Opinión de "La Diaria": La izquierda y su realación con la violencia (a propósito de razzias)

Una cosa y la otra
La izquierda uruguaya no tiene bien resuelta su relación con la violencia. En un marco general de debilitamiento de la teoría, que devalúa el requisito de un pensamiento consistente, se echa mano de argumentos a medida para enfrentar cada cuestión concreta, y a menudo se entreveran los cables. Veamos qué pasa si comparamos la aplicación de premisas similares en dos polémicas del momento: las relacionadas con el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad y con los recientes operativos policiales.


1) “La violencia debe considerarse en su contexto, atendiendo a sus causas de fondo”. Algo así sostiene el senador renunciante Eleuterio Fernández Huidobro para descalificar la línea de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el terrorismo de Estado. Señala que las violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras latinoamericanas no deben recortarse como si hubieran sido sólo una serie de hechos criminales, sino que hay que comprenderlas como consecuencia de la voluntad de imponer políticas antipopulares. Por ese camino, desestima el valor de castigar a los autores directos de delitos, alegando que así queda desdibujada la responsabilidad principal de quienes los instigaron.

Muchos sonríen complacidos con ese razonamiento, pero no lo aceptan si se aplica a la violencia causante de inseguridad ciudadana. En los tiempos que corren, quien diga que hay que considerar el contexto de esa violencia y sus causas profundas, en vez de priorizar la represión a quienes delinquen, será tildado de lírico incurable.
2) “Hay que actuar en consonancia con el sentir de las mayorías”. Como no hubo, en las consultas populares de 1989 y 2009, expresiones mayoritarias de la ciudadanía contra la Ley de Caducidad, se considera ilegítimo que una decisión parlamentaria deje sin efecto esa norma. Si hay mayorías ciudadanas a favor de la rebaja de la edad de imputabilidad o de otras formas de la “mano dura”, ¿se aplicará el mismo criterio o se sostendrá, como lo ha hecho el ex presidente Tabaré Vázquez, que las mayorías pueden equivocarse y que no siempre corresponde que ellas decidan cuando están en juego los derechos humanos?
3) “Mejorar las tareas de inteligencia es un requisito previo para la represión eficaz del delito y para su prevención”. Lo hemos escuchado en boca de las autoridades como lineamiento básico para mejorar la seguridad ciudadana, aunque no sabemos si se aplicó ese protocolo para realizar los recientes operativos. En todo caso, esta orientación de trabajo puede ser válida también para abordar la cuestión del terrorismo de Estado, pero, ¿dispone el gobierno de servicios de inteligencia capaces de horadar el pacto de silencio que aún protege a los responsables de violaciones de los derechos humanos? En esta materia el escepticismo es razonable, porque la comunidad de inteligencia fue, en su momento, parte fundamental de la organización delictiva. La cuestión es en qué medida se ha podido o se podrá transformar esos aparatos para que operen al servicio de su mando constitucional.
4) “Lo importante es el efecto simbólico, dejar claro que no hay territorios sin ley, reinstalar el poder del Estado para reprimir las conductas ilícitas”. Esto se dice para justificar los operativos policiales. Pero muchos de quienes asienten no admiten la misma línea de pensamiento en apoyo a la anulación de la caducidad. Sin embargo, es cierto que las Fuerzas Armadas seguirán pareciéndose a una "zona roja" mientras funcionen como refugio seguro para el crimen organizado.
La Diaria