Colombia: Uribe recluta ‘sapos’ estudiantes pagando 50 dólar mensualmente

La iniciativa gubernamental de reclutar a los jóvenes en redes de informantes a cambio de “bonificaciones para sus estudios” ha sido duramente cuestionada. Algunos le han recordado al presidente Uribe que precisamente una iniciativa suya, la de la creación de las cooperativas de seguridad “Convivir”, se convirtió en un puntal del paramilitarismo en Colombia

Una fuerte polémica se ha desatado luego que el presidente Álvaro Uribe Vélez anunciara, como medida complementaria de su política de “Seguridad Democrática”, la incorporación de 1.000 jóvenes estudiantes de la ciudad de Medellín como informantes pagados, para hacerle frente a la escalada de violencia desatada en esta ciudad, la cual arrojó durante el 2009 la cifra de 1.857 homicidios y en lo que va corrido de este mes se contabilizan 31. El Gobierno nacional junto con autoridades municipales había concertado tomar el control de la Comuna 1 de la ciudad con presencia de 770 soldados del Ejército, en el propósito de combatir a las bandas paramilitares y delincuenciales que operan en los barrios de esta Comuna, las que en medio de enfrentamientos y disputas por el control territorial han llegado a imponer un toque de queda en mas de 60 barrios. La iniciativa gubernamental de reclutar a los jóvenes en redes de informantes a cambio de “bonificaciones para sus estudios” que alcanzarían los $100.000= mensuales ha sido duramente cuestionada por rectores de universidades y colegios de secundaria, como también por defensores de derechos humanes y líderes políticos de partidos de oposición, quienes han advertido al Gobierno sobre las inconveniencias de este tipo de medidas, porque además de involucrar a los jóvenes en el conflicto armado los hace partícipes y potencialmente víctimas de la encrucijadas de violencias delincuencial, oficial y guerrillera que existe en Colombia. Algunos analistas y periodistas han recordado al presidente Uribe que precisamente una iniciativa suya, la de la creación de las cooperativas de seguridad “Convivir” se convirtieron en un puntal del paramilitarismo en Colombia. Por su parte el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, pidió al Gobierno reconsiderar la medida porque convierte a los jóvenes en objetivo militar de los violentos. Entretanto, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) coincidió con la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), a la hora de tildar como “peligrosa” la iniciativa presidencial y pidieron al mandatario “alejar su política de seguridad democrática de los planteles educativos”, porque éstos son campos de paz y de debate. La ACEU anunció que realizará jornadas de protesta en diferentes ciudades, a las que se sumarán padres de familia que también piden que “sus hijos no sean convertidos en sapos” y se los deje al margen del conflicto armado. De otra parte, el Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, se refirió en fuertes términos frente a esta iniciativa del presidente Uribe. El argentino Sergio Tapia, presidente internacional de esta agencia humanitaria dijo que “no se puede involucrar a los menores ni a la población civil en el conflicto armado, según las normas internacionales, por lo que no se entiende como el gobierno colombiano critica el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales, pero al tiempo se les recluta oficialmente por dinero”. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, El Colombiano, El Mundo – Medellín, Semana, Cambio, El Nuevo Siglo, 23 – 29/01/10

En una dura carta dirigida a la Secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton, los senadores demócratas Patrick Leahy, Christopher Dodd y Russ Fiengold, pidieron a la administración del presidente Barack Obama reducir la ayuda militar a Colombia, argumentando el creciente deterioro de los derechos humanos y el fracaso de las políticas contra el narcotráfico en Colombia. En la carta los influyentes parlamentarios, que ostentan importantes cargos en las comisiones de control y ayuda que EEUU entrega al mundo, se declararon consternados por el escándalo de los “falsos positivos” y la impunidad de los implicados, toda vez que muchos de estos han quedado libres por la ineficiencia de la justicia. También expresan su decepción por la firma del acuerdo militar firmado recientemente, el cual permitirá establecer 7 bases militares de EEUU en Colombia. De otra parte, un importante grupo de eurodiputados miembros de partidos ecologistas del Parlamento Europeo, pidió a la Unión Europea (UE) suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, argumentando la violación sistemática de los derechos humanos y el asesinato de 37 sindicalistas durante el año 2009. Los “verdes”, como son llamados los militantes de estos partidos, señalan que la UE no debe seguir colaborando con “un país que ni respeta los derechos humanos ni las convenciones en materia social y medioambiental que ha firmado con la UE”. El TLC con la UE se negocia conjuntamente con Perú y tras las rondas en Bogotá, Bruselas y Lima, deberá realizarse una próxima, que podría ser la última del proceso de negociación. Entretanto, un importante grupo de parlamentarios españoles, entre los que se encuentra el senador Joan Josep Nuet, arribó a Colombia para monitorear in situ la situación de derechos humanos en el país. El grupo de parlamentarios fue invitado por la plataforma de ONG’s humanitarias y de paz españolas “Justicia por Colombia”, inició una intensa jornada de encuentros con asociaciones de familiares de víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo, como también con instituciones defensoras de los derechos humanos y distintos órganos de justicia y control como la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y partidos políticos. La misión de los parlamentarios españoles, luego de recabar información sobre los derechos humanos, tiene como objetivo la elaboración de un informe que será presentado al parlamento español, a la UE y a los gobiernos de España y Colombia. Al llegar al país, el senador Nuet dijo a medios de comunicación, que en Colombia el respeto por los derechos y las libertades civiles parecen estar vedados para quienes no comparten la posición del oficialismo, que la desmilitarización es la base para encontrar el camino de la paz y la reconciliación, al tiempo que aseguró que cualquier acuerdo comercial que celebren otras naciones con Colombia, debe estar mediado por el respeto de los derechos humanos, como no parece evidenciarse en el caso de los líderes opositores, las organizaciones sociales, los sindicatos y algunos representantes de la Rama Judicial. El Tiempo, El Espectador, PCC, CMI – Tv, Caracol – Radio, Pacocol, Telesur – Tv, 23 – 29/01/10

El más reciente informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), establece que desde el año 2002 un total de 2.4 millones de colombianos han sido forzados a dejar sus tierras. Esta cantidad equivale al 49% de los 4.9 millones de desplazados que se han producido durante el conflicto interno en los últimos 25 años, tiempo durante el cual 5.5 millones de hectáreas de tierras han sido usurpadas a los campesinos, sus legítimos propietarios. El informe revela que durante el año 2009 unas 286.389 personas debieron abandonar el país para escapar de la guerra, y que 8 líderes de campesinos desplazados fueron asesinados en este mismo año. También establece que los principales responsables del desplazamiento son las fuerzas paramilitares, en un 37% de los casos y la guerrilla de las FARC en el 29.8% de los casos. Jorge Rojas, presidente de CODHES, cuestionó la política de seguridad democrática que impulsa el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobierna al país desde el año 2002. Dijo el señor Rojas que “Colombia podría encontrarse en el abismo si persiste la guerra interna, el despojo y la no restitución de tierras, la irrupción de nuevas bandas paramilitares, la diseminación de cultivos ilícitos, la fragmentación de carteles de la droga y el modelo de desarrollo rural que acentúa la inequidad y profundiza la injusticia social en el campo”. Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, 23 – 29/01/10

Un informe de prensa basado en informaciones presentadas por fuentes militares de Ecuador, establece que durante el año 2009 las Fuerzas Militares de ese país desmantelaron 187 campamentos de grupos ilegales colombianos, entre los que se encontraron 8 campamentos de reciente ocupación pero carentes de infraestructura, los cuales al parecer habrían sido utilizados de manera temporal. El informe establece que la mayoría de los campamentos pertenecían a la guerrilla de las FARC. Entretanto, autoridades panameñas informaron haber abatido a 3 guerrilleros de las FARC en la localidad panameña de Alto Tuira, en la frontera con Colombia, cuando se desplazaban en una embarcación. Esta acción fue elogiada por el presidente Álvaro Uribe, quien desde Davos (Suiza) donde participa en el Foro Económico Mundial agradeció al presidente Ricardo Martinelli su cooperación en la lucha contra la guerrilla colombiana. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, anunció estar adelantando conversaciones con autoridades de Panamá, para intensificar el intercambio de información para combatir amenazas comunes. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Telesur – Tv, El Universo – Ecuador, El Comercio – Ecuador, La Prensa – Panamá, Caracol – Radio, 23 – 29/01/10

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