Gobierno y grupos paramilitares hostigan continuamente a los zapatistas y a sus simpatizantes
Majo Siscar
En Chiapas, en la frontera sur de México, allá donde la orografría es abrupta y el hambre surca los rostros de los más pequeños, miles de personas decidieron alzarse en armas y decir “basta” a la pobreza, a la marginación, a la invisibilidad. Era el 1 de enero de 1994, y las ciudades chiapanecas amanecieron tomadas por los nadie, los indígenas, aquellos que debían bajar de la cera cuando pasaba un caxlan –palabra maya para designar a los mestizos- , aquellos que no sabían, que andaban descalzos, los prescindibles, sencillos hombres y mujeres que aquel día se volvieron grandes al hacer la primera revolución del siglo XXI.
("Esto somos nosotros. El EZLN. La voz que se arma para hacerse oír. El rostro que se esconde para mostrarse. El nombre que se calla para ser nombrado. La roja estrella que llama al hombre y al mundo para que escuchen, para que vean, para que nombren. El mañana que se cosecha en el ayer", Fragmento del discurso inaugural de la mayor Ana María, en el primer encuentro zapatista, el 27 de julio de 1996. Foto: Adolfo López)
“Hoy decimos ¡basta!, (…) los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias”, rezaba la primera declaración de la Selva lacandona con la que esta guerrilla indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se atrevía a declararle la guerra al Estado mexicano.
Era el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que marcó la consolidación definitiva del neoliberalismo en el país, y los zapatistas presentaban 11 peticiones fundamentales relacionadas con el derecho al trabajo, la tierra, la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, la independencia, la libertad, la democracia, la justicia y la paz. En definitiva pedían ser ciudadanos de primera en un país que los negaba, y tener capacidad para gozar del ejercicio de esta ciudadanía con respeto a sus modos de producción y autogobierno tradicionales, más allá del sistema de partidos y la sobreexplotación de la tierra. Esta propuesta alborotó una sociedad que se sentía en marasmo, secuestrada por más de 60 años por un partido único que había perdido su legitimidad, y económicamente en crisis. “El EZLN nos cambió la vida. Bajó el ejercicio de la política a la comunidad. Se extendió la percepción que nuestra palabra podía contar si así lo decidíamos, y se extendió la participación de estudiantes, campesinos, clases medias en los medios, en la esfera pública”, explica Gloria Muñoz, periodista que ha vivido muchos años en las comunidades zapatistas y sigue desde cerca la trayectoria del EZLN.
El subcomandante Marcos logró la simpatía de las izquierdas de Europa y EEUU. Adolfo López |
El apoyo nacional paró la matanza que se hubiera desencadenado entre un Ejército profesional y una guerrilla campesina ataviada con más palos que armas de fuego. Así, después de 12 días de enfrentamientos armados, estos nadies lograron el primer diálogo nacional en febrero-marzo de 1994 y posteriormente, entre el 95 y el 96, se elaboraron los Acuerdos de San Andrés, que establecían la lucha agraria, la lucha por el reconocimiento legal de los derechos de los indígenas y la construcción de estructuras de gobierno autónomos.
Aunque pronto se quedaron en papel mojado, los Acuerdos son un documento de referencia y dieron visibilidad a los pueblos indígenas. De ellos salió el Congreso Nacional Indígena que convirtió a los pueblos originarios en un actor político. Los zapatistas pasaron de la decepción a los hechos y empezaron a llevar sus derechos y su autonomía por su cuenta. Si no había reconocimiento legal de sus necesidades y sus modos propios, los ejercerían en la práctica. Recuperaron miles de hectáreas de tierras a los caciques para trabajarlas ellos mismos. Y empezaron una política de fortalecimiento local. Para ello, la estructura militar cedió espacio a sus bases de apoyo, como se hacen llamar los zapatistas civiles. Se organizaron en Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, que estructuran los territorios que controlan y promueven el desarrollo local fuera de las leyes gubernamentales. Y con la suma de estas municipalidades establecieron cinco supraregiones, que funcionan como centros de poder político y administrativo, los Caracoles. En 1998, el EZLN controlaba 38 municipios autónomos concentrados en el centro y oriente de Chiapas y, ya en 2003, existían cinco Juntas de Buen Gobierno, sus autoridades, compuestas por delegados de los diferentes municipios que se relevan temporalmente y son elegidos por la propia comunidad. Las JBG son los responsables de los proyectos, la administración y la impartición de justicia. A partir de ellas se construye su sistema alternativo, basado en la visión y práctica del mundo de los pueblos originarios, con una estructura más participativa y un gran arraigo con la tierra. Su práctica autonóma se construye a partir de la implicación de las bases en el trabajo colectivo de la comunidad como promotores de salud, educación, comunicación, sin más recompensa que la mejora de su vida cotidiana y la de su comunidad.
Esta autonomía de facto causó simpatías en todo el mundo, que les acompañan a través de redes internacionales solidarias que apoyan con financiación para los programas y capacitación a los promotores locales. Así, han implementado un sistema de salud y educación autónomo, así como multitud de proyectos productivos y de mejora de las condiciones de vida.
“Antes cuando había un problema en nuestra comunidad a veces iba uno hasta donde está el mal gobierno y ahí solamente arreglaba su problema el que tenía dinero. Pero ahora ha cambiado, porque aquí con nosotros, con nuestro gobierno del pueblo ya no se necesita dinero, sino que el que de por sí tiene la razón es el que tiene la razón, y el que tiene la culpa pues se reconoce que tiene la culpa” relata en la misma emisora con un castellano precario, el compañero Francisco, zapatista del pueblo de San Miguel, del Caracol La Realidad, en la parte más septentrional del estado.
Así las cosas, referirse al zapatismo ahora, 17 años después del alzamiento, no es hablar solamente de un grupo guerrillero, sino de una nueva forma de relaciones sociales entre las comunidades y de una nueva forma de ver y vivir el mundo. Más allá de las armas, impactó su decisión y su dignidad, que despertó la conciencia de millones de ciudadanos y ciudadanas y volcaron hacia Chiapas los reflectores internacionales.
Pero con el paso de los años, los zapatistas han perdido poder mediático, y con la sombra, se han acentúado los hostigamientos, Pese al alto al fuego, el gobierno ha mantenido siempre un cerco militar en los territorios zapatistas, y el ejército ha sido denunciados en numerosas ocasiones de violar los Derechos Humanos con amenazas, toma ilegal de tierras, ejecuciones, torturas o por forzar el desplazamiento de los pobladores indígenas. Según el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) se mantienen 118 instalaciones militares, 57 de las cuales en tierras comunales. Permanece así el estado de acecho, con una guerra sumergida y olvidada, en donde los excesos pasan desapercibidos por la falta de información.
Además, al acoso de los soldados se sumó una nueva estrategia de contrainsurgencia a través de paramilitares, otros indígenas a sueldo, entrenados y armados que acechan constantemente a los zapatistas, de tal manera que mediáticamente parezcan conflictos interétnicos o religiosos.
“Hay un conflicto armado no resuelto. Se mantienen las fuerzas militares en el territorio y aparecen paramilitares con un rostro civil, pero que operan con hostigamiento, amedrentamiento con poblaciones zapatistas o sus simpatizantes. Es una estrategia integral de contrainsurgencia”, resume Jorge Armando Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en Chiapas.
Las pruebas sobre la actividad paramilitar sobran: asesinatos, masacres, como las 45 personas asesinadas en el poblado de Acteal en 1997, robos de cosechas y ganado son una constante. El Frayba lleva a cabo un trabajo sistemático de recolectar información y denunciar los crímenes, tanto de paramilitares como del Ejército. Quien lea algunos de sus informes anuales, se encontrará con una situación crítica en Chiapas, donde la criminalización de la protesta está a la orden del día, mientras las comunidades indígenas resisten desde hace años toda clase de vejaciones. De hecho, el mismo Frayba, ha sufrido una campaña de difamación y criminalización por su misma labor de denuncia, además de que varios de sus integrantes han sufrido amenazas directas.
“Siguen aplicando una estrategia de deslegitimación del movimiento y todos sus simpatizantes. El movimiento zapatista es por su naturaleza una piedra en el zapato de México. Choca con un modelo de desarrollo y explotación del territorio neoliberal y además lo hace en la frontera sur, un lugar importantísimo geoestratégicamente con todos los intereses económicos transnacionales, hacia Centro y Suramérica. Es una piedra que se resiste pero además es mucho más grande y simbólica porque aporta alternativas a la humanidad”, arguye Gómez.
En efecto, la praxis del zapatismo propone alternativas de respeto intercultural, políticamente lleva a cabo el autogobierno y la libre determinación, en lo económico busca la producción colectiva, el uso y cuidado de la tierra más allá de lo material. “Siempre se buscará acabarlos por todos los medios posibles, porque se opone a la creencia de que el capitalimo neoliberal es el único modelo válido para la sociedad”, agrega Gómez.
Cuando las comunidades se oponen, el gobierno se intenta apropiar del territorio con desalojos forzados, la cooptación para la firma de convenios y proyectos de desarrollo, la ocupación policial y militar de la zona, la criminalización de defensores y la judicialización de acciones de defensa de derechos. Es el caso de los recientes conflictos de los poblados de Bachajón y Mitzitón.
En Bachajón, una de las comunidades afectadas por la presa, el pasado febrero asesinaron a un comunero e hirieron a otro. Ciento diecisiete personas han sido detenidas, de las cuales cinco aún permanecen presas, y las personas que permanecen plantadas en el lugar para evitar el desalojo, sufren constantes hostigamientos.
El pueblo de Mitzitón también mantiene un plantón desde el año para defensa su territorio del paso de la Autopista. Desde entonces un grupo de paramilitares liderados por el “Ejército de Dios” y “Alas de Águila”, protagonizan enfrentamientos armados contra los pobladores incluso en presencia de funcionarios estatales.
Como explica el Frayba, lo que se disputa es “evitar el empoderamiento de los pueblos indígenas de la región para ejercer su derecho a decidir qué necesitan como pueblos y cómo pueden cuidar, proteger y defender sus territorios”.
El zapatismo representa un desafío para los intereses multinacionales porque ejercen su derecho indígena a la tierra y a la soberanía. FotoAdolfo López |
Sin embargo, todo lo que han hecho y continúan haciendo las comunidades indígenas zapatistas, su andar colectivo, desde hace 17 años pero que viene de más atrás, es posible gracias a la conciencia política que han desarrollado a la par de su organización para la vida.
Fuente: Periodismo Humano
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