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En cualquier país civilizado, la acción de la justicia es rutina contra el delito; esto por desgracia en El Salvador se convierte en excepcional, no solo por la carga judicial del volumen de delitos que cada fiscal tiene que investigar.
Casos que los medios de comunicación los han convertido en emblemáticos ya sea por lo atroz o lo impactante ante la sociedad, han sido abordados por la fiscalía de turno, en dependencia del apadrinamiento del involucrado o los involucrados y muchas veces se han investigado, misteriosamente, faltando a todas las normas elementales para que esta, recoja evidencias que hagan de los casos fallos contundentes, o lo que es aún más lamentable cuando el esfuerzo policial y de la fiscalía es anulado por las posturas "legales" de jueces que en muchos casos dejan en libertad a verdaderos mafiosos.
Estas prácticas en muchos casos, tienen en la impunidad la única explicación como método que secuestra a la justicia.
Hace unos días pudimos ver como en el tristemente sonado caso de la niña Katia Miranda, tardó muchos años para encontrarle un final, además fue gracias a la persistencia de organismos de derechos humanos que acompañaron el incansable tesón de la madre de Katia para que se hiciera justicia, que el caso se reabrió. Está claro que la impunidad jugó en su momento un papel importante para dilatar y obstruir por años este caso y a pesar que el veredicto fue condenatorio, ante el banquillo de los acusados no se sentaron todos los implicados.
Hay otros casos emblemáticos que también claman justicia; como por ejemplo el asesinato de Monseñor Romero, o el de los padres jesuitas; que a pesar de haber inculpados y evidencias contundentes, también la impunidad quiere cubrir con un velo de ignominia la acción de la justicia.
Si los delitos de sangre son repudiados socialmente, no son menos repudiables los delitos que atentan contra el patrimonio del Estado, peor aún si estos son realizados por cargos o funcionarios que valiéndose o utilizando su posición, desfalcan, roban o se aprovechan de información privilegiada del Estado, para lucrarse personalmente.
Por desgracia la práctica de la casta política de derecha que ha gobernado nuestro país durante muchas décadas, ha tenido como lema servirse del Estado en lugar de servir al Estado. Transmitiendo de esta manera este mensaje desde los más altos funcionarios hasta cargos administrativos que no ven en esto un pecado sino "una movida" para "mejorar personalmente".
Por tanto el enriquecimiento ilícito, a través de desfalco, fraude, uso indebido de recursos o sustracción de los mismos, ha sido práctica cotidiana de corrupción a todos los niveles en el Estado salvadoreño.
Esta es la realidad con la que el Gobierno del Cambio encontró el Estado y por desgracia no es algo que se pueda enjuiciar y erradicar de forma inmediata y radical, pues naturalmente no se va a medir con la misma vara a culpables e inocentes y tardara un tiempo en que lo normal para un funcionario sea servir al Estado y además con eficiencia. Por tanto depurar todo el aparato estatal es una tarea que se tiene que hacer con inteligencia ecuanimidad y rigor.
Hablando de eficiencia, la Fiscalía de La República tiene un rol principal de responsabilidad que con independencia tiene que asumir para perseguir el delito; ya sea este "común" o de "cuello blanco", pues esto ha sido uno de los mayores escollos para impartir justicia, ya que con frecuencia se da tratamiento diferenciado a ciudadanos que están "sobre toda sospecha".
Al tomar posesión el Gobierno del Cambio, en cada dependencia y ministerio se fue encontrando casos de corrupción que por desgracia formaban parte de entramados y estructuras que no han sido totalmente erradicadas. La primera medida fue investigar y presentar denuncia ante la Fiscalía para que esta asumiera con contundencia cada caso. Notas y reportajes periodísticos nos recuerdan a los Ministros de Gobernación, Obras Públicas, Salud, entre otros presentando sendas acusaciones ante la Fiscalía, contra ex Ministros y altos cargos.
La semana recién pasada el primer pez gordo de la administración arenera pasada, encabezaba la lista de capturados por actos de corrupción en el Ministerio de Salud, nada menos que el flamante ex Ministro de Salud Guillermo Maza, quien según denuncias puntuales que se hicieron cuando aún ostentaba su cargo, se aprovechó del deterioro programado de aparatos especializados en algunos hospitales y medro con la salud de pacientes, orientándolos como clientes para sus propias clínicas.
Hoy la acusación tiene que ver con fondos destinados para la reconstrucción de varios hospitales del país y concretamente el hospital de Zacatecoluca en donde se ha evidenciado la corrupción con pruebas que apuntan un entramado de enriquecimiento ilícito desde el Ministerio de Salud.
La reacción generalizada de los salvadoreños, no se ha hecho esperar y en su mayoría se apunta a que este es un halo fresco que la justicia va por buen camino, no obstante analistas y periodistas "neutrales" todavía se atreven a poner en duda las evidencias de este caso calificándolo de cacería de brujas y se preguntan qué va a pasar si se demuestra que Maza es inocente. Claro está que la presunción de inocencia es un derecho al que se acoge cualquier indiciado hasta que no haya sentencia; no obstante la realidad no desmerita que los capturados son responsables por lo que NO se hizo con el dinero que se derogó para esta obra y que además al igual que en el Hospital de Maternidad y otros cinco más, el dinero se ha "esfumado".
En corrillos parlamentarios también este ha sido tema tratado con beligerancia por todas las partes políticas representadas allí y lo que más ha llamado la atención es el descaro de diputados de derecha que quieren negar la paternidad política de estos ex funcionarios, rebasados hoy por una vergüenza que en su momento jamás mostraron y a la que deberían de irse acostumbrando, pues el caso Maza es solo el primero de los que esperamos vayan aflorando por la acción de la justicia, lo que en términos civilizados debería de ser natural, si queremos que la corrupción ya no sea una forma de enriquecimiento ilícito y la impunidad el estilo con que los corruptos en El Salvador son considerados por fiscales y jueces, ciudadanos sobre toda sospecha siendo como son delincuentes de "cuello blanco".
Mario Zavaleta
Moncada
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