Declaración de la Iglesia Metodista en el Uruguay

IGLESIA METODISTA EN EL URUGUAY



Seguridad y minoridad
No cortemos el hilo por lo más delgado

La preocupación por la seguridad es cada vez mayor en nuestra sociedad, e indudablemente esta demanda no sólo es legítima sino, también, absolutamente necesaria para alcanzar una saludable convivencia social.


Pero hay que estar muy atentos para que ese afán por conseguir mayor seguridad no se nos vuelva en contra y acabe generando un círculo perverso de violencia que nos lleve a armarnos para defendernos, que nos enfrente a unos contra otros bajo la lógica del temor, la sospecha y el prejuicio, o que escoja «chivos expiatorios», que indefectiblemente se encuentran en los lugares de mayor vulnerabilidad social, para depositar en ellos las cargas y los sentimientos más negativos presentes en la sociedad.

Por esta razón consideramos fundamental preguntarnos:

¿No será parte de esa forma contraproducente de buscar seguridad una iniciativa como la lanzada recientemente para propiciar una reforma de la Constitución que baje a 16 años la edad de imputabilidad?

¿Acaso, por esa vía, no estaremos cayendo en un doble discurso social, en el que al mismo tiempo que colocamos a los niños y adolescentes infractores en el foco de nuestra condena, nos mostramos incapaces de superar definitivamente una ley que estableció la caducidad de la pretensión punitiva del Estado ante delitos de lesa humanidad?

Señales, como dicha ley de caducidad, de que no siempre todos somos iguales ante la ley y de que la ley se puede violar o no según el lugar de poder que ocupemos, ¿no constituirán parte de una colección de ejemplos negativos que los adultos brindamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, que los inducen a pensar que es posible y hasta legítimo infringir la ley y romper el contrato social de respeto mutuo según nuestra conveniencia?

Como decíamos al comienzo, es indispensable encontrar soluciones al tema de la seguridad y al de los menores infractores, pero esas soluciones serán verdaderamente eficaces si responden a dos principios rectores que operan de manera complementaria:

Por una parte, la seguridad crece cuando se afirman los derechos de quienes constituyen los segmentos más débiles y sufridos del colectivo social, y no cuando esos derechos se ignoran y se recortan. En síntesis, hay más seguridad cuando hay más derechos, no menos.

Por otra parte, la seguridad es la consecuencia natural de la responsabilidad personal y social. Responsabilidad y seguridad conforman un círculo virtuoso donde un aspecto potencia al otro. Cuando la responsabilidad se debilita, ineludiblemente también se debilita la seguridad.

En conexión con el primer principio consideramos que es fundamental reafirmar la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país suscribiera hace ya más de una década, la cual establece que ningún menor de 18 años puede ser juzgado por la misma justicia que rige para los adultos. También es preciso reafirmar el Código de la Niñez y la Adolescencia en virtud del cual se puede imputar y juzgar a menores, hasta los 13 años de edad, que cometan infracciones graves, de acuerdo con la normativa establecida en dicho Código.

Con respecto al principio de responsabilidad, de la misma manera que el Código de la Niñez y la Adolescencia demanda la responsabilidad de los mayores de 13 años sobre sus actos y conductas infractoras, también la sociedad debe demandarse a sí misma una mayor responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes.

En tal sentido, es preciso enfatizar:

▪ La responsabilidad de cada una de las familias en el cuidado, en la formación humana y ética, y en la provisión de una base afectiva sólida para nuestros niños y adolescentes.

▪ La responsabilidad del sistema educativo de garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes experimenten una atmósfera que los contenga, los estimule, les ofrezca herramientas que los capaciten para su desarrollo personal, y les permita encontrar docentes que se erijan en modelos identificatorios de dignidad y compromiso con los demás.

▪ La responsabilidad de las redes sociales (organismos y programas del Estado, centros recreativos y formativos, iglesias, etc.) de conformar un tejido social fuerte que complemente y apoye la tarea de la familia y de la escuela.

▪ La responsabilidad de los medios masivos de comunicación de no banalizar la violencia convirtiéndola en un entretenimiento y en un recurso para conseguir más rating y para obtener una mayor rentabilidad económica.

Dice la Biblia:
"Este niño restaurará tu vida y te sustentará en la vejez…" (Rut 4:15)

Particularmente en este tiempo en que, a la luz del Bicentenario, buscamos reforzar nuestras bases fundacionales, este desafío de la Escritura se vuelve impostergable: restaurar la niñez maltratada y devolverle su condición de niños y niñas, puesto que esa es la mayor fuerza de restauración de una sociedad que aspira a alcanzar mayor justicia, mayor integración e inclusión, y mayor seguridad.

Sostener a nuestros niños, especialmente los más sufridos, garantizándoles sus derechos es el mejor camino para asegurar la vida de todas y todos los uruguayos.

Pastor Raúl Sosa
Presidente de la Iglesia Metodista en el Uruguay
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