El pasado lunes 28 murió otro testigo protegido en la causa que investiga la desaparición forzada de Iván Eladio Torres a manos de la policía chubutense. Se trata de Juan Pablo Caba, 30 años, cuñado de Iván y futuro padre, que alcanzó a estar 15 días agonizando en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y acusar una “emboscada”. Es el sexto caso de personas vinculadas a la causa que mueren en situaciones confusas tras de la desaparición de Iván el 2 de octubre de 2003.
Una práctica
Juan Pablo estaba protegido como testigo por expreso pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este febrero requirió al Estado argentino “información actualizada”. En su respuesta, el Estado argentino acepta la figura de “desaparición forzada” y promete ahondar en la investigación (ver la nota Rima judicial). Poco después, la justicia procesó a 15 policías que habían ya sido sobreseídos por la misma magistrada en 2007. La abogada del caso, Verónica Heredia, considera que se trató tan sólo de una jugada para tener con qué presentarse a la instancia internacional. Heredia ahora interpreta: “Lo que no reconoce el Estado es que esta práctica es sistemática y está avalada por el PoderJudicial y Legislativo. El Estado sigue siendo retórico: para afuera, un buen discurso, pero para adentro, siguen muriéndose testigos”.
Hecho confuso
Juan Pablo tenía 30 años, había compartido con Iván varias golpizas policiales antes de aquél 2003, noviaba con su hermana también desde entonces y esperaba mellizos. Ahora Valeria Torres, de 27 semanas, no quiere volver al hospital donde, asegura, “mataron a Juan Pablo”, quien habría sufrido una infección intrahospitalaria, y muerto en consecuencia. : ¿Tiene, entonces, relación con la causa de Iván? Heredia responde: “Forma parte de lo que es la causa misma. Yo no sé si dijeron “andá a matarlo porque es testigo del caso de Iván Torres”, pero toda la impunidad, la falta de intervención política y de investigación, tiene que ver con esta muerte”. La historia se mezcla con la labor de Juan Pablo en el gremio de la UOCRA, que en Chubut se divide en violentos enfrentamientos entre dasnevistas y no. Heredia: “Hubo enfrentamientos terribles, con armas de fuego y heridos y muertos”. Pero lo de Juan Pablo continúa investigándose. Qué se sabe: ese día lo fue a buscar un hombre apellidado Baeza para comer un asado. Baeza acababa de salir de una cárcel de Comodoro Rivadavia. Juan Pablo, desde la cama del hospital, alcanzó a revelar lo obvio: fue una emboscada. Y no más.
Cinco testigos menos
Cinco testigos más fueron asesinados y sus casos no esclarecidos. Dos de ellos habían denunciado haber visto con vida a Iván en la comisaría. Dijeron –con razón- que temían por sus vidas. El 6 julio de 2006, la Corte Interamericana ordenó protegerlos, en vano. Un año más tarde, Walter Mansilla era asentado como NN en el libro de la Morgue de Comodoro; David Hayes fue acuchillado y detenido en un hecho que la policía caratuló como “confuso”; el acta de defunción de Gastón Vara apareció cuando fue citado a declarar. Gastón Vera y Dante Camaño corrieron la misma suerte. La Corte extendió la protección a familiares y abogados. El propio Juan Pablo siguió soportando detenciones arbitrarias y golpes: “Lo fui a buscar a comisarías en toda la Provincia, y siempre estaba muy golpeado”. Era entonces testigo y víctima de esta práctica sistemática. Sabía, también, el relato de Iván sobre una detención anterior, el 26 de septiembre de 2003, cuando lo detuvieron, golpearon y, en un monte, los desnudaron y gatillaron en la cabeza.
La nota publicada en lavaca sobre el caso teje el paso a paso de la causa. El procesamiento de 15 policías antes sobreseídos simbolizaba la inacción judicial y de investigación; la Corte Interamericana comenzaba a arrinconar al Estado argentino. Este viernes llegó la contestación del Estado a la CIDDHH a la oficina de Heredia, que cuenta: “Cuestiona las reparaciones monetarias, que dicen desmesuradas e irracionales. Cuando pensamos en las reparaciones estamos pensando en una desparición forzada en democracia. Ante esta desmesura e irracionalidad que nos propone el Estado, nosotros propusimos montos desorbitantes. ¡Pero sobre el resto no dijeron nada!”. El cronograma estipula que para octubre llegará la contestación de la Corte. Tendrá forma de audiencia oral y pública, y participarán María – madre de Iván- y Nora Cortiñas, “que dará un testimonio de más de 35 años de desapariciones forzadas en Argentina”, dirá Heredia. Según esos fundamentos y los que presente la defensa, la Corte se tomará dos meses más para dictar sentencia definitiva
Fuente: La vaca
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