miércoles, 22 de diciembre de 2010

Uruguay: Fueron doce los denunciantes de torturas en la base Boiso Lanza

Denunciante Baldemar Tarocco:
 "El objetivo es que se haga justicia".
LA JUEZA MOTA RESOLVIÓ INMEDIATA FIJACIÓN DE AUDIENCIA

La magistrada decidió conformar una pieza presumarial para indagar.

La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, conformó un expediente separado, anexo a la causa madre por el secuestro y homicidio de Ubagesner Chaves Sosa en 1976, para investigar la denuncia penal por la práctica sistemática de torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza, en los años de Dictadura.


La magistrada recibió la denuncia promovida por diez ex presos políticos, torturados en la Base Aérea de Boiso Lanza antes y durante la Dictadura cívico-militar, y decidió conformar una pieza presumarial para indagar los hechos, según explicó el abogado querellante Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.

En este sentido, la jueza Mota dispuso la inmediata fijación de audiencia para tomar la declaración de una de las denunciantes. La ex detenida política reside en la ciudad de Lund (Suecia), por lo cual de prorrogarse su citación sería "extremadamente díficil" recabar su testimonio, señaló el abogado.

Asimismo, López Goldaracena informó a LA REPUBLICA que sobre las últimas horas del pasado lunes y las primeras horas de ayer, previo a la presentación del escrito, otros dos ex presos políticos adhirieron a la denuncia, con lo cual ascienden a doce el número de querellantes.

Sin embargo, López Goldaracena y el presidente de Crysol y denunciante en la causa, Baldemar Tarocco, tienen la certeza que en las próximas horas otros ex presos políticos acompañarán la denuncia. Además, ex presos políticos llamaron a LA REPUBLICA para manifestar su adhesión con el inicio de la acción penal y su interés en declarar como testigos o denunciantes en la causa.

La denuncia penal interpuesta ayer ante la jueza Mariana Mota promueve la investigación de las prácticas de tortura acaecidas en la Base Aérea de Boiso Lanza en los años de Dictadura e "incluso antes del Golpe de Estado de 1973", como informara ayer LA REPUBLICA.

La tortura "no fue algo casual", sino una práctica sistemática, en el marco de la represión desatada por el aparato estatal bajo la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (1968-1973) y la propia Dictadura. "Las prácticas de tortura constituyen un muestrario de horror que perseguía la destrucción física y mental del detenido (...). El encapuchamiento, el plantón, la picana eléctrica, el submarino, el caballete, colgamientos, abusos sexuales, simulacros de fusilamiento y otros castigos corporales, son ejemplos de la reiterada violación de los derechos humanos del individuo privado de libertad", dice la denuncia.

En este sentido, las Fuerzas Armadas conformaron un "Estado Terrorista", cuyo objetivo era "la eliminación de cualquier expresión contraria a la política oficialista". La comprobación de "la intencionalidad de aniquilamiento de un sector o grupo de nuestra sociedad por intermedio de la aplicación de la tortura" implicaría, por tanto, ingresar en el supuesto de "crimen de genocidio", subraya el escrito.

"QUE HAYA JUSTICIA"

El presidente de Crysol y denunciante en la causa por torturas en Boiso Lanza, Baldemar Tarocco, afirmó que el objetivo de la acción penal es que "haya Justicia" por las torturas y violaciones en los centros de detención antes y durante la Dictadura cívico-militar.

La denuncia fue presentada "sin ningún sentido de revanchismo, simplemente para que se investigue y se haga Justicia". La difusión pública de las torturas acaecidas en Boiso Lanza, durante la instrucción por el caso Chaves Sosa, fue el disparador de la acción judicial, como forma de "completar el caso", señaló Tarocco.

"Todos fuimos torturados (en Boiso Lanza); este es el momento para hacer la denuncia por tortura, genocidio, asesinato (y las) violaciones de todo tipo que hubieron ahí", dijo Tarocco. "Antes del Golpe de Estado ya se torturaba en Uruguay, en todos los lugares de detención tanto del Ejército, FAU, Armada y la Policía". Incluso, el primer ciudadano detenido-desaparecido fue el estudiante Abel Ayala, el 18 de julio de 1971, recordó Tarocco.

El dirigente destacó las dificultades internas para denunciar las torturas sufridas. "Hay compañeros a los que les cuesta mucho, han quedado secuelas muy profundas, a todos nos han quedado secuelas de lo que fue la tortura. Fue un período muy díficil, muy duro", dijo. Sin embargo, Tarocco reivindicó a "las compañeras que han tenido la valentía" de denunciar las violaciones a las cuales fueron sometidas.

El abogado querellante, en tanto, manifestó que la denuncia permitirá que "todos los torturados en Boiso Lanza tengan su día ante los Tribunales y eso es dignificante ante la sociedad". "Los testigos y las víctimas perdieron el miedo, y la Justicia comienza a ser sanadora", dijo López Goldaracena.

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