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Pérez Pérez, director del Instituto de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar, analizó ayer los efectos del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Estado uruguayo a "dejar sin efecto" la norma.
En este sentido, el catedrático reclamó el necesario cumplimiento del fallo, por cuanto implica una "obligación jurídica, y no moral". Empero, "lo que me temo es que la Ley Interpretativa no sea idónea para lograr el objeto que busca", por cuanto los jueces y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberán interpretar si corresponde su aplicación, no pudiéndose saber cómo se unificará la jurisprudencia.
El Estado "no tiene que decir que la Ley de Caducidad carece de efectos, sino aplicar la sentencia" de la CIDH, por lo cual podría transitarse el camino de impulsar un pronunciamiento del máximo órgano del Poder Judicial uruguayo, en virtud de lo emanado del artículo 239.1 de la Constitución de la República, señaló Pérez Pérez.
"En Uruguay tenemos normas que no siempre han sido interpretadas, o más bien han permanecido olvidadas, como el artículo 239.1 de la Constitución, de las que surge la aplicabilidad directa y la primacía del derecho internacional" por sobre las leyes internas, resaltó.
Por tanto, el Poder Ejecutivo podría derivar el caso ante la SCJ, la cual tiene la potestad originaria para analizar los temas inherentes a la validez y eficacia de los tratados, la cual podría declarar la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos. El pronunciamiento de la Corte tendría carácter general, con lo cual la Ley Nº 15.848 dejaría de tener efectos prácticos, dijo el catedrático. Pérez Pérez es actualmente ministro de la CIDH.
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Fuente Refundación Comunista/Urguay
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