Organizaciones cristianas en contra de juzgar como adultos a menores
EN LA ULTIMA SEMANA varias instituciones religiosas se posicionaron en torno al debate promovido por el Partido Colorado para que los adolescentes de entre 16 y 18 años sean juzgados como adultos. La Iglesia Metodista difundió su posición bajo el título “No cortemos el hilo porlo más delgado”, reconociendo que es “legítima” la preocupación “cada vez mayor en nuestra sociedad” porla seguridad.
Sin embargo, recomienda “estar muy atentos para que ese afán por conseguir mayor seguridad no se nos vuelva en contra y acabe generando un círculo perverso de violencia que nos lleve a armarnos para
defendernos, que nos enfrente a unos contra otros bajo la lógica del temor, la sospecha y el prejuicio, o que escoja ‘chivos expiatorios’ que indefectiblemente se encuentran en los lugares de mayor vulnerabilidad
social”.
Por tanto, considera “fundamental reafirmar la Convención delos Derechos del Niño que nuestro país suscribiera hace ya más de una década, la cual establece que ningún menor de 18 años puede ser juzgado por la misma justicia que rige para los adultos”. Este último punto es compartido y ampliado por la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), al señalar que “la modificación de la legislación existente, pasando a los adolescentes comprendidos entre los 16 y 18 años a la justicia de adultos, nos lleva aviolar los compromisos asumidospor el Estado Uruguayo ante la comunidadinternacional”.
La agrupación expresó en su declaración “Los adolescentes: un tesoro confiado” que “como parte de la sociedad constatamos, y en algunas oportunidades vivimos en carne propia, el problema de la inseguridad. Particularmente tanto cuando nuestros niños/as y adolescentes y sus familias participan de los proyectos socio educativos de los barrios más humildes como de los alumnos de nuestros colegios, son víctimas de violencia y de arrebatos”, para luego criticar que “quisiera hacérsenos pensar que el problema de la inseguridad radica en los adolescentes, cuando es dato de la realidad que los menores de 18 años actualmente privados de libertad por infringir la ley no llegan a 400, mientras que los adultos encarcelados superan los 9.000”.
Audec -que nuclea 175 colegios y lleva adelante 120 proyectos sociales -prioriza "los acuerdos alcanzadosen la Comisión Bicameral, integrada por los cuatro partidos políticos, cuyo documento fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General”, a la campaña de recolección de firmas para plebiscitar la edad penal.
Por su parte, la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay se
pregunta “a qué costo” se pretende ampliar la ley penal y se interroga
si se trata de “una solución sensata para salir al encuentro a las cada
vez más numerosas situaciones de violencia protagonizadas por menores
de edad”. “No es justo afirmar que en relación a los menores que han cometido delitos en nuestro país exista una total impunidad.
Sí percibimos que el sistema y los mecanismos de contención de los infractores no están siendo lo suficientemente eficaces y necesitan una urgente adecuación para dar respuestas socialmente más integrales”.
Entre otras opiniones, la federación apunta a que “los medios de difusión masiva, por el contenido y las formas que dan a la información que gestionan, tienen una seria responsabilidad en el ocultamiento o la socialización de las razones profundas que producen y reproducen la violencia y la delincuencia”. ■
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