Puerto Rico: Fracaso victorioso de la Mano Dura

Gary Gutierrez/ Especial para Claridad
De golpe, la vibración del teléfono en mi bolsillo me interrumpe la atención que estaba centrada en la profunda discusión teórica de una mesa redonda en la Reunión de la Sociedad Americana de Criminología en Washington.


Al contestar la llamada escucho la voz de un compañero periodista que me dice que la infame cifra de muertes violentas en la Isla llegó a al millar.
La llamada y la información no sólo me alejaron de la discusión teórica en la mesa redonda. La criminalidad de la que ahora me habla el compañero es real, tiene cara, madre, familia.


Según escuchaba cifras y detalles, en mi mente surgían las cientos de caras anónimas que por años documenté como fotoperiodista y que hoy forman parte del olvido colectivo sólo como un dato más de las estadísticas del crimen en el país.

Como si el dolor de la muerte de un hijo, por delincuente que sea, se pudiera medir en estadística. Ni que hubiera una forma de medir “cuantitativamente” la pérdida que sufre una sociedad cada vez que uno de sus hijos se desangra en una cuneta o se pudre en una cárcel.

En este momento de la conversación, mi mente trata de enfocarse en las preguntas del compañero, al tiempo que intenta mantener distancia académica del fenómeno, mientras me identifico con las víctimas y victimarios y mientras trato de analizar con honestidad intelectual este asunto que llamamos crimen.

De esa maraña de pensamientos también surge en mi mente el recuerdo de los ochos confinados que perdieron la vida mientras dos oficiales del orden público resolvían el dilema de cómo salvarles la vida y cumplir con el reglamento al mismo tiempo.

La memoria de ese desgraciado incidente me llevó también a reflexionar sobre cómo la política de “mano dura”, que en Puerto Rico mantienen como evangelio criminológico ambos partidos políticos en el poder desde los años ochenta del siglo pasado, produce una sociedad tan insensibilizada que en un momento de vida o muerte, se cuestiona el curso de acción.

En ese momento, y mientras compartía con el compañero mi opinión sobre las alarmantes cifras de violencia, mi mente recuerda que al igual que las muertes de estos ocho confinados, la violencia que experimenta el país también es producto de esas políticas de “mano dura”.

En realidad a nadie que observe críticamente el sistema le puede sorprender la violencia social y callejera en Puerto Rico, pues la misma aparenta ser la respuesta inconsciente de aquellos que por falta de desarrollo político no articulan un discurso insurgente, contestatario o de resistencia por lo que responden contra el sistema como pueden.

Al mirar el Puerto Rico de la segunda década del siglo XXI, el mismo se revela como un espacio de experimentación socioeconómica donde los políticos de turno pretenden hacer funcionar políticas que hacen más de cuarenta años vienen fracasando en todos los demás lugares donde las implantaron.

Por un lado, los tecnócratas, quienes sin importar el partido que representen controlan la administración del País por las pasadas décadas, imponen en la Isla el salvaje capitalismo desarrollado por Milton Friedman y vendido al mundo por los herederos de Ronald Reagan, aquel actor de segunda categoría que uno se debiera preguntar cómo llegó a ser presidente estadounidense.

Un capitalismo que mientras excluye a la mayoría de la población de formas legítimas de ganarse la vida, incluye por igual a todos los sectores en las falsas necesidades de consumo.

El orden social resultante de ese proceso de inclusión y exclusión es uno de enormes diferencias socioeconómicas donde algunos sectores poblacionales dejan de ver el Estado como legítimo y comienzan a ver el crimen y la violencia como formas de hacer frente al sistema que entienden los abandonó y que ven como que no les representa.

En resumen hasta aquí, ese orden social neoliberal que se impone en Puerto Rico es uno que produce marginación y exclusión los que a su vez producen violencia. Esa violencia resultante, sobre todo la que viene de los sectores marginados o de disidencia política, es contestada por el aparato gubernamental con violencia estatal y represión, lo que a su vez generará más sentido de ilegitimidad estatal en los sectores reprimidos.

De esa manera, se genera el espiral de crecimiento en la violencia que experimentamos.

Partiendo de que lo anterior no es nada nuevo en la criminología o en la sociología de la desviación, cabe preguntar por qué se siguen utilizando las medidas de mano dura y de cero tolerancia cuando se sabe que no funcionan y que terminan generando más violencia.

Sencillo, estas medidas no controlan la criminalidad pero ganan elecciones.

Durante las últimas décadas del siglo XX, la llamada guerra contra el crimen se convirtió en la mejor forma de movilizar al electorado de clase media y media alta que vive constantemente atemorizado por la llamada delincuencia.

Para esta población, que en su mayoría es conservadora y muy activa electoralmente, todo aquel que se aleje de sus valores culturales dominantes es visto con recelo y desconfianza. Cuando digo “valores dominantes” me refiero a los valores encarnados por el arquetipo del varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano de la década del 1950 en Estados Unidos y que los medios de comunicación construyeron como el ideal del ser civilizado.

Todo aquel que no corresponda a esos valores o que no se someta a esa visión de mundo es visto entonces como el otro y estará sujeto a ser controlado de alguna manera por el Estado. Es decir, es “un criminal”.

De esta manera la mujer que no ocupa “su lugar” es vista como “bicha”, el negro que no acepte su “inferioridad” es un “negro altanero”, el pobre que no acceda a su explotación es “problemático”, el homosexual que disfrute abiertamente su sexualidad es una “loca furiosa” y aquel que no acepte la definición de cristianos que los fundamentalistas construyeron como correcta es un “inmoral”.

En resumen que para la mayoría de los conservadores votantes, en Puerto Rico y Estados Unidos, ésos que no se alinean son vistos como “el otro” y esperan que sea el Estado, mediante su aparato de justicia criminal, quien los controle.

Para este grupo, el policía que macanea a un estudiante no está abusando del poder ni violando derechos civiles, está imponiendo “el orden”.

Esos conservadores están claros que la justicia y los derechos están subordinados al “orden”, pues su pensamiento, como parte de los movimientos de temperancia cristiana, es que el “orden” es producto divino e incuestionable.

El resultado, consciente o inconsciente, de este proceso es que los políticos se aprovechan de esa necesidad de control de los conservadores y se levantan como barreras protectoras o como fiscales paladines del “orden” para complacer y ganarse el voto de este sector.

Así también se van construyendo leyes que controlan el comportamiento en los espacios públicos, limitando el mismo a las expresiones culturales aceptadas por el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano mientras criminaliza las que se aparten de ellas.

Es decir, la ley penal se convierte en una herramienta de “blanquear” y americanizan los espacios.

Desde esta perspectiva es fácil de entender entonces cómo a pesar de que tanto la experiencia histórica como los trabajos académicos apuntan a que las políticas de mano dura no funcionan para combatir el crimen y cómo terminan creando más criminalidad que la que resuelve, las mismas se siguen implementando con un fervor cuasi religioso.

Simple, porque fracasan en controlar el crimen, pero triunfan en conseguir votos.

De esta manera, cuando viene a las elecciones, los políticos triunfan fracasando. Pero para desgracia nuestra, cuando viene a la criminalidad, todos fracasamos con sus triunfos.
--------------------------------------------------------------------------------
* El autor es profesor universitario en el área de Justicia Criminal.