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El 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, se cumplieron cuatro años de la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet, que en los últimos años de su vida fue sometido a varios procesos por los crímenes cometidos, aunque nunca llegó a ser condenado.
De visita en el Estado español, Hugo Gutiérrez Gálvez, parlamentario del Partido Comunista de Chile (PC) y uno de los abogados que lograron procesar por primera vez al dictador en 1998, sostiene que “es cierto que murió sin haber sido condenado, pero me complace haberle quitado la inmunidad de ex presidente de la República días antes de que muriera y que se lograra someterlo a proceso por los asesinatos de varios jóvenes socialistas y dejarlo bajo arresto domiciliario, que concluyó días antes de su muerte”.
Este abogado califica la lucha contra la impunidad en Chile como un movimiento ciudadano “que no ha sido estimulado por el Estado y que ha tenido coherencia, consecuencia y perseverancia en el tiempo”, logrando la condena de más de 200 criminales de la dictadura –entre ellos Manuel Contreras, uno de los mayores responsables de la represión tras el golpe, condenado a más de 200 años– y el enjuiciamiento de otros 500.
Sin embargo, cuatro años después y tras 20 años del inicio de la transición política, la sombra de la dictadura no ha desaparecido. “Me debato entre considerar que la transición chilena fracasó o que simplemente no hubo transición, aunque hoy me inclino a sostener que no la hubo. Creo que las políticas diseñadas por la dictadura militar fueron totalmente legitimadas por la transición democrática. La Constitución política diseñada por Pinochet se mantuvo tal cual hasta hoy, salvo la payasada que hizo [el ex presidente] Lagos de sacar la firma de Pinochet de la Constitución y poner la suya”, explica Gutiérrez, quien considera que en Chile “se mantiene vigente el 99,9% de las leyes dictadas por Pinochet”.
LEY DE LA DICTADURA
Una de esas leyes es la antiterrorista, que es “un diseño de la dictadura de persecución del enemigo político” y que hoy se aplica principalmente al pueblo mapuche “por el simple hecho de que están luchando por la reivindicación territorial, que es una reivindicación estimada como justa por toda la comunidad internacional y por gran parte de la población chilena. Esta ley tiene como objetivo estigmatizar una lucha, poner al mapuche fuera del ordenamiento jurídico al efecto de aplicarle todo un rigor procesal y penal que no corresponde”.
De hecho, la ONU, la Organización Mundial contra la Tortura y otros organismos denuncian la aplicación de esta ley pinochetista a los mapuches por simples hechos de protesta social en defensa de derechos humanos, políticos y territoriales. En los últimos meses, 34 presos políticos mapuches han mantenido una huelga de hambre de más de 80 días para exigir un juicio justo y que no se les aplique la ley antiterrorista.
Tras un acuerdo con el Gobierno de Sebastián Piñera, que prometió retirar las acusaciones de terrorismo, 17 presos acaban de denunciar su incumplimiento y amenazan con reiniciar el ayuno de manera inminente.
POLÍTICAS DE SEGURIDAD
“Yo diría que la cultura represiva existente en los tiempos de dictadura se ha mantenido de una u otra forma bajo el revestimiento de políticas de seguridad ciudadana que en el fondo no son más que políticas de represión social”, estima Hugo Gutiérrez, que es también uno de los tres diputados comunistas que, tras 37 años de ausencia del PC del Parlamento, han sido elegidos este año tras un acuerdo con la Concertación, coalición de ‘centroizquierda’ que gobernó Chile los últimos 20 años, un pacto criticado por una parte de las bases y de la izquierda y que Gutiérrez justifica como necesario “para poder salir elegido dentro de un sistema electoral binominal”.
“Una de las exigencias que impuso EE.UU. a los que hicieron el pacto para la transición, es decir, a la dictadura de Pinochet y a las fuerzas democráticas opositoras, es la exclusión del PC, pero las votaciones que hemos recibido y la obtención de más alcaldes, concejales… han hecho que seamos una realidad que no se podía seguir negando”.
Sobre las diferencias entre las políticas de Sebastián Piñera, derechista llegado a la presidencia hace menos de un año, y la Concertación, Gutiérrez considera que “son las mismas políticas. Son políticas neoliberales, y la Concertación, en definitiva, defiende una institucionalidad bastante violenta y represiva y un modelo económico neoliberal.
Lo que sí puede pasar es que Piñera avance aún más en la implementación del modelo neoliberal, privatizando actividades o servicios públicos que la Concertación no privatizó”.
PRIVATIZACIÓN DE RECURSOS
Se teme, por ejemplo, la privatización total del cobre, un sector estratégico que representa el 40% de las exportaciones chilenas, que aporta grandes ingresos y cuya producción y venta va a provocar, según Gutiérrez, que el Gobierno de Piñera tenga “un superávit presupuestario que va a dar al país posibilidades de desarrollo económico” y “va a tener al Gobierno muy holgado”; pero advierte sobre los problemas que genera un modelo basado en la extracción y exportación de recursos naturales, en el que, además, “son las transnacionales las que se están enriqueciendo con su explotación, sobre todo las empresas mineras, que están causando un gran daño al medio ambiente y quitan el agua a las comunidades indígenas”.
Este año, la economía de Chile, cuya transición “legitimó el modelo neoliberal diseñado y construido durante la dictadura”, crecerá más de un 5%, pero la pobreza también ha aumentado hasta el 15,1%.
En oposición a este modelo, Gutiérrez defiende la “búsqueda real y concreta de alternativas al modelo neoliberal” que está teniendo lugar en América, donde “países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Uruguay ya se dirigen a un fortalecimiento de derechos esenciales, como la vivienda, el agua, la educación, la salud, que deben ser amparados por el Estado. Y espero que algún día mi país también tome la decisión de no seguir entregando las riquezas naturales a las transnacionales, que se enriquecen en desmerecimiento de los derechos de las personas”.
PUEBLO MAPUCHE Y LEY ANTITERRORISTA
El Congreso chileno aprobó en septiembre una reforma de la Ley Antiterrorista que ha sido calificada de “juego de palabras” por los 34 presos políticos mapuches que realizaron una huelga de hambre de 82 días para que no se les aplicara esta ley por sus protestas sociales. El único avance es que ya no se podrá aplicar a menores, según explican los presos. Aunque el Gobierno prometió retirar las acusaciones de terrorismo contra estos presos, “sigue usando las herramientas de la ley, como los testigos protegidos”, explicó una portavoz de los presos.
JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA
Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrolló en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.
Por Gladys Martínez López / Madrid
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