Chile: Cárceles corruptas, la otra denuncia de las familias

 por Francisco Mardones   

“¿Por qué tenemos que esperar que se mueran 81 personas que pedían a gritos ayuda?”, pregunta llorando Clara Aravena, hermana de uno de los reos fallecidos el pasado 8 de diciembre en la cárcel de San Miguel. “La culpa la tienen los que manejan todo esto, el Gobierno y Gendarmería”, se responde a sí misma, asegurando así que la Justicia, hacia donde se dirige a presentar una querella por homicidio, encuentre los responsables al interior del mismo Estado.

Es que todavía persiste el dolor y la impotencia entre las familias de los 81 reclusos muertos y es por eso que piden que el caso no pase al olvido, sino que se haga justicia.


Sobre todo cuando las familias denuncian una serie de actos arbitrarios e irregulares por parte de los gendarmes al interior de los penales.

“Yo pagué por entrarle un celular a mi hermano. Cuando uno va de visita es imposible entrar cosas. A las mujeres les revisan de los calzones hasta las rodillas para ver si entran celulares o droga, ¿quién entra eso? Gendarmería”, asegura Clara.

Liliana Sagredo, quien perdió a su hijo en el incendio, afirma que el “suboficial Delgado siempre marginaba” a su hijo y castigaba a los reclusos “los hacían salir a las dos de la mañana en pelotas (sic) a que se tocaran sus genitales unos con otros”.

Según Liliana “hay varios más que pedían 90 mil pesos para cambiarlos de celda”.

Ante esto, piden que si hay mano dura para los reos, también tiene que haber para los gendarmes, porque afirman que al interior de las cárceles “hay mucha corrupción”.

Nuevas querellas

Los deudos de los reclusos muertos en el incendio se han unido con el pasar de los días para enfrentar a quienes sindican como los culpables del accidente: Gendarmería y el Estado de Chile.

Ya han presentado varias querellas por homicidio, homicidio por omisión, delito culposo de homicidio y otras figuras legales con las que esperan hacer pagar con cárcel a los responsables del hecho.

El abogado Winston Montes, quien representa a las familias en este caso asegura que el Estado contaba con precedentes que hubiesen servido para mejorar los sistemas de emergencia al interior de los penales del país.

El jurista recuerda el incendio en la cárcel de Iquique que significó la muerte de 26 reclusos durante la madrugada del 14 de mayo de 2001, mientras tres gendarmes custodiaban a más de mil 400 reos, y el incendio en el penal El Manzano en Concepción que dejó a nueve personas muertas en septiembre de 2003.

“La querella se presenta contra quienes resulten responsables, apuntando a los altos rangos de Gendarmería, porque consideramos que lo que ocurrió ya tiene precedentes en Chile y tiene que ver con políticas de gestión y ejecución y eso no es un problema de un gendarme de rango regular o bajo”, afirmó el abogado Montes.

Según agregó el profesional, había informes del año 2008 de Bomberos en los que se afirma que “la Cárcel de San Miguel no contaba con los medios adecuados para prevenir incendios y no se hizo nada”, lo que denota falta de aplicación de políticas de emergencia, falta de mantención en los edificios y errores en la gestión de los recintos penales.

La responsabilidad del Estado

Las acciones judiciales además persiguen que el Estado se haga responsable de su deber de otorgar rehabilitación y reintegración al interior de las cárceles, una política inexistente en el sistema chileno, como indicó el senador del MAS Alejandro Navarro, quien afirma que las “cárceles son una verdadera trampa mortal”.

El parlamentario asegura que “la manera como estamos interviniendo las cárceles violenta todas las normas internacionales y creo que Chile está corriendo el riesgo de ser demandado a nivel internacional por graves incumplimientos en materia de derechos humanos hacia los internos”.

El senador recordó que si bien los 81 reos estaban condenados por los delitos cometidos, las penas eran la privación de libertad y no una muerte cruel, a la que según dijo, finalmente “los condenó el Estado”.

El Clarín.cl