las empresas nacionales y de saquear los recursos naturales y el mercado interno casi gratis, incluida la mano de obra como ya ocurre con los contratos basura que imponen las empresas españolas a los trabajadores colombianos.

¿Por qué el señor Rodríguez Zapatero se empecina en destruir lo que nos queda de soberanía alimentaria y de seguridad social, en cuya defensa hemos puesto miles de muertos del moviendo sindical y campesino colombiano? ¿No sabe que está vendiendo armas e impulsando negocios con el país más peligroso del mundo para la actividad sindical? Solo en el gobierno de Uribe Vélez han sido asesinados 587 sindicalistas según las cifras del propio Ministerio del Interior colombiano, 39 el año pasado.

¿Desconoce Europa que en Colombia se han cometido en la más absoluta impunidad más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales de civiles por miembros del ejército nacional y que el propio gobierno colombiano tiene nexos con los grupos paramilitares, responsables de miles de crímenes de guerra?

Estamos seguros que lo sabe, pero no le importa. El ministro español de economía Miguel Angel Sebastián lo justifica recurriendo al cinismo: “poner trabas al proceso del libre comercio no va a mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia…"

La Unión Europea sabe que Álvaro Uribe necesita la firma del tratado de libre comercio para lucirlo como una absolución de la civilizada Europa para los crímenes de estado que viene cometiendo y aprovecha la tragedia del pueblo colombiano para conseguir mayores gabelas para sus trasnacionales. Los sindicatos colombianos y sus colegas de los sindicatos europeos han pedido a la Eurocámara que no refrende ese acuerdo comercial si el Gobierno de Uribe no mejora la situación de los derechos humanos. Pero a los empresarios europeos esto les importa un bledo. No tienen corazón, solo bolsillos. Más que empresarios parecen buitres pues su consigna es “al caído, caerle”.

Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias

Uruguay y Perú exploran posible TLC

Montevideo,21 (Ansa).- Uruguay y Perú exploran posibilidad de acordar un Tratado de Libre Comercio que permita aumentar el intercambio comercial que el año pasado rondó los 80 millones de dólares, reportó hoy la prensa local.

"Hay buena disposición política", dijo al diario El Observador el agregado comercial de la embajada de Perú en Montevideo, Ricardo Romero. Uruguay tiene por ahora y desde 2004 un TLC con México y como miembro del Mercosur (con Paraguay, Brasil y Argentina) otro acuerdo de ese tipo con Israel

Jorge Rosales, jefe de cancillería de la representación diplomática del país andino, añadió que la relación entre los dos países "experimenta un crecimiento" en áreas diversas como derechos humanos, medio ambiente y posiciones conjuntas en ámbitos internacionales.
Rosales aclaró que una eventual firma de un TLC, además de llevar tiempo, "implicará una evaluación precisa de los sectores de la economía de los dos países".

Colombia: ¿EN CUÁNTAS RONDAS SE NEGOCIARÁ LA ENTREGA DE LA SOBERANÍA?

Parti-Sí-Pa 191
Acto simbólico por una verdadera Independecia

A la antipatriótica maniobra presidencial de aceptar el acantonamiento de soldados estadounidenses en 5 (podrán ser 7) bases militares colombianas, se le suma la V ronda de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de quienes el país se independizó hace 199 años.
Esta semana en Lima, el mal llamado ‘equipo negociador’ de Uribe Vélez, que está al servicio de las transnacionales extranjeras, pretende firmar dicho TLC, que le entrega el control de los recursos mineros, energéticos, la biodiversidad y el agua a las empresas europeas.

Es el mismo propósito al que apunta la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, desde donde –además– se amenaza e intimida al resto del continente latinoamericano. Recolonización por las buenas o por las malas, es el evidente propósito de los TLC y las bases militares.

Colombia y América Latina en su conjunto se encuentran en medio de la disputa de las grandes potencias que se adueñarán de la inmensa riqueza del territorio y sus gentes.
En el caso colombiano con la complicidad de un gobierno ilegítimo que tiene la imperiosa necesidad de anular todo vestigio de dignidad, traicionando a su pueblo y agrediendo a sus vecinos, a cambio de una carta de absolución por las violaciones a los derechos humanos y democráticos que se ejecutan sistemáticamente desde su despacho.

Por todos los flancos se amenaza a la soberanía nacional. Ya sea con bases militares, la máxima agresión imperialista, o con Tratados de Libre Comercio de anexión. Así las cosas, el futuro de los colombianos bajo este régimen será el de postrarse a los intereses extranjeros, reviviendo lamentables periodos de dominación, saqueo y esclavitud.

Para rechazar y evitar la firma de este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la presencia de militares estadounidenses en Colombia, invitamos a los colombianos a participar en el acto simbólico que se llevará a cabo el viernes 24 de julio de 2009 a las 12 del medio día frente a la casa del Florero (Plaza de Bolívar).

¡GRITA INDEPENDENCIA! NO AL TLC CON LA UNIÓN EUROPEA, NO A LAS BASES MILITARES ESTADOUNIDENSES. POR LA SOBERANÍA Y LA DEMOCRACIA, NO A LA REELECCIÓN

Gran Coalición Democrática Central Unitaria de Trabajadores – CUT Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio - RECALCA Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC Federación Colombiana de Educadores – FECODE Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU Organización Colombiana de Estudiantes – OCE Poder Ciudadano Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria Liga de Usuarios de Servicios Públicos Escuela Sindical Raúl Eduardo Mahecha Centro de Estudios del Trabajo - CEDETRABAJO Comité Colombia de lucha contra el ALCA y los TLC Colectivo Guillermo Marín Movimiento para la Constituyente Popular

24 de julio 2009, frente a la casa del Florero, 12 del medio día

Fuente: Comisión de Justicia y Paz: www.justiciaypazcolombia.com
justiciaypaz@justiciaypazcolombia.com