Uruguay: Declaración política, abril de 2011 Agrupación Militantes Guevaristas - Colectivo Militante - Comuna - ProUnir

Seis años de gobierno progresista...

Patrones más ricos, trabajadores más pobres

No hace falta recurrir a opiniones de la izquierda revolucionaria o del sindicalismo clasista. Alcanza con remitirse a dos estudios recientes, surgidos desde el propio campo progresista, para confirmar la ininterrumpida continuidad del “modelo económico”.

Uno proviene de la elite universitaria, o sea, de aquellos que dan sustento académico al progresismo gobernante. Así resumen el balance de la presidencia de Tabaré Vázquez:


“En la política económica del gobierno del FA no hubo cambios mayores respecto a la política económica de los gobiernos precedentes (…) Pero este continuismo y la ortodoxia macroeconómica estaban previstos, por ende fueron coherentes con el programa del FA (…) En términos generales, se puede concluir que el Gobierno del FA fue moderadamente innovador en políticas sociales con respecto a la línea dominante y fundamentalmente continuista en política económica”. (Reforma del Estado y políticas públicas de la Administración Vázquez: acumulaciones, conflictos y desafíos. Instituto de Ciencia Política (Udelar). Edición Fin de Siglo/Clacso, Montevideo 2010)

El otro viene de aquellos economistas que dicen ubicarse en el “programa histórico” del Frente Amplio y que han venido alimentado (junto a otros sectores frenteamplistas), la falsa tesis de un “gobierno en disputa”. Concluyen en lo siguiente respecto al primer año del presidente José Mujica:

“Las principales propuestas de la gestión presidencial desde marzo de José Mujica implican una profundización del modelo del capital a través de un proyecto político de ‘unidad nacional’ y ‘capitalismo en serio’ (…) En el interior del nuevo gobierno la disputa entre los intereses del trabajo y el capital no es relevante en la medida que se asume un modelo de crecimiento basado en la inversión extranjera que profundiza el capitalismo, la dependencia y la vulnerabilidad del país”. (La Torta y las Migajas. El gobierno progresista 2005-2010. Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Ediciones Trilce, Montevideo 2010)

Este diagnóstico categórico viene a reafirmar lo ya sabido: el gobierno del Frente Amplio no ha traído una “ruptura antineoliberal”, ni representa (como pretendieron muchos de sus incondicionales) una alternativa “posneoliberal”. No hay un “modelo económico” distinto al aplicado por los sucesivos gobiernos de colorados y blancos. Ni siquiera hay indicios de un nuevo modelo basado en la re-industrialización y la diversidad productiva. Por el contrario, se mantienen los ejes centrales del régimen de acumulación de capital que predominaron a lo largo de las tres últimas décadas: centralización y concentración del capital, valorización financiera, endeudamiento externo, liberalización comercial, ventajas fiscales a los empresarios locales y extranjeros, zonas francas, privatizaciones, extranjerización de la tierra.

En resumen: como proyecto del orden burgués, el programa económico del progresismo no está vinculado a una perspectiva de desarrollo que beneficie a los trabajadores. Es decir, a la clase que realmente produce la riqueza en la sociedad. Esta política económica que reproduce la matriz regresiva y expropiatoria impuesta por las clases dominantes locales y las instituciones financieras internacionales, se asienta en otro pilar básico del capital: la desvalorización de la fuerza de trabajo y de su reproducción. Las consecuencias socio-económicas están a la vista.

Empleo precario

El gobierno hace propaganda con el “desempleo record” (5,4% previsto en 2011). No obstante, esta cifra disfrazada la realidad. Se mantiene un núcleo de desempleo estructural de alrededor de 120.000 personas, en su mayoría con “escasa formación educativa”, por esa razón, más de un 60% de ellas no pone ninguna condición (salarial o laboral) a la hora de obtener un trabajo. Según todas las estimaciones (incluyendo algunas oficiales), el

80% de los nuevos empleos creados en estos seis años son de “baja calidad”. Las principales víctimas de esta fábrica de “empleo chatarra” son los jóvenes y las mujeres.

Miles de trabajadores acceden al “mercado de trabajo” en condiciones de precariedad e “informalidad”: sucesivas estimaciones del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) indican que un 32,3% de los trabajadores ocupados está en negro. Medio millón carece de cobertura a la seguridad social, y 140.000 (cifras oficiales) se encuentran en la categoría de “subempleados”. Otros tantos miles integran las filas de los tercerizados, es decir, aquellos que trabajan para “subcontratistas” de grandes capitales privados y para empresas públicas que han privatizado (bajo la modalidad de “concesión”) una parte de sus servicios.

A esto debe sumarse la precariedad del empleo en ramas que se caracterizan por una producción zafral. Es el caso de los frigoríficos y curtiembres que envían por año a miles de trabajadores al Seguro de Paro. Es el caso, entre otros, de la esquila, del trigo y la granja, donde debido al “fin de zafras” se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo, elevando la tasa de desempleo nacional (febrero 2011) a 6,1%.

Mientras tanto, las condiciones de sobre-explotación se agravan para los trabajadores rurales, de la forestación, del comercio minorista, de los supermercados, de las grandes cadenas de tiendas, de las empresas de limpieza y seguridad, de las empleadas “domésticas”, de los clasificadores, de los niños-trabajadores, etc.

Trabajadores empobrecidos

Según el gobierno, el salario medio creció en términos reales un 10,2% durante el 2010. Lo que significaría una “recuperación real” del poder adquisitivo. Otra vez, las cifras oficiales no coinciden con la realidad. Si se descuenta el efecto de la inflación, ese 10,2% se reduce a un 3,3% como promedio, el menor en seis años. En efecto, los datos publicados por el INE marcan que el “aumento del poder adquisitivo de los salarios ha sido el menor desde 2004”.

Lo cierto, es que una masa importantísima de la clase trabajadora no llega ni siquiera a la cuarta parte de la canasta familiar (ubicada en $42.300 a diciembre 2010). Porque como indica el INE, el salario medio nacional, al día de hoy, es $11.724.

El propio sindicalismo gubernamental tiene que reconocer este empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora. El Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT concluye que más de 650.000 trabajadores (del millón y medio ocupado) tienen un ingreso menor a $10.000. De ellos, un 13% se encuentra por debajo de la “línea de pobreza”. Mientras que este nivel de pobreza alcanza al 67% de los trabajadores “informales”.

Más de 400.000 de trabajadores reciben el salario mínimo, o sea, están en el límite de un salario considerado “sumergido”: $6.300. Esto significa que una tercera parte de la fuerza de trabajo con empleo, no puede satisfacer sus necesidades sociales más elementales. Mucho menos en pensar “ahorrar”. El 67% de las personas consultadas, declaran que “llegan con lo justo” a fin de mes.

Fuerza de trabajo descalificada

El país vive una gravísima “crisis educativa”. Unos y otros coinciden, unos y otros se echan las culpas. Pero ¿se trata solamente de una crisis del “sistema de enseñanza”? La educación, tanto como la formación profesional, atañe a la valorización de la fuerza social del trabajo.

Cuando el 75% de las personas mayores de 15 años no terminó la enseñanza secundaria, cuando el 45% no terminó tampoco los tres primeros años de liceo ni enseñanza técnica, cuando alrededor de 100.000 jóvenes (23,6% del total) “no dedican su tiempo a nada productivo”, es decir, ni trabajan ni estudian, o cuando cerca del 25% de los trabajadores no tienen ninguna formación profesional, se está desvalorizando el proceso de reproducción social de la fuerza de trabajo.

Por tanto, se favorece la descalificación de la fuerza de trabajo. Su abaratamiento. Este proceso que se viene agudizando con la continuidad de las políticas neoliberales del progresismo, no hace otra cosa que favorecer a los capitalistas que demandan un “menor costo laboral” y mayores facilidades para la explotación del trabajo asalariado.

Pobreza de masas

La reducción en casi diez puntos en los índices de pobreza, no alcanzó al “núcleo duro” de pobres. Según el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), 100.000 familias (equivalente a 375.000 personas, es decir el 10% de la población total del país), se encuentran "con graves problemas de alimentación". Es decir, dependen del "asistencialismo focalizado" para comer una ración básica.

Esto implica que cientos de miles de personas se encuentran muy por debajo de lo que se denomina “necesidades básicas insatisfechas”, pisando la frontera de la indigencia, aunque las estadísticas oficiales no los clasifiquen como “indigentes”.

Esta pobreza de masas que se extiende a toda la geografía, tiene su foto más amarga en el crecimiento de los “asentamientos irregulares” donde - según un estudio de la ONG “Un Techo Para Mi País” de octubre 2010 - se alojan más de 250.000 personas. La propia Intendencia Municipal de Montevideo acaba de estimar que solamente en la capital, los “asentamientos irregulares” pasaron de 375 a 412, albergando a un 10% de los habitantes de la capital.

En estos cinturones de miseria se concentra la mayor parte de los jóvenes pobres y desempleados, y los 20.000 niños (de los más de 35.000 que salen todos los días a trabajar) que sobreviven de la basura, sufriendo “una de las peores formas de trabajo infantil” según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es allí también, donde habitan la mayoría de las 15.000 familias que han encontrado en la clasificación de la basura su único medio laboral de subsistencia.

Lejos del discurso hipócrita que habla de una “reducción de las vulnerabilidades sociales”, asistimos a una consolidación de la pobreza. Y las consecuencias “colaterales” de este verdadero proceso de “desafiliación social” están a la vista: marginación, mendicidad, insalubridad, desnutrición, analfabetismo funcional, prostitución, drogadicción. Las causas de esa “minoridad infractora” que se quiere reprimir todavía más, se encuentran en este paisaje desolador.

Esta dramática realidad social que sufren los de abajo, tiene su impúdica contracara en los de arriba: Las clases propietarias se enriquecen cada vez más. Beneficiándose, primero que nadie, de la “bonanza económica”. Es decir, apropiándose de la riqueza que produce la clase trabajadora. Más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) acumulado entre 2004-2010 (período de mayor “crecimiento” de la economía uruguaya en los últimos 40 años), fue a parar a los bolsillos de las “rentas del capital”. O sea, a las cuentas bancarias de los patrones. Ensanchando así la brecha de la desigualdad social. Al punto que la participación de la masa salarial en el conjunto del PIB sigue en caída libre y se ubica en apenas un 24%, el porcentaje más bajo de los últimos 20 años.

No se trata de una realidad inventada por la “ultraizquierda” ni por el “sindicalismo sectario”. Basta con volver a remitirse al campo progresista para constatarla, está vez a lo que dice el mismísimo PIT-CNT:

“Los trabajadores sindicalizados durante toda nuestra historia hemos bregado por la construcción de un nuevo modelo de sociedad, que supere el actual que es tremendamente injusto porque mantiene una enorme brecha entre los diversos sectores sociales. Hoy el 20% más rico se apropia del 47% de la riqueza nacional mientras que el 20% más pobre se debe conformar con apenas el 5%”. (PIT-CNT, “Propuestas de modificaciones en el sistema tributario”, febrero 2011)

Seis años después del arribo del Frente Amplio al gobierno y pese a “todas las mejoras alcanzadas”, el “modelo de sociedad” se mantiene intacto y, por tanto, “tremendamente injusto”. Todo un balance del progresismo. Todo un balance del sindicalismo de negociación. Cabría preguntarse: ¿este es el “país de primera” que vendía el spot electoral de Mujica-Astori?
 ¿Cuál “redistribución de la riqueza”?

Luego de siglos de capitalismo, el gobierno de Mujica descubrió que “el mercado no reparte”. Y que, después de seis años de progresismo, la brecha de la desigualdad social en lugar de reducirse sigue tan campante. Entonces, con el cinismo que lo caracteriza, instaló la discusión sobre la “redistribución de la riqueza”.


Algunos, desde el Frente Amplio y él PIT-CNT, se prendieron de la operación mediática y lanzaron sus “propuestas” para lograr una “justicia distributiva”. Aunque ninguna de ellas apuntaba a la raíz de la cuestión: confiscar el poder del capital, esto es, la organización jerárquica que estructura el sistema de explotación. Ninguna atacaba el régimen de acumulación de capital ni la carrera desenfrenada por el lucro empresarial. Ninguna rozaba siquiera los mecanismos de centralización y concentración del capital. Ninguna, por ejemplo, ponía en tela de juicio el pago de una deuda externa fraudulenta que transfiere la riqueza producida por los trabajadores hacia los centros del capital imperialista. A lo sumo, proponían que aquellas fracciones burguesas que “han ganado mucho” se ajusten el cinturón.

No obstante, el supuesto “debate” duró apenas unas semanas. Hasta que el gobierno, por boca del presidente de la República y su equipo económico, pusieron las cosas en su lugar. Pueden darse algunos retoques decorativos para calmar el griterío, pero el programa económico, acordado con el Fondo Monetario Internacional en 2005, se ratifica en su totalidad. El ministro de Economía así se lo hizo saber al “mercado”, es decir, a los empresarios locales y extranjeros reunidos en la celebración del Consejo Interamericano de Comercio y la Producción (Cicyps), realizada en el Hotel Sheraton de Colonia del Sacramento el 17 de marzo. Pocos días después, el mismo ministro Fernando Lorenzo, desactivaba cualquier expectativa sobre cambios en la política económica, aunque fueran prometidos en la oferta electoral. La miserable rebaja de dos puntos del IVA, por ejemplo, se posterga para el 2012. Porque “la política tributaria del país no puede ir a los bandazos”.

Para nosotros, militantes de la izquierda clasista y revolucionaria, la cuestión de la “redistribución de la riqueza” no se reduce a una coyuntura, ni a que algunas ramas empresariales se están enriqueciendo más de la cuenta. Nuestra lucha por la “redistribución de la riqueza” se ubica en una perspectiva anticapitalista.

Es en tal sentido, que las propuestas y el accionar de una izquierda clasista y revolucionaria en el movimiento obrero y popular, debe enfocarse hacia una perspectiva de re-apropiación social y no solamente de “recuperación salarial”. Dicho de otra manera: asociamos la plataforma de reivindicaciones y demandas inmediatas, que resultan de las necesidades sociales más básicas, a un horizonte de ruptura anticapitalista. Esto es, de expropiación de los ladrones del trabajo ajeno. Para nosotros esto es lo esencial. En una economía capitalista de mercado, donde la producción y los intercambios están dominados por la ley del valor y completamente autonomizados en la relación a los individuos, los “ejes programáticos” y las “plataformas, deben tener esa perspectiva.

¿Cómo una sociedad se puede decir democrática cuando no es dueña colectivamente de actividades esenciales como la producción de bienes y servicios? ¿Cómo puede haber “justicia distributiva” si la clase trabajadora no tiene ningún control sobre los medios de producción que sirven a la acumulación de capital? ¿Cómo garantizar una “redistribución de la riqueza” si los propietarios de esos medios de producción se apropian privadamente del trabajo colectivo social? ¿Cómo asegurar el “incremento real de los ingresos”, cuando no existe ningún mecanismo de control de los trabajadores sobre los precios de las mercaderías, de los alquileres, de los servicios públicos, del transporte, etc.?

Las reivindicaciones y medidas que presentamos a continuación no son marca registrada de la izquierda revolucionaria, ni del sindicalismo clasista y antiburocrático. Expresan una plataforma de lucha que está presente, bajo múltiples formas, en las innumerables movilizaciones, reclamos, protestas, huelgas, ocupaciones, marchas solidarias, que a diario se realizan

¡Salariazo!

-Aumento general de los salarios y las jubilaciones Salario mínimo equivalente a media canasta familiar

- Congelación inmediata de los precios de los productos de alimentación (carne, leche, verduras, frutas, etc.); de las tarifas de los servicios (ANTEL, UTE, ANCAP, OSE, GAS, etc.); de los transportes públicos; de las cuotas mutuales de salud
- Congelación inmediata del precio de los alquileres, ley de protección del inquilino, expropiación y distribución de toda vivienda deshabitada por más de seis meses cuyo titular tenga más de una propiedad.
- Por un plan de viviendas populares, dignas y al alcance de todos los trabajadores
- Que ningún aumento salarial sea trasladado a los precios. Organizar comisiones sociales y barriales de control sobre las grandes cadenas de tiendas y supermercados
- Eliminación inmediata del IVA y el IRPF
- Impuesto al patrimonio de los ricos y a las ganancias patronales; que las empresas hagan públicos sus balances; expropiación bajo control de los trabajadores de todas las empresas que evadan la tributación y lleven una doble contabilidad
- Impuesto a las transacciones financieras


¡Pleno empleo!
- Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción de salario. Trabajar menos para trabajar todos

- Prohibición de los despidos y de los envíos al seguro de paro
- Expropiación y entrega a sus empleados de toda empresa que sea declarada en quiebra por sus propietarios
- Apoyo técnico y crediticio a las empresas recuperadas y a todos los emprendimientos de autogestión obrera
- Reforma agraria con expropiación sin indemnización de los grandes terratenientes, multinacionales frigoríficas, arroceras, sojeras, pasteras; reparto de tierras entre todos aquellos que las quieran trabajar; prioridad crediticia a cooperativas de trabajadores rurales
- Por el 6% del PIB para la educación pública.

¡No debemos, no pagamos!

-Exigimos la abolición de la fraudulenta deuda pública externa. Toda esa supuesta deuda es ilegítima. No pago ni de intereses ni amortizaciones.

- Rompimiento con el FMI, el Banco Mundial, y el BID, instituciones financieras que imponen los “planes de de ajuste” en beneficio del capital imperialista
- Estatización de la banca privada (sin indemnización) bajo control de los trabajadores
- Eliminación del secreto bancario
- Estatización del comercio exterior
- Eliminación de las Zonas Francas
- Eliminación de las AFAPS
- Eliminación del Clearing
- No a las multinacionales de la celulosa y la minería.
¡Basta de impunidad!
 
-Anular la Ley de Caducidad

- Juicio y castigo al terrorismo de Estado
- No a la criminalización de la pobreza
- No a la baja de la edad de inimputabilidad. Basta de persecución contra los jóvenes
- Basta de torturas en el INAU. Desmantelamiento del sistema de encierro inhumano contra los niños y adolecentes. Eliminación de los contenedores de lata en el INAU y en el Penal de Libertad.
- Indemnización a las familias de los presos asesinados por el Estado en la cárcel de Rocha y castigo a los responsables policiales del crimen
- Despenalización del aborto. Por el derecho de las mujeres a decidir. Aborto libre y gratuito.

¡Internacionalismo!
-Fuera las bases yanquis de Santa Catalina

- Retiro inmediato de las tropas uruguayas de ocupación en Haití y el Congo
- Solidaridad incondicional con las revoluciones democráticas de los trabajadores en los países árabes.
- Solidaridad incondicional con la lucha de liberación nacional del pueblo palestino
- No a la guerra. Fuera imperialistas de Irak, Afganistán y Libia