Memoria del desprecio - Horacio Verbitsky

Uno de los casos que fundamentan la denuncia penal y el juicio político contra el camarista Luis Miret es la privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación de Luz Faingold, entonces, 16 años. Luego de un doloroso proeceso persona y familiar, relata aquellos episodios. "Miret nos despreciaba como si él fuera nazi y nosotros judíos, con un odio que nunca más vi en mi vida". Hoy no alberga sentimientos de venganza, sino de justicia.

Aún hoy, a 35 años de la pesadilla, es una mujer joven, porque entonces era apenas una niña.

La pequeña productora agropecuaria Luz Amanda Faingold Casenave cosecha uva y aceitunas en una finca de 17 hectáreas. Su esposo murió en un accidente de auto hace nueve años. Con él tuvo tres hijos, que recién hace un mes conocieron por una nota de este diario lo que había padecido su mamá. El entonces juez Luis Francisco Miret la mantuvo detenida durante tres semanas, una de ellas incomunicada, en calabozos policiales en los que fue torturada y violada a sus 16 años. La conmoción familiar fue enorme al saber que luego de su secuestro en Guaymallén había sido violada en el D2 policial, donde Miret la alojó pese a su edad.
“Al principio me costó darme cuenta por qué se incluyó mi nombre en la nota. Pero luego entendí que tenía que saberse toda la verdad”.

A raíz de la publicación “me puse a pensar en los delitos que se cometieron en relación a otras chicas, lo había olvidado. No había vuelto a hablar de este tema” agrega. La violación era el matiz específico de género en las torturas que sufrían todos quienes pasaban por allí. Sus padres conocían los hechos, pero no sus hermanos, bastante menores que ella, ni sus hijos. “Hoy gracias a la difusión del caso estamos más unidos, estamos mejor porque aceptamos nuestra historia, la persecución que sufrimos.

Cuando salió la nota se habló de mí y vi que tenía que hablar yo”. Luego de varias semanas muy dolorosas, el núcleo familiar emergió fortalecido. La semana pasada Luz Faingold se constituyó como querellante en la causa penal contra Miret y contra el también camarista Otilio Romano, quien entonces era fiscal, y contó su historia al fiscal de derechos humanos Omar Palermo. La causa se inició por denuncia de los ex presos políticos Fernando Rule y David Blanco, y comprende hechos contenidos en los expedientes Mochi, Luna, Rabanal y Menéndez por la participación primaria de Miret y Romano en crímenes contra la humanidad, incumplimiento de deberes de funcionario público, participación en torturas y apremios ilegales y en abuso sexual agravado.

La pauta reiterada era no investigar a miembros de fuerzas de seguridad denunciados por torturas, violaciones y robos y en cambio tomar como válidas las declaraciones de los detenidos contra sí mismos obtenidas bajo tortura. Al mismo tiempo, el Consejo de la Magistratura prosigue la instrucción del caso contra Miret y Romano, cuyo juicio político por estos hechos solicitaron los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza, con la adhesión posterior del gobierno de Celso Jaque.

Faingold aclara que se ha cruzado en la calle con Miret “y no me ha interesado vengarme. Sí me interesa que se haga justicia, por los demás. He hecho un trabajo personal para no albergar ni transmitir a mi entorno sentimientos de odio sino esperanza en la justicia, que algún día llegaría. Todo mi esfuerzo ha sido pensando en aportar un grano de arena para que nuestra sociedad comprenda que respetar los derechos humanos es la tarea más importante. Algún día las cosas van a cambiar. Me siento sana, no tengo odio, sino estaría enferma. Se sigue viviendo el gorilismo argentino, pero Mendoza está cambiando”.

Luz fue detenida en la noche del 28 al 29 de agosto de 1975 cuando acompañaba a su novio Eduardo Glogowsky. “Me encapucharon, me pegaron, hubo abusos y un simulacro de fusilamiento.
Me trasladaron a la D2, yo no sabía entonces qué lugar era”. Eduardo militaba en el partido Política Obrera, Luz no tenía militancia propia. Miret ordenó la entrega de Luz a sus padres, como correspondía, pero media hora después revocó la decisión (el garantismo no le duró ni una foja: ambas decisiones constan en la que lleva el número 138 del expediente Mochi). “Me tuvieron siete días en el D2, fui torturada y violada, me gritaban y abrían la puerta constantemente.

No nos daban de comer, ni agua, ni nos dejaban ir al baño”. Una noche la llevaron a un hogar de menores para “guardar un viso de normalidad”, y de allí la condujeron a declarar. “Tanto en la D2 como ante Miret sentí muchísimo miedo. Esperaba que con el juez pudiera hablar y me encontré con alguien que era igual a los milicos. Prudencio Mochi tiene razón cuando dice que recuerda a Miret como un milico más.

Nos despreciaba como si él fuera nazi y nosotros judíos, con un desprecio y un trato de odio increíble, como nunca más vi en mi vida. Tenía desprecio por las personas que éramos. No podía mirar a otro lado más que a su cara de odio. Era muy chica entonces, venía de una clase media alta, y nunca había sufrido así tanta falta de respeto, ni volví a sufrirlo en mi vida”. Un peritaje del Cuerpo Médico Forense indicó que “necesita urgente tratamiento psiquiátrico y presenta depresión, angustia y vulnerable a vivencias psicotraumáticas”, pero Miret no hizo caso. “Tampoco tuve abogado defensor.
Volví a aterrorizarme, como en el D2.

Mi madre golpeaba y gritaba invocando la Constitución, hasta que logró entrar y presenciar mi declaración. Fue la primera vez que la vi en una semana de incomunicación. Pero Miret la hizo callar”.

El juez le preguntó por un recorte de diario pegado a una hoja de su carpeta de clases sobre el acople en órbita de una nave espacial estadounidense Apollo con una Soyuz soviética. “No lo podía creer. Le dije la verdad, que era la tarea del profesor de matemáticas y astronomía. Nunca olvidé su cara y su odio, nunca volví a sentirme tan aterrorizada”.

Miret le negó la excarcelación y la retuvo otras dos semanas en el hogar de menores, hasta que la Cámara de Apelaciones la puso bajo la custodia de sus padres. Pero tuvo que huir después de dos nuevos allanamientos en su casa, ya en 1976. El primero, a las 5 de la mañana. “Amenazaron a mi hermano, lo pusieron contra la pared, mataron al perro. Yo me escapé por los techos hasta la casa de un vecino. Cuando ocurrió el segundo allanamiento ya no estaba en mi casa. Me salvé porque alguien le dijo a mi madre que me sacara del país. Mi padre insistía para que me quedara, no podía entender que persiguieran a alguien inocente”.

Miret y el juez federal Gabriel Guzzo solicitaron su extradición al Uruguay, que no la concedió pero la intimó a dejar su territorio en 24 horas. Pasó tres meses en Río de Janeiro como refugiada del ACNUR hasta que Francia le concedió la visa y se asiló en París. Diez meses después del triunfo de Alfonsín volvió al país, a pesar de que tenía todavía orden de captura.
“Yo sabía que no había hecho nada.

Me presenté al juzgado federal y al tiempo cerraron la causa”. Luz insiste en que se publique “algo positivo, no una cuestión de venganza personal. Estoy por el respeto a la dignidad humana, a los niños, a las mujeres, a la Tierra, hoy que justamente es el Día de la Tierra”. Por eso eligió la foto que ilustra la tapa de este diario, “con el Cordón del Plata al fondo y cerca del cauce del Río Blanco. Está buena porque refleja cuánto quiero a Mendoza, aunque sea tan conservadora”.

La suspensión

El miércoles 21 la Comisión de Interpretación y Reglamentos de la Universidad Nacional de Cuyo propuso por unanimidad la suspensión preventiva como profesor de Miret, denunciado por la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética y por el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza.

El miércoles ese dictamen será tratado por el pleno del Consejo Superior de la Universidad, que elevará su recomendación al rector Arturo Somoza, quien ya dejó saber que a fin de año no renovará el contrato de Miret. Pero los estudiantes reclaman que sea sancionado ya mismo.

Marchas militares

Dada la gravedad de las denuncias “esta comisión propone al Consejo Superior que aconseje al señor rector que disponga suspender preventivamente mediante resolución fundada y otorgarle vista en los plazos legales al doctor Luis Miret a los efectos de que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa”, dice la resolución universitaria aprobada el miércoles de esta semana.

Durante la sesión la comisión estudiantil proyectó imágenes obtenidas en archivos y bibliotecas, donde se ve a Miret cuando juró su cargo de juez federal, en 1976, junto a la plana mayor del gobierno provincial de facto. “A medida que las fotos aparecían los colores de la cara del decano de la Facultad de Derecho, Ismael Farrando, y del vicedecano Eduardo Emili tornaban de un gris parduzco a un rojo cada vez más furioso.

Como correlato, vimos las caras de los otros consejeros superiores que con mucho interés, a medida que avanzaba nuestro relato, comenzaron a mostrar indignación contra Miret y afirmación por lo que pedíamos”, cuenta uno de los estudiantes.

Como si no hubieran transcurrido tres décadas la Facultad de Derecho le entregó a Miret el texto de la acusación dos semanas antes de la sesión y los nombres de los miembros de la Comisión de Estudiantes y el registro de audio del Consejo Directivo de la facultad de Derecho ante el que la expusieron.
El adjunto de la cátedra de Miret, José Rodríguez, asiste a todas las actividades que se realizan para denunciar el caso y toma nota de lo que dice cada uno. Hace tres años, Rodríguez organizó junto a la ahora disuelta agrupación estudiantil Derecho al Cambio la presentación en el hall central de la facultad de la banda del Liceo Militar General Espejo, que tocó marchas militares. Las autoridades de la facultad se cuadraron como en una formación militar.

Campeón del garantismo

Miret dijo al diario mendocino El Sol que era el “campeón del garantismo” y que no fue “juez del proceso, sino juez de carrera que actuó durante el proceso”.

Bajo el gobierno constitucional de 19731976, Miret sólo fue defensor oficial, si bien tuvo algunas causas como juez subrogante. Recién en junio de 1976 fue designado juez. Muchos como él juraron por las actas y estatutos golpistas, porque en caso contrario hubieran perdido el cargo y corrido riesgo de secuestro.

Pero algunos, como el actual juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, nunca aplicaron esos textos infralegales y, por el contrario, investigaron torturas, ordenaron libertades y concedieron opciones para salir del país. Miret y Romano no sólo los juraron, además los aplicaron con entusiasmo y se pronunciaron por la inconstitucionalidad de las normas que se les oponían.

En el reportaje, Miret dijo que no recordaba haber visto detenidos con marcas de torturas ni haberse enterado de la existencia de desaparecidos. Sostuvo que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial”.

Cuando se les permitía tomar indagatoria, los policías estaban “tentados en hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”, dijo con preciso conocimiento de la jerga canera. Esos apremios, “podían ser o no ciertos”, agregó.

En los cuatro expedientes constan no sólo las denuncias de torturas de un gran número de detenidos, sino también los peritajes médicos que las confirman. Miret también dijo que los decretos de María Estela Martínez de Perón e Italo Luder, que ordenaban aniquilar la subversión eran secretos, por lo que recién los conoció en 1985 durante el juicio a los ex Comandantes.

Tampoco eso es cierto. Los decretos 2770, 2771 y 2772/75 por los que Luder extendió a todo el país la orden que Isabel había circunscripto a Tucumán, fueron públicos, como consta en el Boletín Oficial del 4 de noviembre de 1975.

Sobre la desaparición del profesor Mauricio López, Miret pensó que “se había escondido”. En una significativa admisión de su idea sobre la legalidad agregó que cuando le dijeron que “gente encapuchada” se lo llevó en un camión del Ejército pensó que “lo habrán detenido”.

Respecto de la apropiación de los hijos de detenidos desaparecidos, Miret explicó que hoy es considerada un delito contra los derechos humanos, “pero en 1976 o 1977, si nos decían que los hijos de los aprehendidos eran dados en adopción, no nos causaba el sentimiento que hoy causa”.

Defensa propia

También negó haberse excusado por amistad íntima con el general Juan Pablo Saa durante el juicio de 1987. Sin embargo, la foja 88 del expediente 49283, Romero, Daniel, contiene la excusación presentada por Miret, quien consideró que no tenía objetividad para juzgar “a mi amigo el general Juan Saa”. Invocó para ello el artículo 75, inciso 12 del Código de Procedimientos en lo Criminal que regía entonces, y que no alude a amistad sino a “amistad íntima”.

Saa fue procesado pero Carlos Menem lo indultó. Pese a su amistad íntima, Miret se negó a excusarse cuando se realizaron los juicios por la verdad en 2001 y tomó la declaración de Saa en forma complaciente. Luego de sucesivas apelaciones la Corte Suprema de Justicia decidió que debía apartarse porque como él mismo había admitido no era un juez imparcial, pero ante la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida los juicios por la verdad se interrumpieron.

Romano y Miret engañaron a la opinión pública y a la Federación de Colegios de Abogados (FACA), que expresó “preocupación por la indebida intromisión por parte del Ejecutivo Nacional a la necesaria independencia del Poder Judicial, al solicitar la promoción de juicio político a integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”.

Ni Romano ni Miret fueron denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional, sino por las víctimas y sus defensores. El Colegio de Abogados de Mendoza pretendió que se los acusaba por haber aplicado jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal cuando decidieron dejar en libertad a todos los represores detenidos en Mendoza. Tampoco es así: el denominado plenario Díaz Bessone de la Cámara de Casación es del 30 de octubre de 2008, pero la Cámara mendocina comenzó a disponer esas libertades el 23 de mayo y continuó el 13 y el 18 de setiembre. A esa fecha sólo quedaban tres detenidos.

La Cámara de Casación tampoco dijo que había que dejar a todos en libertad sino evaluar la situación procesal, en caso de riesgo de fuga u obstaculización del proceso. La deliberada decisión de trabar y dilatar para que no se llegue a un juicio oral es una estrategia defensista de Miret y Romano, ya que en tal debate testimoniarían quienes los acusan.

En el reportaje a El Sol, Miret mencionó el caso de su ex compañero en la Cámara Federal, Carlos Pereyra González. Durante el juicio oral en San Luis quedó en evidencia la complicidad de Pereyra González con el terrorismo de Estado cuando era secretario de juzgado. A raíz de ello debió renunciar y ahora puede ser juzgado.

La responsabilidad de Romano como fiscal y de Miret como juez es mucho mayor que la de un secretario, de modo que ya sabían lo que les esperaba de llegarse al juicio.

Hay que aguantar

Otilio Romano dijo al militante diario La Nación, que lo publicó en su tapa, que las acusaciones por su actuación y la de Miret durante la dictadura eran para presionarlos por la ley de medios, cuando la cronología demuestra que los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después.

Pero además, en el año 2003, cuando nadie pensaba en modificar la ley de radiodifusión de la dictadura, el periodista Rodrigo Sepúlveda presentó su tesis de graduación a la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo, que incluye testimonios filmados en 2000, cuando Kirchner sólo era gobernador de Santa Cruz. Juan Carlos Yanzón y Hugo Tomini cuentan allí que los policías del D2 les bajaron la venda con la que los mantenían sin vista para que hablaran con el juez.

–¿Cómo está? –preguntó Miret.

–Dolorido –respondió Hugo Tomini.

–Hay que aguantar –fue el único comentario del juez.

Cuando denunciaron las torturas de que habían sido víctimas y las violaciones a las mujeres, Miret respondió con un gesto de indiferencia. Algunos meses después, Tomini consiguió que le dieran la opción para salir del país. Su padre fue a ver a Miret para que llenara los formalismos necesarios. “Si el presidente Videla no tiene nada contra su hijo, yo tampoco”, dijo. “Era un soldado de su general. No se ponía en juez, era uno más del escalafón”, describe Tomini. En el trabajo de Sepúlveda también se recoge el testimonio de Jaime Torrens, a quien Miret le dijo que lo iba a condenar porque “más allá de las pruebas que tenga, usted es mi enemigo”.

(Entrevista: Ana F. Adelardi)
Subnotas:
Elogio del Orden
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/144589-46457-2010-04-25.html
Abu Grahib cuyano
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/144589-46458-2010-04-25.html

Argentina: El Pasado me condena

Operación cónclave

Mientras Alemania se vela "el papado fallido de Benedicto XVI", Bergolio intenta lavar su imagen en espera de un eventual nuevo cóclave. Las partes más significativas de su libro y los documentos que contradicen esa version 'angelical'. El rechazo de Emilio Mignone a los pastores que entregaron a sus ovejas y la mutilación de documentos para ocultar el apoyo episcopal a la dictadura.

Por Horacio Verbitsky

Cuando la publicación más importante de Alemania, Der Spiegel, se refiere al “papado fallido” de su compatriota Joseph Ratzinger (el mismo término que la Inteligencia estadounidense aplica a los estados con vacío de poder en los que justifica su intervención), el primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, emprende una operación de lavado de imagen con la publicación de un libro autobiográfico. El ostensible propósito de “El Jesuita”, como se titula, es defender su desempeño como provincial de la Compañía de Jesús entre 1973 y 1979, manchado por las denuncias de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics de que los entregó a los militares. Ambos estuvieron secuestrados cinco meses a partir de mayo de 1976. En cambio nunca reaparecieron las cuatro catequistas y dos de sus esposos secuestrados dentro del mismo operativo. Entre ellos estaban Mónica Candelaria Mignone, hija del fundador del CELS, Emilio Mignone, y María Marta Vázquez Ocampo, de la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez. Ratzinger tiene 83 años y según Der Spiegel demasiadas voces piden su renuncia. El sacerdote Paolo Farinella escribió en la prestigiosa revista italiana de filosofía MicroMega, cuyo director Paolo Flores D’Arcais ha participado en debates públicos sobre filosofía con el papa, que Benedicto XVI debería pedir perdón a los creyentes afectados por la estrictez del celibato, por las condiciones en los seminarios y por los miles de casos de abusos de niños y decirles: “Me retiraré a un monasterio y pasaré el resto de mis días haciendo penitencia por mi fracaso como sacerdote
y como papa”. Nadie se sorprendería si después de beber una tisana nocturna fallara el corazón de un hombre entristecido y angustiado por las injustas críticas que alcanzan su desempeño como obispo de Baviera y no perdonan ni a su amado hermano Georg. La revista alemana menciona el antecedente de Celestino V, un papa del siglo XIII que renunció porque no se sintió capaz de cumplir con sus funciones. Por si algo de eso ocurre, Bergoglio necesita una foja de servicios pulida. Ante una pregunta acerca del papa ideal, el presidente de la Asociación Alemana de Juventudes Católicas, Dirk Tänzler, dijo a Der Spiegel que preferiría que haya trabajado en una parte pobre de Sudamérica o en otra región golpeada por la pobreza, ya que tendría una visión distinta del mundo. La compasión por la pobreza, compartida con la Sociedad Rural y la Asociación Empresaria AEA,es el nicho de oportunidad elegido por el Episcopado bajo la conducción de Bergoglio.

El Silencio

Es el cardenal quien vincula su descargo con la elección papal. Su libro narra que cuando la vida de Juan Pablo II se apagaba y el nombre de Bergoglio figuraba en los pronósticos de los periodistas especializados “volvía a agitarse una denuncia periodística publicada unos pocos años atrás en Buenos Aires” y que “en las vísperas del cónclave que debía elegir al sucesor del papa polaco, una copia de un artículo con la acusación, de una serie del mismo autor, fue enviada a las direcciones de correo electrónico de los cardenales electores con el propósito de perjudicar las chances que se le otorgaban al purpurado argentino”. Bergoglio dice en su libro que nunca respondió la acusación “para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar”. No explica qué cambió ahora.

Pastores y lobos

En realidad la primera versión del episodio no se debe a ningún periodista sino a Emilio Mignone. En su libro Iglesia y dictadura, editado en 1986, cuando Bergoglio no era conocido fuera del mundo eclesiástico, Mignone ejemplificó con su caso “la siniestra complicidad” con los militares, que “se encargaron de cumplir la tarea sucia de limpiar el patio interior de la Iglesia, con la aquiescencia de los prelados”. Según el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, durante una reunión con la Junta Militar en 1976 el entonces presidente de la Conferencia Episcopal y vicario castrense, Adolfo Servando Tortolo, acordó que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo. Agrega Mignone que “en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos. El 23 de mayo de 1976 la Infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Yorio y lo mantuvo durante cinco meses en calidad de desaparecido. Una semana antes de la detención, el arzobispo [Juan Carlos] Aramburu le había retirado las licencias ministeriales, sin motivo ni explicación. Por distintas expresiones escuchadas por Yorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y, posiblemente, algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder contra él. Sin duda, los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad”. Mignone se pregunta “qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”.

La llaga abierta

Publiqué la historia en esta misma columna, el 25 de abril de 1999. Además de la opinión de Mignone, la nota incluyó la de quien fue su colaboradora en el CELS, la abogada Alicia Oliveira, quien dijo lo que ahora repite en el libro: que su amigo Bergoglio, preocupado por la inminencia del golpe, temía por la suerte de los sacerdotes del asentamiento y les pidió que salieran de allí. Cuando los secuestraron, trató de localizarlos y procurar su libertad, así como ayudó a otros perseguidos. A raíz de aquella nota, Orlando Yorio se comunicó conmigo desde el Uruguay, donde vivía. Por teléfono y correo electrónico refutó las afirmaciones de Bergoglio y Oliveira. “Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes” y “tampoco tengo ningún motivo para pensar que hizo algo por nuestra libertad, sino todo lo contrario”, dijo. Los dos sacerdotes “fueron liberados por las gestiones de Emilio Mignone y la intercesión del Vaticano y no por la actuación de Bergoglio, que fue quien los entregó”, agregó Angélica Sosa de Mignone, Chela, la esposa durante medio siglo del fundador del CELS. Sus testimonios se incluyeron en la nota “La llaga abierta”, que se publicó el 9 de mayo de 1999. También se transmitieron allí las posiciones de Bergoglio y del otro cura secuestrado aquel día, Francisco Jalics.

Cuestion de Estilo

En su libro, Bergoglio dice ahora que Yorio y Jalics “estaban pergeñando una congregación religiosa, y le entregaron el primer borrador de las reglas a los monseñores Pironio, Zazpe y Serra. Conservo la copia que me dieron”. Bergoglio también me entregó una copia a mí. Expresa el tipo de dudas y conflictos que fueron comunes en un alto número de sacerdotes a partir del Concilio Vaticano II, con “la crisis de las congregaciones religiosas, los signos de los tiempos modernos, la coincidencia con el sentir de la búsqueda de los jóvenes y la confirmación espiritual que sentimos en nuestro actual modo de vivir”. El problema en este caso era cómo compatibilizar “el estilo ignaciano de la vida religiosa” con “la vida moderna [que] pedía un estilo nuevo”. La minuta agrega que las Congregaciones Apostólicas están organizadas de modo que sus superiores “parecen preocuparse más por las obras que por la atención espiritual de sus súbditos”. En cambio ellos idealizan el modelo de las fundaciones monásticas y plantean que “la comunidad se una en torno de una búsqueda espiritual y de un proyecto de vida y no en torno de obras”. Esto plantea una “incompatibilidad personal” a los sacerdotes subordinados a la disciplina de su congregación.

En su carta al padre Moura, Yorio menciona esa minuta como respuesta a la presión de Bergoglio para que disolvieran la comunidad en el Bajo Flores. Agrega que a Pironio, Zazpe y Serra les dejaron “un esbozo de estructuración de vida religiosa en caso de que no pudiéramos seguir en la Compañía y fuese posible realizarla fuera”, lo cual no implica que quisieran salir de ella. En un viaje posterior a la Argentina, Pironio le dijo que no había consultado el tema en Roma porque Bergoglio “lo había ido a ver para decirle que el padre general era contrario a nosotros”. Zazpe respondió que “el provincial andaba diciendo que nos echaba de la Compañía” y Serra le comunicó que le retiraban las licencias en la Arquidiócesis, porque Bergoglio había comunicado “que yo salía de la Compañía”.

Según Bergoglio, el superior jesuita Pedro Arrupe dijo que debían elegir entre la comunidad en que vivían y la Compañía de Jesús. “Como ellos persistieron en su proyecto y se disolvió el grupo, pidieron la salida de la Compañía”. Agrega Bergoglio que la dimisión de Yorio fue aceptada el 19 de marzo de 1976. “Ante los rumores de inminencia del golpe les dije que tuvieran mucho cuidado. Recuerdo que les ofrecí, por si llegaba a ser conveniente para su seguridad, que vinieran a vivir a la casa provincial de la Compañía”, dice Bergoglio. Agrega que nunca creyó que estuvieran involucrados en actividades subversivas. “Pero por su relación con algunos curas de las villas de emergencia, quedaban demasiado expuestos a la paranoia de la caza de brujas. Como permanecieron en el barrio, Yorio y Jalics fueron secuestrados durante un rastrillaje.”

Papelitos

Bergoglio también niega haber aconsejado a los funcionarios de Culto de la Cancillería que rechazaran la solicitud de renovación de pasaporte de Jalics, que él mismo presentó. Según Bergoglio el funcionario que recibió el trámite le preguntó por “las circunstancias que precipitaron la salida de Jalics”. Dice que le respondió: “A él y a su compañero los acusaron de guerrilleros y no tenían nada que ver”. El cardenal agrega que “el autor de la denuncia en mi contra revisó el archivo de la Secretaría de Culto y lo único que mencionó fue que encontró un papelito de aquel funcionario en el que había escrito que yo le dije que fueron acusados de guerrilleros. Había consignado esa parte de la conversación pero no la otra en la que yo le señalaba que los sacerdotes no tenían nada que ver. Además el autor de la denuncia soslaya mi carta, donde yo ponía la cara por Jalics y hacía la petición”.

Nada fue así. En notas publicadas aquí y en mis libros El Silencio y Doble juego, narré la historia completa y publiqué todos los documentos, comenzando por la carta por cuya omisión Bergoglio reclama. Luego sigue la recomendación del funcionario de Culto que lo recibió, Anselmo Orcoyen: “En atención a los antecedentes del peticionante, esta Dirección Nacional es de opinión que no debe accederse”. El tercer documento es el definitorio. Ese papelito, firmado por Orcoyen, dice que Jalics tenía actividad disolvente en comunidades religiosas femeninas y conflictos de obediencia, que estuvo con Yorio en la ESMA (detenido, dice, en vez de secuestrado) “sospechoso contacto guerrilleros”. El punto más interesante es el siguiente, porque remite a intimidades de la Compañía de Jesús, vistas desde la óptica de Bergoglio, que no había ninguna necesidad de confiar al funcionario de la dictadura: “Vivían en pequeña comunidad que el Superior Jesuita disolvió en febrero de 1976 y se negaron a obedecer solicitando la salida de la Compañía el 19/3”. Agrega que Yorio fue expulsado de la Compañía y que “ningún obispo del Gran Buenos Aires lo quiso recibir”. La Nota Bene final es ilevantable: dice Orcoyen que estos datos le fueron suministrados “por el padre Jorge Mario Bergoglio, firmante de la nota con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”.

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