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Harguindeguy, junto a Ramón Genaro Díaz Bessone –comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976– será juzgado por dos causas acumuladas: una es la que investiga el secuestro y torturas que sufrieron 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal, que dependía del por entonces ministro del Interior.
Además será enjuiciado por el delito de desaparición forzada de persona del que fueron víctimas los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, y por la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalasar y Juan José Durantini, quien ejercía la actividad periodística en la vecina ciudad de Salto antes del golpe y luego con el retorno de la democracia fue propietario de una radio FM y un canal de TV. Además de Harguindeguy y Díaz Bessone enfrentará al tribunal, por la causa de Concordia, el ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, Naldo Miguel Dasso. Y por la causa de Concepción: Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.
El decreto firmado ayer por Lilia Carnero como presidenta del Tribunal Oral, dispone que las audiencias se realicen desde el miércoles 27 de julio a las 10, en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones ubicada en 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, que fue elegida porque posee mayor capacidad y podrá albergar a procesados, testigos, prensa y público en general. Además, se dispuso que los debates serán los miércoles, jueves y viernes y serán transmitidos por un sistema de televisión que permitirá que también sean vistos en una pantalla que estará instalada en la sala del Tribunal de Urquiza 868.
El Tribunal decidió que el juicio se realizará en Paraná a pesar del pedido de la querella, que había solicitado que se hiciera en Concepción del Uruguay, donde se desarrolló la instrucción. Sin embargo, se tuvo en cuenta la opinión de la Fiscalía que propuso que el escenario sea la capital provincial, porque las víctimas no son todas de Concepción, por razones de seguridad y para evitar el traslado del expediente. Los gastos del movilidad de los testigos estarán cubiertos por el Tribunal.
Está previsto que durante el desarrollo de las audiencias declaren alrededor de 110 testigos, 70 de los cuales fueron propuestos por las partes acusadoras. Por esta razón se estima que la sentencia se dictará no antes de cuatro meses después del 27 de julio.
Por otra parte, se dispuso que se realicen inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención donde se ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, como la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay y un grupo de regimientos de la costa del Uruguay.
Los jueces que tendrán a su cargo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos serán Lilia Carnero, Roberto López Arango y un tercero que deberá nombrar el Consejo de la Magistratura. Como fiscales actuarán Marina Herbel y el coadyuvante José Ignacio Candioti.
La querella será representada por la abogada uruguayense María Isabel Cacciopolli, apoderada de las víctimas César Manuel Román, Carlos Atilio Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Carlos Horacio Valente, y los familiares de los desaparecidos Solaga y Zalasar: María Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar, consigna Uno.
Torturas en la Federal
El sobreviviente del terrorismo de Estado César Román denunció que Crescenzo, Rodríguez y José María Mazzaferri lo secuestraron la noche del 16 de julio de 1976 y lo alojaron junto a un grupo de compañeros de 5º año de la escuela Secundaria y otros jóvenes en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde fueron torturados. En los interrogatorios le preguntaban por sus actividades en la escuela Normal y un supuesto mimeógrafo. Las condiciones de detención eran inhumanas: rara vez los llevaban al baño, no podían hablar, los sentaban contra la pared y no les permitían dormir. Si se dormían, los golpeaban con la mano abierta en los oídos. A medida que pasaban los días las sesiones de tormentos eran más violentas. Les pasaban la picana y los hacían ver cómo torturaban a los demás. Quien aplicaba las torturas era el prófugo Mazzaferri.
Secuestrados y desaparecidos
Julio Alberto Solaga fue secuestrado la noche del 22 de noviembre de 1976, frente a su casa de Concordia, cuando estaba conversando con un vecino. Tres personas de 40 a 45 años, robustas, que dijeron ser de la Policía Federal, lo escoltaron hasta introducirlo en un Renault 12 blanco, sin patente, que era vox pópuli que era utilizado por el Regimiento local para apresar ilegalmente a los opositores políticos. Desde entonces no se tuvieron más noticias sobre su paradero.
A Sixto Francisco Zalasar lo secuestró un grupo de tareas de cuatro personas el 26 de mayo de 1976, a las 6.45, cuando iba hacia su trabajo. Trató de evadir el operativo, se metió en la casa de un vecino en calle Diamante y de allí lo sacaron los secuestradores. Hasta la fecha sigue desaparecido.
La tercera víctima es Juan José Durantini, quien fue detenido ilegalmente el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, por parte de personal militar. Fue alojado en el Regimiento de Tanques VI de Concordia, luego durante 20 días en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, posteriormente en la cárcel de Gualeguaychú y finalmente en la de Coronda hasta el momento en que fue liberado.
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