Uruguay- Roger Rodriguez: Hacia el fin de la transición- Anulación de ley de caducidad cierra posdictadura

La anulación de la ley de caducidad, iniciada el martes 12 de abril por la mayoría frenteamplista en la Cámara de Senadores, abrió especulaciones en el escenario judicial, político y social uruguayo. Unos estudian cuántas causas pueden ser reabiertas, cuántos militares desfilarán por los juzgados y qué decisiones puede adoptar el Poder Judicial. Otros apuntan a las consecuencias de la renuncia del senador Fernández Huidobro y la repercusión en el tablero político. Finalmente, se aguardan las reacciones de los criminales de lesa humanidad y las acciones de las organizaciones de derechos humanos. La transición termina y abre un debate sobre la democracia que se quiere.



TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy


Veinticinco años después de su aprobación, la Ley 15.848 por la que se otorgó impunidad a los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura será finalmente anulada. Cuatro períodos de gobierno, cientos de miles de firmas para posibilitar dos plebiscitos, quince marchas anuales de silencio, extensas jornadas de debate parlamentario, horas de televisión y radio, toneladas de papel escrito con ríos de tinta, mantuvieron –desde el mismo 22 de diciembre de 1986 en que fue aprobada– el debate sobre la polémica norma impuesta por un voto en aquel Parlamento.

La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado comenzó a ser anulada ahora en el Senado, también por un voto, y antes del próximo 20 de mayo –cuando se realice la XXVI Marcha del Silencio– la Cámara de Diputados terminará de dejarla “sin efecto”, como exigió a Uruguay en una condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y como reclamaban las organizaciones no gubernamentales, los familiares de los desaparecidos, de los muertos y las propias víctimas de la tortura implementada en forma sistemática por la represión desatada entre 1973 y 1985.

El lento proceso de anulación se produce finalmente en el mismo Parlamento que la creó, luego de tres años de discusiones sobre una ley interpretativa dentro del mayoritario Frente Amplio, que para su primer período de gobierno, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, había excluido de su programa electoral la modificación de la resistida ley, pero que en su última plataforma electoral, con la que fue electo el presidente José Mujica y se obtuvo la actual mayoría parlamentaria, había vuelto a incorporar una expresa cláusula programática para la eliminación de la caducidad.

En el debate parlamentario, los legisladores blancos y colorados –hoy minoritaria oposición– acusaron al Frente Amplio de no respetar la voluntad ciudadana que en dos plebiscitos “ratificó” la ley. El 16 de abril de 1989, bajo amenaza de golpe de Estado, la ley fue mantenida por el voto amarillo con 57 por ciento contra 43 de voto verde que pedía su derogación. El 25 de octubre de 2009 el voto rosado, propiciado por el Pit-Cnt para la anulación de la ley, llegó al 47,98 por ciento y no logró a la mitad más uno de los sufragios, incluidos votos en blanco y anulados. Ese mismo día, el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria con la que el martes, finalmente, empezó a eliminar la ley.