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Estos hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no garantizaba el debido y justo proceso que respete sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario, señaló el argentino Pérez Esquivel en carta al presidente de la Corte chilena, Milton Juica.
Indicó el mensaje al máximo tribunal que la única culpa de los sentenciados es la de luchar por la defensa de su territorio y por ello fueron juzgados por una ley antiterrorista, se utilizaron testigos secretos, doble procesamiento judicial y hubo una ausencia total de garantías constitucionales.
Por ese motivo el Nobel de la Paz (1980) explicó su determinación de adherirse al llamado de los familiares de los condenados de pedido de anulación del denominado juicio de Cañete, comuna de la sureña región del Bío Bío, y a la solicitud de realización de un nuevo proceso con un tribunal imparcial y sin aplicación de la ley antiterrorista.
La lucha de los mapuche es respetada y conocida en todo el mundo, enfatizó en el cierre de su misiva Pérez Esquivel.
Hasta el momento más de 500 firmantes, entre organizaciones y personalidades, se han sumado al citado documento dirigido a las autoridades judiciales chilenas a favor de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.
Los cuatro dirigentes de la CAM fueron condenados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel, acusados de haber participado en un atentado fallido a un fiscal chileno, hecho evaluado aquí por la izquierda chilena y por las comunidades indígenas como un acto de montaje y persecución contra los mapuche.
Desde el pasado 15 de marzo los encausados iniciaron una huelga de hambre en contra del veredicto y en demanda de un proceso justo.
En carta desde la prisión los comuneros subrayaron que aunque en el fallo del tribunal no se utilizó la ley antiterrorista como prometió el Gobierno, a lo largo del juicio sí se apeló a los procedimientos contemplados en el criticado instrumento jurídico que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Si bien en la sentencia no se aplicó la ley antiterrorista, para la tipificación de los delitos sí se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que sólo la cuestionada norma permite como medio de prueba”, expresaron Llaitul y sus compañeros.
En opinión del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, el Estado no ha comprendido la natural configuración de luchadores sociales de la etnia mapuche, con quienes ha adoptado una posición de castigo y persecución policial.
El jurista calificó de héroes a los cuatro comuneros que se están sacrificando para que Chile comprenda sus deberes internacionales y avance en el reconocimiento de sus pueblos originarios.
Escrito por Tania Peña
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