El juez Gaimaro Pozzi de Bariloche nos niega como pueblo mapuche y respalda a la empresa Emforsa
La justicia de Río Negro dispuso el desalojo policial de la comunidad mapuche José Manuel Pichún y restablecer a la empresa forestal Emforsa la posesión de una fracción del territorio ubicada en el paraje Cuesta del Ternero invadida con una plantación industrial de pinos exóticos. A la vez, resolvió procesar a seis peñi y lamngen por el presunto delito de usurpación del espacio territorial que ocupa la Pichún desde fines del siglo XIX.
Miguel Angel Gaimaro Pozzi, juez penal de primera instancia de Bariloche, falló una vez más en total negación de los derechos del pueblo mapuche, protegiendo por sobre todos los derechos el de la presunta propiedad privada de la empresa de capitales mixtos Emforsa cuya cabeza visible es el abogado Miguel Angel Martínez Pérez. A través de la familia Valle el pueblo mapuche jamás dejó de ocupar efectivamente la fracción de 264 has. en conflicto, la que según Gaimaro Pozzi la comunidad Pichún usurpó a Emforsa cuando fue exactamente a la inversa.
La forestal Emforsa fue creada en 1988 por el gobierno provincial para el beneficio y renta de empresarios privados. Con la UCR gobernando en Río Negro desde 1983, la provincia puso a disposición de ese plan de forestación y apropiación de tierras todo el aparato institucional: dirección de Tierras, Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble, secretaría general de la Gobernación…para legitimar y legalizar el despojo con títulos “perfectos” que muchos de los jueces de hoy ni siquiera se avienen a revisar.
Alertamos al conjunto del pueblo mapuche y a la opinión pública en general que este juez ya convocó a la Unidad 12 de la policía de Río Negro para que realice el desalojo y restituya a Enforsa la posesión del lugar. De este modo, Gaimaro Pozzi actúa en total acuerdo y sintonía con el plan de violencia que ejecuta el gobernador Miguel Saiz que fortalece a la policía, especialmente a su cuerpo especial BORA, como fuerza de choque contra la población civil. Este juez cumple así el deseo formulado públicamente por el propio ministro de Gobierno Larreguy que, semanas después de la reafirmación pública del lugar en conflicto, dijo a la prensa que mandó la BORA a Bolsón para hacer desalojos.
Fallos como este de Gaimaro Pozzi, en total acuerdo con la posición del Poder Ejecutivo rionegrino de negación sistemática a nuestros derechos como pueblo originario preexistente, nos dejan sin posibilidad de defensa legal, nos cierran los caminos institucionales y desdibujan la presunta división de poderes en esta provincia. En la circunscripción Bariloche, Gaimaro Pozzi y…Calcagno son los ejecutores sistemáticos de medidas judiciales que atentan contra nuestra existencia como pueblo mapuche. Fallos como este deben interpretarse y leerse en el contexto de sumisión al poder económico de las forestales e inmobilarias, así como en la puja interna del poder judicial por reacomodarse en el lugar vacante del STJ y la Cámara Penal de Bariloche, entre otros intereses corporativos.
Tampoco es ajeno a este conflicto la situación particular de Martínez Pérez, apoderado de Enforsa y funcionario público en su rol de presidente del directorio de una empresa mixta. Martínez Pérez carga con varias denuncias por su intervención como “fiscalero” en la compra-venta dudosa de fracciones de tierra en beneficio del británico Joe Lewis, la belga BURCO y la inmobiliaria van Ditmar, entre otros, según es de conocimiento público.
En la lucha por la defensa de los derechos que tenemos como pueblo lentamente vamos conociendo al Estado en su forma organizativa, en la ideología de sus gobernantes, en sus dispositivos de fuerza y violencia. Sabemos de su poder y de lo que son capaces para lograr sus objetivos estratégicos. Lo sabemos por haber estado al borde del exterminio.
Aún así como pueblo salimos del silencio a ocupar el espacio que tenemos en la vida. Y la vida de nuestro pueblo sólo es posible en el Wall Mapu, el territorio ancestral al que pertenecemos que sentido y fundamento a nuestro ser Mapuche.
Por Territorio y Justicia
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CAI
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