El lado oscuro de una frontera centroamericana

RECURSOS: Posibles motivos para la ocupación militar por parte de Nicaragua de un territorio costarricense

Los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica se enfrentan por bastante más que un mapa de Google. El conflicto fronterizo en la desembocadura del Río San Juan podría ocultar intereses sobre la explotación de la aguas marítimas

Vinicio Chacón - Costa Rica

La imposición de medidas cautelares que obliguen al Gobierno de Nicaragua a retirar sus tropas de lo que Costa Rica considera parte de su Isla Calero, es lo que se juegan ambos gobiernos tras su audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.


El conflicto se da en un contexto político particular para ambos gobiernos. Los dos países han visto un resurgimiento de sentimientos nacionalistas que en el caso de Nicaragua ha incidido en una alzada en la popularidad de su presidente Daniel Ortega, quien busca su reelección presidencial.

En Costa Rica, figuras gubernamentales de alto nivel han expresado la necesidad de que el país sin fuerzas armadas cuente con una especie de cuerpo de seguridad especial. Ello sentó muy mal entre los sectores sociales, en medio de un intenso proceso de concentración del poder político en manos del expresidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo, quien ya anunció su intención para llevar al oficialismo a las elecciones del 2014.

De Google Maps a la CIJ


La frontera entre Costa Rica y Nicaragua es zona habitual de tráfico de personas, dinero, armas y droga. Además, hay sectores cuyas poblaciones rurales y empobrecidas comercian y se relacionan sin atención a los límites oficiales, debido al histórico abandono institucional por parte de ambos estados.

Gran parte de la frontera es definida por el Río San Juan, en el cual Nicaragua ejerce soberanía pero Costa Rica conserva derecho de libre navegación, según el tratado limítrofe de 1858. La actual disputa se inició en octubre y ganó notoriedad poco después cuando Edén Pastora, quien comandó la draga y el contingente del ejército nicaragüense que ocupó el mencionado territorio, justificó su presencia allí con un mapa de Google.

Pastora fue nada menos que el Comandante Cero, el principal dentro del grupo de los nueve Comandantes que lideraron la guerrilla revolucionaria sandinista. Posteriormente brincó a la guerra de contra-revolución al frente de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE). El dragado del lecho del río generó malestar en Costa Rica, pues los desechos de la draga eran arrojados a la margen costarricense. Luego Pastora dirigió la operación hacia lo que Costa Rica considera su territorio, una esquina al noreste del país llamada Isla Calero. Se trata de una porción de terreno en la zona de la desembocadura del Río San Juan en el Mar Caribe.

En noviembre el presidente Ortega acusó a Costa Rica de enviar “tropas de élite” a la zona y adujo que su vecino del sur tiene “la visión geopolítica de adueñarse del Río San Juan”. Costa Rica desmanteló su cuerpo de policía fronteriza en el 2008.

En declaraciones ofrecidas al periódico costarricense La Nación, el agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justcia (CIJ), Carlos Argüello, detalló que los trabajos realizados en el río permitieron descubrir un viejo caño a través de lo que Costa Rica considera territorio nacional, por el cual supuestamente desembocaba el río San Juan a finales del siglo XIX y que por lo tanto es por allí donde se marca la línea fronteriza.

Sin embargo, Argüello reconoció que “los trabajos no se hicieron con draga, fueron trabajadores con machetes, palas y picos quienes hicieron la trocha”.

El alegato del Gobierno de Costa Rica se fundamentó en estudios satelitales que sostiene demuestran la inexistencia histórica de ese caño.

Otro elemento presentado por Costa Rica es un Informe de la Comisión Mundial Sobre Humedales Ramsar, el cual confirmaría los alegatos sobre un significativo daño ambiental causado por los trabajos de draga y para abrir la trocha. En la acera contraria se ha rechazado ese informe por considerarlo parcializado.

Este litigio llega a la CIJ menos de un año después de que ambos países habían discutido ante esa instancia sobre los alcances del derecho de navegación de Costa Rica en el mismo Río San Juan.

Especulaciones

Mucho se ha especulado sobre los motivos detrás de la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de llevar a cabo la draga y ocupación del territorio que Costa Rica considera propio. Incluso un medio de comunicación israelí conjeturó sobre una confabulación entre los gobiernos de Nicaragua, Venezuela e Irán para construir un canal interoceánico.

El politólogo e historiador costarricense Luis Guillermo Solís, quien hasta diciembre fue representante para Centroamérica de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), explicó que “si en algún lugar no se preveía un conflicto era en el curso inferior del río, pues nunca fue invocado como territorio nicaragüense, todos los mapas y la cartografía histórica siempre lo reconocieron como territorio costarricense, tanto así que Costa Rica suscribió el Tratado de Ramsar sobre la Protección de Humedales partiendo del supuesto de que es territorio costarricense y Nicaragua nunca lo cuestionó”.

Lo que podría estar en juego es que una redefinición de la trayectoria final en tierra podría incidir en una alteración significativa de los límites marítimos, sobre los que según Solís persiste una “indefinición total, son fronteras mucho más complicadas y que sí tienen para Costa Rica una importancia estratégica”, en vista de la riqueza natural que abarca desde vida marina hasta probables reservorios de combustibles fósiles.

El gobierno costarricense ya anunció su intención de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de no obtener las medidas cautelares solicitadas a la CIJ.

Diagonal.net