Chile: GOBIERNO EXPULSÓ A DESTERRADO PESE A SER AUTORIZADO A INGRESAR POR MINISTRO DE CORTE

Hugo Marchant Moya fue autorizado para permanecer durante 15 días en territorio nacional

El ex Prisionero Político condenado al destierro, Hugo Marchant Moya, fue autorizado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, para permanecer durante 15 días en el territorio nacional, en respuesta a una solicitud de ingreso presentada en su favor por el abogado Alberto Espinoza. Marchant había sido detenido ayer miércoles por la PDI, cuando arribó al aeropuerto internacional de Santiago procedente de Finlandia, país en el cumple una pena de extrañamiento por 25 años, de los cuales lleva enterados 19.

A pesar de la autorización otorgada por el tribunal de alzada para el ingreso de Marchant, hoy fue expulsado del país por la PDI obedeciendo una instrucción expresa de la Subsecretaría de Justicia, informó la abogado Alejandra Arriaza.


La autorización le habría sido concedida por razones humanitarias, en atención a que una hija del desterrado se encontraría en delicado estado de salud.

El ingreso de Hugo Marchant al país, podría representar un avance para satisfacer la demanda sostenida por más de una treintena de chilenos en el extranjero, integrada por ex prisioneros políticos de la dictadura que conmutaron largas sentencias por la pena de extrañamiento, ex prisioneros fugados desde las cárceles y por personas requeridas por los tribunales militares que investigaban actividades contra el gobierno de facto y los aparatos represivos. Sin embargo, la inmediata expulsión puso en el tapete el enorme trasfondo político del problema, toda vez que una instrucción del Ejecutivo impidió el cumplimiento del dictamen de una corte de apelaciones.

Hugo Marchant fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet. Fue en esa contienda que tomó parte en la operación que culminó con la ejecución en agosto de 1983 del general Carol Urzúa, quien ejercía el cargo de Intendente de la Región Metropolitana, desde el cual controlaba y orientaba a nivel regional, la represión contra las organizaciones sociales y políticas que actuaban para defender y recuperar los numerosos derechos arrasados por la dictadura