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Un nuevo estudio de la CSI sobre las normas fundamentales del trabajo en El Salvador indica que muchos de los 67.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, empleados en las 15 zonas francas de exportación del país son objeto de un trato espantoso, que va desde el abuso verbal y las amenazas a malos tratos físicos y acoso sexual. Existe una clara política antisindical y de despido de los trabajadores o trabajadoras que tienen intensiones de unirse a un sindicato o de formar uno. Muchas personas consideran que las condiciones de trabajo en las zonas francas de exportación pueden asimilarse al trabajo forzoso.
El 15 de enero de 2010, Victoriano Abel Vega, Secretario General de SITRAMSA (Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de la Alcaldía de Santa Ana), fue asesinado cuando se dirigía a San Salvador, donde debía asistir a una reunión con otros sindicalistas para preparar un procedimiento de queja en relación con el despido injustificado de varios empleados del municipio de Santa Ana, en violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT. Había recibido amenazas de muerte en conexión con su papel como dirigente sindical y por haber manifestado su condena de los despidos. En una carta dirigida a las autoridades salvadoreñas, la CSI insta al Presidente Mauricio Funes a emprender inmediatamente una investigación para identificar y castigar con todo el rigor de la ley a todos los responsables de este brutal crimen.
El informe de la CSI, publicado para coincidir con la revisión de las políticas comerciales de El Salvador por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), concluye que numerosos empleados públicos tienen prohibido ejercer su derecho a organizarse y que el derecho de huelga es tan restringido, que resulta prácticamente imposible hacer huelga. Pese a que El Salvador ratificó recientemente los Convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales a fin de poder beneficiarse del acceso al régimen de ventajas comerciales SGP de la Unión Europea, éstos aún no se aplican en la práctica.
Los trabajadores y trabajadoras del sector privado se enfrentan a un gran número de restricciones, tales como el exceso de formalidades y requisitos antes de poder constituir o afiliarse a un sindicato. Las prácticas antisindicales están muy extendidas, y las autoridades públicas no intervienen para ponerles alto. Además, la ley no prevé la reincorporación de los trabajadores ilegalmente despedidos debido a su afiliación o sus actividades sindicales.
En El Salvador, las mujeres ganan el 88% del salario medio de los hombres y están insuficientemente representadas en los empleos altamente cualificados y con altos salarios. El informe revela que hasta la fecha, el gobierno no ha adoptado ninguna política en materia de igualdad de oportunidades y que su respuesta a la discriminación tanto en el empleo como en la remuneración ha sido sumamente insuficiente. La legislación nacional aún no menciona el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con lo estipulado en los Convenios de la OIT.
www.csa-csi.org
El trabajo infantil sigue siendo un problema generalizado, que el gobierno no ha abordado adecuadamente. Es particularmente preocupante la persistencia de las peores formas de trabajo infantil, tales como la fabricación de fuegos artificiales, el trabajo en los vertederos de basura y la prostitución. Según los datos oficiales, más del 67% de los niños y niñas trabajan en alguna forma. En las zonas rurales, las niñas y niños trabajan en la agricultura y el comercio, mientras que en las zonas urbanas, se emplean más frecuentemente en la venta ambulante y la manufacturación.
Otra de las conclusiones del informe es que el trabajo forzoso, si bien está fuera de la ley, se produce a través de la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. El trabajo forzoso también existe en las cárceles, donde los presos condenados están obligados a trabajar.
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Hace 2 semanas
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