EDITORIAL
.Al imponer una intangibilidad de la naturaleza en desmedro de lo social y lo económico, el gobierno reincide en aquello que ha sido razón de su fracaso
Cuando el gobierno boliviano se vio presionado a aceptar las demandas de los marchistas del TIPNIS, lo hizo a regañadientes, estableciendo así gérmenes
de conflictos futuros y no inaugurando un nuevo panorama propicio al establecimiento de nuevas agendas
de gobierno.
Un ejemplo de esta conducta es la introducción de la noción d«intangibilidad» en la Ley Corta destinada a resolver el problema del TIPNIS. Sorprende ese término, pues escapa a toda lógica de resolución de conflictos. Por ello, para
muchos se trata sólo de una «venganza», orientada a entorpecer al vencedor en el uso de los derechos que le da la ratificación de sus prerrogativas: La típica conducta del perro del hortelado.
En realidad, el triunfo de los indígenas del TIPNIS hecha por tierra las posmodernas nociones de «intangibilidad» que guiaron las políticas de este gobierno hacia esos pueblos. La idea de una población que está más allá del bien y del mal del desarrollo, del progreso y de la racionalidad y que en virtud
de ese supuesto sólo queda a los indígenas cintemplar la naturaleza, ha sido desmentida por los propios originarios de tierras altas y de tierras bajas, cada uno según sus propios acentos culturales.
Al querer imponer una intangibilidad de la naturaleza en desmedro de la actividad social y económica humana, el gobierno reincide en aquello que ha sido razón de su fracaso, a menos que se trate solamente de una vil venganza, como indicábamos que algunos especulan. En ambos casos, el
gobierno se entrampa nuevamente, corriendo el riego de perder a nivel nacional o internacional sus restos de credibilidad y legitimidad y de enfrentar, en breve lapso, nuevos movimientos sociales de contestación.
Es más propio y sano que definitivamente se implante un nuevo trazo a la carretera de vinculación Beni-Cochabamba y que se permita a los indígenas autogobernarse, como lo estipula la propia Constitución Política del Estado, en el sentido básico de la descolonización que es la de empoderarse de sus propios objetivos y mecanismos de desarrollo.
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