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Por tanto el proyecto (Boletín Nº 6426-10) que estaba en segundo trámite constitucional luego de su aprobación por la Cámara de Diputados en 2010, deberá ser analizado por la Comisión de Agricultura. Transversalmente los senadores Ximena Rincón, Andrés Zaldívar, José García Ruminot, Hosaín Sabag, Guido Girardi, Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Ximena Rincón plantearan dudas sobre sus consecuencias para los productores agrícolas nacionales.
Lucha social y lobby
La reacción parlamentaria es la respuesta a la movilización desarrollada por organizaciones sociales y ambientales ante la reposición de la ley de transgénicos y su avance simultáneo con los proyectos de privatización de la semilla nativa y de firma del convenio UPOV91. El Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo (2 de abril), en que participaron más de 40 organizaciones locales, regionales y nacionales presididos por el alcalde de la comuna, Felipe Aylwin y por la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de BioBio, acordó solicitar al parlamento el rechazo de todas las leyes que pongan en peligro la semilla campesina, por la vía del otorgamiento de nuevos “derechos de obtentor” y la introducción de los transgénicos. Los derechos de obtentor son una suerte de patente que ahora se pretende validar por 20 o 25 años, para hacer dependientes a los campesinos y productores agrícolas de las corporaciones del negocio de la semilla transgénica y los agrotóxicos.
Las demandas del Cabildo de Chillán Viejo al Senado –suscritas por organizaciones campesinas, productores orgánicos, exportadores, consumidores y profesionales- están siendo dadas a conocer a todos los parlamentarios y fueron entregadas directamente a Ximena Rincón y Alejandro Navarro frente a La Moneda, cuando la senadora depositaba allí una maciza carta sobre el mismo tema dirigida al Presidente Piñera. Así confluyeron dos iniciativas ciudadanas antitransgénicos y en defensa de la semilla campesina, desde el sur y centro del país. En la misiva la senadora demandó el retiro del proyecto de transgénicos y el inicio de un amplio debate respecto de todos los proyectos relacionados con el patrimonio genético por la vía de entregar el control de la semilla y los alimentos, a empresas que sólo buscan aumentar sus ganancias. El documento suscrito por organizaciones como la red Socio Ambiental de Valparaíso, Tierra Nueva, la red social Chile sin Transgénicos, RAP-Chile, ANAMURI, OLCA, y Tierra Viva Agricultores Orgánicos entregó antecedentes sobre lo que ocurre en otros países con los monocultivos transgénicos, detallando los gravísimos impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas derivados de este cambio en el modo de producción campesino.
En la sesión del Senado, la senadora Rincón mencionó que "el gobierno le ha otorgado urgencia a varios proyectos sobre obtentores vegetales y hemos concurrido junto al senador Navarro a La Moneda para pedirle al gobierno que nos dé tiempo para transparentar e informar a la ciudadanía sobre el alcance de estas iniciativas". El senador Alejandro Navarro afirmó que el hecho que Chile haya firmado tratados de libre comercio no debe impedir el debate en el Parlamento sobre las implicancias de este tipo de Convenios. Informó que "este instrumento ha sido suscrito por 68 países, pero países vecinos como Argentina, Brasil y Bolivia solo adhirieron al instrumento anterior, no a sus modificaciones, porque tienen serias y profundas observaciones". Chile es firmante del convenio UPOV 1978 y al igual que los citados países, podría continuar rigiéndose por ese convenio.
Senador Larraín desinformado
Los senadores se mostraron abiertos a conocer opiniones de agricultores y comunidades indígenas sobre el tema. Por su parte, según se informó en la web del senado, los senadores Hernán Larraín y Carlos Kuschel señalaron que este acuerdo responde a los compromisos adquiridos por Chile tras la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Evidenciando su desconocimiento del tema, afirmaron que este convenio permitirá que las invenciones nacionales puedan patentarse, ignorando que en Chile ya hay 600 variedades registradas, entre ellas el boldo, por ejemplo, la mayoría por empresas extranjeras, pero algunas también por entidades chilenas. Las organizaciones campesinas quieren evitar que ese proceso de privatización de la semilla continúe avanzando en detrimento de la pequeña agricultura y en paralelo con la planeada introducción de los transgénicos.
Evidenciando su total ignorancia acerca del convenio que se discutía, el senador Larraín Fernández afirmó que "este convenio no guarda relación con los transgénicos. Se trata de patentar semillas o vegetales”. Justamente lo que se patenta son las llamadas “variedades nuevas” de semillas híbridas o transgénicas, es decir manipuladas genéticamente a partir de las variedades existentes y que forman parte de la biodiversidad. El lobby en favor de este proyecto lo han desarrollado las transnacionales, Chile Bio (Monsanto) y la Asociación Nacional de Productores de Semillas que agrupa a los exportadores de semilla transgénica, un cultivo que sí es legal en Chile y que ellos pretenden extender para el consumo interno.
Otros planteamientos
El senador Zaldívar en cambio, reconoció la implicancia que tiene este convenio con la producción de transgénicos. El senador García Ruminot expresó que le gustaría dimensionar el costo que este convenio tendría para los agricultores, en tanto que el senador Sabag se sumó a las aprensiones por esos efectos en pequeños y medianos agricultores que "no saben de patentes".
El Presidente del Senado, Guido Girardi, sostuvo que el tema de fondo es que "el acervo genético de la humanidad no es patentable y debería ser devuelto a la ciudadanía". Estimó también que la Comisión de Medio Ambiente debe igualmente analizar el convenio porque “tiene que ver con la obtención de semillas, los transgénicos y eso significa que hay muchos pequeños agricultores y comunidades indígenas cuyas especies van a ser patentadas".
El senador Antonio Horvath por su parte opinó que se debe "hacer partícipes de este Convenio a los probables afectados. Chile tiene una gran cantidad de especies y si uno ve el futuro tenemos capacidad de competir por calidad y sello origen con nuestros productos y no por volumen". En cambio para el senador Kuschel el proyecto “conviene a nuestros pequeños productores e instancias que investigan la obtención de semillas.”
La situación actual
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización integrada por gobiernos pero que responde a los intereses de las transnacionales semilleras. Chile es parte de UPOV desde 1996, cuando adhirió a este acuerdo según los términos que lo regían el año 1978 (UPOV 78), creando un registro nacional de variedades protegidas que depende del SAG.
Lo que hoy se iba a votar, es decir que Chile adhiera al Acta 1991 (UPOV91) requiere primero modificar los criterios legales actuales sobre protección vegetal, puesto que la nueva versión del Convenio le da aún más derechos a las transnacionales y obtentores. La ley Nº 19.342, promulgada en 1994 y aun vigente, creó el registro de variedades protegidas y estableció las normas que lo rigen, permitiendo que el país firmara el UPOV78.
Si los términos de esa ley fueran los mismos que los contenidos en el convenio UPOV 91, Chile no tendría para qué modificarla y no tendría razón de ser el nuevo proyecto de Obtentores Vegetales que se discute en el Senado con trámite de urgencia, ni se estaría pidiendo derogar la ley 19.342.
Por eso las organizaciones ciudadanas, junto a los senadores Rincón y Navarro han pedido al gobierno detener la urgencia en el análisis del proyecto de Ley de Obtentores (de privatización de la semilla nativa) de manera que exista un debate informado y previo a la votación respecto del convenio UPOV 91, íntimamente ligado a ese proyecto de ley, ampliamente rechazado por las organizaciones campesinas, de consumidores y ambientales
Publicado por Lucía Sepúlveda Ruiz
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