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La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el procesamiento del titular de la Unión Ferroviaria, de su segundo, "El Gallego" Fernández, y del delegado Claudio Alcorcel. La causa se encamina hacia el jucio oral y público.
José Pedraza y su segundo en la Unión Ferroviaria, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, instigaron el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra, por el “interés político y económico generado a consecuencia de los cargos” que detentan. Ese interés “político y económico” se centraba “en evitar que los tercerizados cortaran las vías tanto ese día como en el futuro”. Porque reclamaban ser incorporados a planta permanente del Ferrocarril Roca y ello significaba que en la Unión Ferroviaria “se gestaría” una línea opositora interna “que podría dar lugar a la puesta en peligro de la continuidad en el cargo que ejerce ininterrumpidamente” Pedraza, prácticamente desde el regreso de la democracia. “El ingreso de los empleados tercerizados (a la planta permanente) implicaba, como efectivamente sucedió, que las cooperativas creadas para nuclear a estos trabajadores dejaran de existir.” Pedraza, a través de familiares directos, tenía intereses en esas cooperativas. Y un interés principal: “que no se modifique el statu quo obtenido durante años, atento a la enorme cantidad de dinero que ingresaba, tanto al sindicato por los aportes de los afiliados como a la cooperativa por los subsidios dados por el Estado Nacional para hacer frente a la contratación de tercerizados”. Pedraza usufructuaba “los beneficios que tal situación le reportaba”. El crimen reconoce su génesis en “el directo interés de los dirigentes de la Unión Ferroviaria en que los ‘tercerizados’ cesaran en su reclamo de incorporación a planta permanente, en atención a que podrían afectar la hegemonía que ejercían desde hacía años, más allá de otros intereses económicos”.
Por estas razones fue asesinado Mariano Ferreyra. Así lo entendió la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en un fallo de 15 páginas que firmaron los jueces Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch. En lo esencial, la resolución confirma los procesamientos de Pedraza, Fernández y el delegado Claudio Alcorcel, y rechaza la posibilidad de que sean excarcelados.
Los abogados que los defienden, Carlos Froment y su colaboradora Daniela Grisetti, deslizaron que apelarán la medida ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Pero lo concreto es que la causa está hoy encaminada hacia el juicio oral y público, en el que el histórico líder sindical ferroviario podría ser condenado a cadena perpetua.
Los jueces se anticiparon tres días al plazo que disponían para resolver las apelaciones de los acusados. Consideraron que Pedraza y Fernández, quienes no estuvieron en Barracas el 20 de octubre de 2010 cuando fue asesinado Ferrey-ra y sufrieron heridas otros tres manifestantes, fueron “instigadores” del homicidio junto con el delegado Pablo Díaz, quien sí estuvo en el lugar y reclutó a la patota que agredió a tercerizados y militantes del Partido Obrero. Díaz, según el fallo, “no actuó solo en esto sino que lo hizo junto a Fernández y Pedraza”, lo que quedó acreditado por el “reporte casi instantáneo que era dado a los dos” mientras se perpetraba la “aleccionadora” agresión. “Pedraza, Fernández y Díaz actuaron de manera conjunta y coordinada desde el día anterior en el armado y diagramación del plan criminal que fue puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana.”
El fallo recoge una expresión de las abogadas querellantes María del Carmen Verdú y Claudia Ferrero: “han sido incorporados a planta permanente 1515 trabajadores tercerizados con posterioridad a los hechos. Esta reciente decisión no modifica ni borra el conflicto anterior, de larga data por cierto, siendo dable presumir por ello que se debió, justamente, a la investigación que se lleva adelante”. En otras palabras: los tercerizados no fueron incorporados por una reivindicación de la Unión Ferroviaria –como alegó el abogado de Pedraza– sino por la sangre derramada de Mariano Ferreyra.
Tras analizar y rechazar uno a uno los argumentos de las defensas, el tribunal sólo concedió una rebaja a la calificación legal del rol que le cupo a Alcorcel, a quien consideró “partícipe secundario” del homicidio
Fuente: tiempo-argentino
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