Uruguay - Pascua nostálgica: la crucifixión laica de Mariana Mota

Por formular públicamente declaraciones a un medio de prensa argentino, de un tenor inferior a cualquier titular tremendista del matutino El país, acerca de la lentitud del sistema judicial uruguayo y otras debilidades del mismo, la jueza Mariana Mota ha sido nuevamente colocada en la picota pública mediante un tsunami mediático con epicentro en el Spa de la calle Domingo Arenas.Desde el 25 de mayo de 1972 en que fue asesinado Luis Batalla por torturas en el cuartel de Treinta y Tres hasta el 26 de abril de 1984 en que en Fray Bentos fue asesinado el Dr. Vladimir Roslik, casi un centenar de uruguayos fallecieron mientras eran torturados o durante su reclusión.

El pasado 26 de octubre, el Parlamento restableció la pretensión punitiva del Estado al tiempo que señaló que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad. Por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables. Como debe ser.
La eliminación de los obstáculos legales que impedían al Poder Judicial llevar a cabo sus cometidos constitucionales sin contar con la autorización expresa del Poder Ejecutivo fue un enorme avance desde varios ángulos. El Poder Judicial, que ya en octubre de 2009 había declarado que la Ley de Caducidad era inconstitucional, recobró plenamente su independencia en lo referido a los temas del pasado dictatorial.

La plena independencia de los tres poderes del Estado es uno de los principios básicos del sistema republicano uruguayo que fue vulnerado por la Ley de Caducidad en el afán de consagrar la impunidad para los golpistas y perpretradores de graves violaciones a los derechos humanos.

.El Estado ausente y omiso.

Hasta el momento, la justicia uruguaya no ha investigado ninguna violación a los derechos humanos del terrorismo de Estado por iniciativa propia de ningún juez. En estos 27 años del retorno a la institucionalidad democrática ha actuado de oficio incluso en una riña en un espectáculo deportivo pero no ha iniciado proceso judicial en ninguna causa de violaciones a los derechos humanos.

Durante la larga noche dictatorial, miles de uruguayos fueron privados de su libertad por las fuerzas represivas. Fueron sistemáticamente sometidos a apremios físicos, sicológicos y emocionales. Los abusos sexuales fueron parte del “tratamiento riguroso” que el dictador Juan María Bordaberry, elegido por el Partido Colorado, defendió pública y descaradamente en su momento.
Miles de uruguayos con declaraciones arrancadas bajo torturas fueron inculpados y condenados por tribunales militares sin ninguna legitimidad. Fueron recluidos en cárceles semejantes a campos de concentración, diseñados para lograr su destrucción


La prisión prolongada y la tortura fue la metodología represiva deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a sus opositores, para gobernar y amedrentar al conjunto de la población con el propósito de mantenerse en el poder

.Las víctimas y sus familiares.

XHan sido las propias víctimas o sus familiares en el caso de los detenidos desaparecidos o los asesinados quienes han tenido que asumir la responsabilidad ineludible del propio Estado para presentar las denuncias y movilizarse, incansable, heroicamente, para que los hechos fueran investigados, esclarecidos, identificados los responsables y castigados judicialmente.

Ninguna dependencia estatal, hasta el momento, ha acompañado ni apoyado a las víctimas y a sus familiares en su calvario en demanda de justicia. Solamente la Facultad de Psicología ha tomado la decisión de respaldar terapéuticamente a los denunciantes en los procesos judiciales, angustiantes y dolorosos como las mismas situaciones. Las víctimas testigos reviven sus sufrimientos y sus dolores, sus humillaciones y victorias, ante la total indiferencia del gobierno, del Parlamento y del mismo poder judicial.

.Mota tiene razón

La jueza Mariana Mota tiene razón. El Estado uruguayo no ha cumplido aún con todas sus obligaciones con respecto al pasado terrorista. A diferencia de lo ocurrido en la vecina orilla, muy especialmente desde el momento en que Néstor Kirchner designó al Dr. Eduardo Luis Duhalde como secretario de DDHH, el estado uruguayo no promueve ni impulsa ni apoya activamente causas judiciales como correspondería.

Las víctimas directas del terrorismo de Estado no fuimos, no somos ni seremos objetivos o imparciales con respecto a los sufrimientos padecidos ni ante la experiencia que destruyó nuestros proyectos de vida, destrozó al país generando la deuda externa odiosa, quitando a los jubilados y pensionistas el aguinaldo y reduciendo sustancialmente el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores populares.
La Suprema Corte de Justicia ha demostrado una exquisita sensibilidad ante las declaraciones formuladas por la jueza Mariana Mota. Fueron amplificadas como presuntamente delictivas por el vocero oficial de la dictadura. Luego, comentadas ampliamente por “analistas” políticos que han hecho de “hemipléjico” el adjetivo único a utilizar cuando se habla de los crímenes del Estado terrorista.
Las ex presas y los ex presos políticos, junto al movimiento sindical, las organizaciones defensoras de los DDHH y la mayoría de la ciudadanía, seguiremos demandando Verdad y Justicia y el cumplimiento a cabalidad de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

La Dra. Mariana Mota, la única jueza que hasta el momento ha cumplido con lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman, no será crucificada con nuestro silencio