Las donaciones de equipos de EEUU a El Salvador excluyen a la Fuerza Aérea

A principios de noviembre, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo que había elaborado una carta a su similar de Estados Unidos, Barack Obama, solicitándole la donación de dinero y maquinaria, como lanchas pantaneras de segunda mano, para usarlas en casos de desastres naturales. Aunque no se sabe si eventualmente llegaran las unidades solicitadas, el 28 de noviembre los EEUU donaba 4 SAFE Defender, 3 BW370 Justice, y una BW 250 Guardián adicionales, y todo en un paquete de ayuda valuado en $5,5 millones dólares.


Esto al parecer totaliza hasta la fecha la entrega de 8 SAFE Defender, 8 BW370 y 6 BW Guardián, pues en agosto del 2010 se habían contabilizado las primeras Justice; en mayo del corriente año se notaba la presencia de dos BW Guardián, luego en septiembre año se anotaban otras tres Justice y cuatro SAFE Defender y se confirmaban en octubre, y a finales de noviembre se nota la entrega de los mencionados.

Las BW Guardián miden 24,7 x 8 x 0.16 pies (7,49 x 2,43 x 0,40 metros), desplazando unas 3 toneladas. Cada navío viene equipado con dos motores Mercury de 300 Cv, sus respectivos sistemas de navegación, y montajes Mk-16 para ametralladoras. La entrega de la flotilla de interceptores es un ejemplo más del interés por mejorar el estado del ente militar salvadoreño por parte de los EEUU, y ya hemos hablado de la posibilidad de aprovecharlo para modernizar equipos en bodega, hacerse de vehículos M1152 TTP, BMR-600, y otros.

Sin embargo es palpable la evidencia, a la vez que extraño, de no asistir a la Fuerza Aérea (FAS) de la misma manera, lo que podría ser una respuesta a los negocios poco transparentes que envolvieron los esfuerzos de renovación de los helicópteros y transportes tácticos realizados por administraciones salvadoreñas anteriores envueltas en casos de malversación de fondos, o irregularmente transferidas a otros, lo que pudo significar contratos incumplidos y daños a empresas norteamericanas envueltas en las transacciones de dichos materiales.

Con la nueva flotilla, la Fuerza Naval de El Salvador (FNES) está adecuada para descentralizar la Base de La Unión y establecer estaciones aeronavales a lo largo de la costa para atender interdicciones costeras de corto alcance, aunque queda pendiente todavía el requerimiento por dos patrulleros medios para atender la Zona Económica Exclusiva, con lo que hemos mencionados algunas posibilidades de naves de hasta los 42-45 metros polivalentes.

En cuanto a las estaciones aeronavales, podría pensarse en mejorar el aeródromo de El Tamarindo, para apoyar las actividades en La Unión, y otras, como podría ser la mejora de las instalaciones en el Estero de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco. No es una situación sencilla, y ya en mayo pasado, la FNES presentaba a la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa una serie de requerimientos a fin de fortalecer las distintas operaciones que realiza en el territorio marítimo del país.

El Capitán de Navío, Rafael Guzmán, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval en esas fechas, detalló que entre sus necesidades se encuentra la de adquirir inmuebles para reubicar las Capitanías del Puerto de La Libertad y La Concordia, además de un incremento presupuestario para su funcionamiento, que abarca desde el suministro de combustible hasta la adquisición de repuestos para los patrulleros marítimos. Nada de esto se ha resuelto hasta la fecha.

Lo que se no cabe duda es que si no fuera por las donaciones directas a la Fuerza Armada (FAES), el aparato político local dejaría caer en pedazos toda la infraestructura con su indiferencia y negligencia de los materiales y del arsenal, mientras que demanda resultados concretos en la seguridad del país.

De paso, la entrega y renovación de los interceptores navales permitiría que otras embarcaciones, más delicadas dada su edad, como las Protector SeaArk y similares, pasen a patrullar ríos, y lagos, y otras aguas interiores. La entrega simbólica de las nuevas 7 embarcaciones se realizó en el Cuartel General de la Fuerza Naval, en San Salvador, por medio de la embajadora de Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte, y recibiendo el lote el ministro de Defensa, José Atilio Benítez Parada, y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval, Juan Antonio Calderón. El donativo es parte de los compromisos bajo la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés) y el programa Amistad Duradera, del Comando Sur de los Estados Unidos. El paquete incluye entrenamiento a efectivos de la Fuerza Naval. (JMAH, corresponsal en Centroamérica)

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