El contexto de los Derechos Humanos, especialmente en el campo de la necesidad de erradicar la tortura sin ambigüedades de ningún tipo, aún no se implanta en Chile. El Estado no ha respetado ni puesto en acción el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Es decir sin hacer, "tan chileno". es hoy en día, presisamente por esa falta de compromiso estatal y gubernamental, la razón del por que persiste un sistema de justicia ilegítimo que niega el Debido Proceso a los derechos de los detenidos políticos. Esto es el Derecho Penal del Enemigo, como ha sido rotulado por los abogados de los presos mapuches condendos y permite que los Fiscales y Jueces actúen como prevaricadores estableciendo culpabilidades y condenas injustificadas e inhumanas. Ese fue el informe de una Observadora Internacional a los Juicios de Cañete
Desgraciadamente, las prácticas de tortura las hemos visto con los presos políticos mapuche, con los menores mapuche cuya evidencia ha sido denunciada ante Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de Derechos Humanos internacionales. Lo que hemos hecho evidente como CECT ante el gobierno, en el Parlaento, ante el Ministerio de Justicia, Carabineros y Gendarmería en forma repetida. No hemos visto, sin embargo, implantación de los cambios urgentes que se requieren. Los presos del mal llamado "casos bomba" han tenido un trata que está tipificado como tortura por cuanto se trata de presos políticos a quienes se les monta evidencia, se les criminaliza y se les define, ante los medios de Prensa y TV como criminales: esas son las pretendidas acusaciones frenéticas de un Fiscal que se mueve políticamente y no en el campo de la Justicia. De hecho, estos jóvenes viven una situación de tortura por los montajes inconcebibles, el uso de testigos protegidos, sin rostro y muchos delincuentes usados por los fiscales. Además, al amenazarlos con cadenas perpetuas por el mero hecho de disentir políticamente sólo les queda recurrir a las huelgas de hambre. Huelgas wue, a pesar de que el Ministro de Salud y varios personeros del gobierno las denigren, y el Presidente incluido por su silencio culpable, son el único recurso que el Estado chileno deja a los persguidos políticos.
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