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El Gobierno central formalizó hoy la aprobación del Decreto Supremo comprometido con la caravana de discapacitados y organizaciones sociales que plantea el pago de una renta anual de 1.000 bolivianos para los afectados, graves y muy graves, del sector.
Los encargados de dar la información fueron los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Cecilia Ayllón. “Este beneficio sólo alcanzará con los discapacitados que tengan el carnet proporcionado por el Viceministerio de Salud”, explicó Romero.
Los detalles más relevantes del decreto son que: la renta solidaria tendrá un valor de 1.000 bolivianos anuales, para al menos 17.000 personas, y será entregada en una sola cuota, tal como reza el parágrafo 2 del artículo 2 del decreto; en ningún caso los beneficiarios podrán recibir otros bonos del Estado; el artículo 3 refleja que se pagara el bono con recursos del Fondo Nacional de Solidaridad y equidad a favor de los discapacitados muy graves y graves. El monto no podrá exceder los 20 millones de bolivianos destinados para el efecto.
Frente a las acciones de protesta por parte de la dirigencia departamental de este sector, Romero aclaró que el acuerdo fue suscrito por la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, de manera unificada, además de que cuenta con la firma del diputado opositor Jaime Estivariz y por representantes de la caravana de integración de las sillas de rueda, como se denominó a la movilización de los discapacitados.
Además, indicó que desde el pasado se contrajo acuerdos con las vigilias del sector. “El gobierno nacional cumplió en todo lo comprometido a las personas con discapacidad en lo que hace a la otorgación de la renta, la definición de fuente, de los beneficiarios y el mecanismo para efectivizar la entrega”.
En lo relacionado al anteproyecto de ley General de trato preferente a las personas con discapacidad, la ministra Ayllón apuntó que se trabajó hasta la 01.00 de este miércoles, por lo que se remitió el documento a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento.
El texto contempla beneficios en vivienda, salud, recreación, trato preferente en varios tópicos de la vida diaria y obligaciones del sector.
Ayllón denunció que “este sector a la 01.00 pretendió introducir en el proyecto la renta dignidad con un monto mínimo de 3.000 bolivianos, extremo que no se encontraba en ninguno de los acuerdos firmados previamente y amenazaron con abandonar la mesa de diálogo”.
La posición va en contraste de la vertida por la presidenta de Discapacitados de La Paz, Sonia Mujica, quien afirmó, en Fides, que se rompió el diálogo por la actitud cerrada del Gobierno que no pretende beneficiar a todos los miembros del sector. En ese sentido, ratificó medidas de presión desde hoy.
Entretanto, el presidente Evo Morales admitió, desde Palacio de Gobierno, la falta de recursos para atender completamente la demanda. “Mientras el Estado tenga capacidad económica para atender las demandas no tendremos problema, pero a veces no tenemos. Por ejemplo, eso pasa para la renta o bono para los hermanos con discapacidad”.
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