La Juventud acusa La derecha y la rebaja de la imputabilidad

Por Gerardo Núñez.


Se lo que hicieron los años pasados…

La Derecha ha lanzado formalmente la campaña de recolección de firmas para plebiscitar la baja de los años de imputabilidad de los menores y gravar sus antecedentes, si es que los hubiera. Hablamos de lanzamiento formal, puesto que hace ya varios años desde los medios masivos de comunicación le han dedicado a la crónica roja una excesiva cantidad de minutos, trabajando fundamentalmente sobre la criminalización. En variadas formas, como la criminalización de la lucha social, de la juventud uruguaya y de la pobreza.

No parece ser casual que en momentos donde se trataban temas relevantes para el país, como la redistribución de la riqueza en el marco de la discusión presupuestal, se hayan invertido en el período comprendido entre octubre y noviembre del año pasado, un total de 13.602 segundos, en hablar sobre los conflictos. Cifra escandalosa si la comparamos con los emitidos en los primeros 10 meses del año 2009: 11.797 segundos[1]. En un solo mes se le dedicaron más segundos de los que se dedicaron en casi un año. Esta contundente descarga pretendía satanizar y aislar al movimiento popular, generando la idea de un país en permanente conflicto, trabando el crecimiento y el “normal” funcionamiento del Uruguay.

En cuanto a la crónica roja, los segundos dedicados a ella aumentaron un 259 % en el correr de cuatro años. En el año 2004 se emitieron 106.800 segundos de noticias policiales, mientras que en el 2008 ascendieron a 277.000 segundos[2]. Este aumento sería razonable si estuviera relacionado con el incremento de los delitos, pero no fue así. El aumento total de los delitos del año 2007 es de 1,3%[3] respecto al año anterior. Con estos datos encima de la mesa, se hace imposible no preguntarnos: ¿que intereses se ocultan detrás de semejante circo?

Todo este panorama, hace pensar que la campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad se enmarca en la estrategia de la derecha por conquistar nuevamente el Gobierno, utilizando un tema sumamente sensible y complejo para catapultarse de cara a las elecciones del 2014. Se busca a través de un sensacionalismo barato para obtener mas votos, planteando soluciones simplistas que no conducen a una real superación del problema de la inseguridad, sino que por el contrario no hacen mas que seguir resquebrajando la sociedad, generando de esta manera, mayores niveles de marginación que conducen indefectiblemente a un peligroso retroceso social.

El discurso de la derecha no es nuevo, por lo que no nos asombra. Ha sido punta de lanza de varios de sus candidatos en la región. El más claro ejemplo es Macri, quien llega al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, teniendo como eje de su campaña la inseguridad. Si elevamos más la mirada, nos vamos a encontrar con muchas coincidencias en el plano discursivo. A nivel mundial las clases dominantes utilizan un discurso que presenta ropajes distintos respecto al de la oligarquía criolla, pero que esencialmente es lo mismo, y por ende apunta a un idéntico objetivo: la opresión de los pueblos.

Por un lado tenemos el permanente recurso del Terrorismo Internacional, y por otro, el de la Inseguridad. El primero justifica el accionar imperialista, las invasiones, las guerras, la militarización creciente en el mundo, los multimillonarios gastos en materia bélica por parte de los gobiernos, entre otras tantas acciones que ponen en jaque cotidianamente a la paz, e incluso, a la propia existencia humana. El segundo, justifica la represión del Estado, la construcción de cárceles, el constante aumento de ventas de materiales vinculados con la “seguridad” como las alarmas, las cercas eléctricas, las armas, las incontables empresas de “seguridad”, etc.

La idea madre que opera en los dos escenarios como parte de una estrategia común, es generar permanentemente el miedo como mecanismo de dominación y disciplinamiento de la sociedad. Se pretende recortar la libertad como principal objetivo, tanto la individual como la colectiva, para ejercer un control creciente sobre cada de uno de nosotros, reafirmando las acciones individuales, en detrimento, claro está de las colectivas. De esta manera las clases dominantes se aseguran un campo popular disperso, atemorizado, encerrado en sus casas, en sus propios cuerpos. La crisis de confianza sobre mi otro igual, forjada por el miedo, forma parte de las bases fundamentales de la dominación actual.

Por otro lado, es importante destacar que el hecho de rechazar la propuesta de la baja de imputabilidad, no significa desconocer que estamos frente a una profunda y delicada situación que merece un especial tratamiento por parte de toda la sociedad. La violencia es un fenómeno social que efectivamente se ha instalado en las sociedades posmodernas, formando parte a su vez, de la preocupante tendencia al deterioro de las relaciones humanas. Esto, surge inevitablemente a consecuencia de los efectos del sistema económico-político-social que impera en el mundo: el capitalismo. El problema está en que el fenómeno es utilizado a favor del actual estado de cosas, y no para derrotar al sistema que lo genera. Aquí radica gran parte del esfuerzo realizado por el poder, capaz de producir una subjetividad no transformadora de la realidad.

Violencia… es Mentir…

Como se señalaba al comienzo, la derecha realizó y realiza un minucioso trabajo desde los aparatos ideológicos que le son funcionales, mediante los cuales ha podido magnificar el problema, descargando parte fundamental de este arsenal sobre los aspectos emocionales de la población.

Han colocado como centro del problema a los jóvenes, como si fuéramos los únicos responsables. Ésta clara intencionalidad busca estigmatizar y a su vez esconder otras situaciones de violencia que vive nuestra sociedad. Por ejemplo, no hemos visto a la derecha proponiendo ni una sola alternativa para poder combatir la violencia domestica en nuestro país. En el período comprendido entre enero-marzo del año 2009 se registraron 3.509 denuncias de este tipo de violencia, 800 denuncias más respecto al mismo período del año 2007. Las denuncias registradas en el mismo período del año 2009 a causa de las rapiñas fueron 3.022, es decir, 487 denuncias menos que las que se efectuaron a raíz de la violencia domestica[4]. Al parecer, como se produce dentro de los hogares y no es percibida claramente por la sociedad, para la derecha no tiene la misma importancia que las demás manifestaciones de violencia, que sí son más visibles.

Tampoco han propuesto ninguna solución a la principal causa de muerte de los menores de 35 años, los accidentes de tránsito. Es mucho más probable perder la vida en un siniestro de este tipo que en un asalto. En este sentido, el Informe del Observatorio del Ministerio del Interior afirma que: “En el Uruguay contemporáneo, las muertes violentas de naturaleza no criminal (suicidios y accidentes de tránsito) son casi 6 veces más frecuentes que la violencia homicida. Se trata de una evidencia contundente que desafía las conceptualizaciones sobre la inseguridad y replantea los alcances de las políticas sectoriales[5].”

No se ocupan ni se ocuparon de la misma manera, en combatir el narcotráfico, gran responsable de los fenómenos de violencia. Tal vez porque es más fácil poner en el banco de acusados a los más débiles, a quienes tienen menos posibilidades de defenderse, evitando así hincar el diente y enfrentarse realmente al problema, pero claro, allí está parte del poder. No es redituable para sus intereses enfrentarse a él, todo lo contrario.

No hemos visto a Bordaberry (hijo) deslizar ni siquiera una idea para resolver el preocupante porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan (17,9%), del cual su Partido es responsable por la aplicación de políticas que condujeron a esta situación. Para él, la solución es represión, evocando a su padre, el dictador. ¿Cuál es su propuesta para que los jóvenes y adolescentes que viven en la pobreza (22%) y en la indigencia (1.7%)[6] puedan estar en mejores condiciones de existencia?

Parece joda que los mismos que pretenden vivir bajo la impunidad para proteger a los violadores de los derechos humanos, los que se niegan a la construcción de un país democrático, con verdad, memoria y justicia, sean también los que ahora juntan firmas para señalar con el dedo a la juventud uruguaya. Postura incoherente si las hay.

Es oportuno remarcar que la solución a los problemas de violencia implica una visión estratégica, interdisciplinaria y paciente. En efecto, hay que seguir apostando a la profundización de los programas de inclusión social impulsados en el primer período de gobierno del Frente Amplio. En este sentido, la Educación deberá jugar un papel mucho mas activo, rompiendo, cuestionando a todo el proceso de mercantilización de la misma, que significó la reforma Rama, que podemos caracterizar sin lugar a dudas, como un categórico genocidio cultural. Será necesario entonces, entre otras cosas, prestar especial atención a los altos niveles de deserción que existen en la Educación Media, donde el 40 % [7] de los que inician este nivel educativo, deserta.

Al mismo tiempo es fundamental desarrollar una clara política de trabajo joven que pueda relacionar la creación de una importante cantidad de puestos de trabajo con la necesaria calidad. Asegurando que podamos apropiarnos de mayores porciones de la riqueza generada, desterrando la precariedad y la informalidad de la que somos víctimas la inmensa mayoría de los jóvenes trabajadores.

Es necesario a su vez, contar con una intransigente política en contra del narcotráfico. Si bien es cierto que se han incautado toneladas de diversas sustancias, no menos cierto es que las bocas de Pasta Base se han transformado en una epidemia social. Aquí es necesario abordar otro tema netamente relacionado con el narcotráfico, la corrupción. Todos sabemos a grandes rasgos donde se encuentran estas famosas bocas, incluso saben quienes deben combatirlas con el peso de la Ley. Surgen entonces varias preguntas: ¿Por qué no se cierran definitivamente? ¿Acaso hay intereses generados por los sectores que deberían reprimir este tipo de actividades? ¿Quienes son los que les avisan a las bocas cuando van a efectuarse los allanamientos, para así poder “descartar” la sustancia? Seguramente todos conocemos las respuestas.

Por otro lado, urge la necesidad de contar con un centro de rehabilitación, que permita en serio reinsertar al joven en la sociedad. Está mas que claro que en las actuales circunstancias, ni los hogares del INAU, ni las cárceles, cumplen esta función, todo lo contrario. Las condiciones son sencillamente infrahumanas y lejos de poder rehabilitar a un joven o adulto no hacen más que seguir fragmentando los vínculos con la sociedad.

El programa del Frente Amplio es muy claro cuando habla de las características que debe tener el INAU en el actual contexto: “El INAU deberá, en el próximo período (este), avanzar en la transformación institucional que le permita fortalecer sus capacidades en el abordaje de problemáticas de particular riesgo como la situación de calle, las adicciones, la violencia familiar y el abuso sexual, la rectoría en la selección de familias adoptantes, la situación de los niños y adolescentes infractores .Deberá impulsar acciones de carácter sociocultural y socioeducativo que promuevan modelos culturales abiertos a una cultura de derechos, de aceptación de la diversidad, tolerante y solidaria, cuestionando estereotipos estigmatizadores especialmente dirigidos a los pobres, y a las y los adolescentes y jóvenes, lo que implica una profunda revisión de los estereotipos y sistemas de creencias que nos atraviesan”[8]. Es hora de llevar a la práctica lo discutido y lo resuelto.

Rompiendo con mitos y creencias

Para dar un debate profundo, honesto y sin ataduras de ningún tipo, es fundamental desintegrar ciertas producciones subjetivas que han calado muy hondo en el imaginario colectivo, transformándose prácticamente, en elementos mitológicos, que evidentemente carecen de veracidad.

Primero, en la actualidad todo aquel adolescente mayor de trece y menor de dieciocho años de edad, tiene responsabilidad penal, de acuerdo a lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 74, literal b. Lo que quiere decir que pueden ser sometidos a la justicia, e incluso ser pasibles de sanciones como la privación de libertad. Esto echa por tierra el discurso de la “impunidad de los menores” frente a la ley.

Segundo, la participación de los menores en los hechos delictivos no ha aumentado en los últimos años, sino que por el contrario ha descendido respecto a años anteriores, como lo demuestran los datos que maneja UNICEF-Uruguay: “ Si tomamos los datos sobre adolescentes de entre 11 y 17 años, el total de las categorías sumadas de delitos contra la propiedad, contra la persona y las infracciones sexuales, se comportan de la siguiente manera: 13.998 en 2005, 13.751 en 2006, 13.137 en 2007, 13.400 en 2008 y 13.088 en 2009”[9]. Claramente se puede apreciar que la tendencia es a la baja, a pesar del incremento dado en el 2008.

Tercero, los casos iniciados en la justicia que involucraron adolescentes conformaron tan solo 5,9% del total para el año 2009[10], lo que evidencia una sobrestimación del involucramiento de los adolescentes en el conflicto con la ley. Cabe agregar, que en el año 2004, el porcentaje era superior, alcanzando un 6,9 %.

Cuarto, contrariamente a lo que predomina en el imaginario colectivo, la mayoría de los delitos llevados adelante por adolescentes, fueron contra la propiedad, y no contra la persona. Así lo demuestran los datos[11] que surgen de la intervención policial sobre menores de edad en el año 2009: 10.435 intervenciones referentes a infracciones contra la propiedad, frente a 2.782 contra la persona.

Quinto, las políticas que se centran solo en la represión fracasan. Para esto basta con ver el número de delitos ocurridos en el 2008 y la alta relación de éstos con la reincidencia. Del total de delitos (10.774), 5.572[12] fueron cometidos por personas que reincidían. Esto, pone seriamente en tela de juicio al sistema en general, y particularmente al sistema penitenciario que debería recuperar socialmente al que delinque.

Sexto, la baja de la imputabilidad no garantiza la baja de los delitos. En este sentido es importante ver que las experiencias realizadas en otros países de la región no han resultado efectivas. Al respecto, el informe de la OEA sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos admite que “en varios países de la región se ha apelado a políticas que han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas[13]”.

Por todo lo antedicho, es que estamos profundamente convencidos de que la propuesta impulsada por la derecha, no plantea una solución real a los problemas mencionados. Por el contrario, pretende resolver la violencia con más violencia, no atacando los problemas de fondo.

El cuplé de la Mojigata, “Menor o Niño” es muy ilustrativo, reflejando desde la burla, donde puede ir a parar todo esto si pensáramos que la solución es bajar la edad de imputabilidad:

“Si veinte años no es nada dieciocho tampoco.

A los dieciséis para mí ya están prontos.

Ya que vamos a bajar la edad de imputabilidad, vamos a bajarla más, mirá que a los 16 son un peligro.

No sé, si están bravos a los doce.

Cerramo en los once, quedamos en los seis.

A los seis ya te manejan el arco y la flecha con una precisión, tienen una motricidad fina.

¿Cinco?

A los cinco te hacen malabares con ocho pelotas, y los collares con fideos que hacen…
¿Tres?

No, a los tres ya te conocen como 4 palabras, y mirá si justo son:

Esto es un asalto

¿Dos?
Uno…”

[1] Informe de Foco.
[2] Ídem.
[3] Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad. Evolución de la Violencia y la Criminalidad en el Uruguay año 2007.Ministerio del Interior.
[4] Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad 2009. Ministerio del Interior.
[5] Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad. Evolución de la Violencia y la Criminalidad en el Uruguay año 2007.Ministerio del Interior.
[6] Encuesta Continua de Hogares 2008.
[7] Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2010. Segundo Informe. Ministerio de Desarrollo Social.
[8] Programa del Frente Amplio. V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini.
[9] Aportes al debate sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley. UNICEF. 2009.
[10] Ídem.
[11] Ídem.
[12] El Uruguay en Cifras 2010. Justicia y Seguridad Ciudadana. Instituto Nacional de Estadística (INE).
[13] Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos humanos 2009. Comisión Interamericana de Derechos humanos. Organización de los Estados Americanos (OEA).