Gitanos europeos, cada vez peor

El notorio crecimiento de la discriminación que afrontan en la Unión Europea los gitanos, también llamados roma, preocupa a sus líderes, sobre todo por la actitud y el mensaje que trasmiten al respecto muchos partidos políticos, que los culpan de todos los males.

Mario Queiroz (Lisboa)

Safta Marin, 88, superviviente de las deportaciones de gitanos en la II Guerra Mundial, Bucarest, Rumania (AP Photo/Vadim Ghirda)

Así lo expresaron Dezideriu Gergely, director ejecutivo del Centro Europeo para los Derechos Romaní (ERRC, por su acrónimo en inglés), y la responsable jurídica de esa agrupación, Lydia Gall, durante una visita de dos días a Lisboa esta semana para denunciar las pésimas condiciones de vivienda de su pueblo en Portugal.

Las políticas claramente dirigidas contra los gitanos se comprueba especialmente en Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Eslovaquia, República Checa y Rumania, pero, en lo referente a las condiciones habitacionales, “Portugal no es tan diferente de esos países”, afirmó la abogada y activista del ERRC, con sede en Budapest.


Gergely, citando en especial los casos de Bulgaria, Rumania y Hungría, precisó que, “en muchos países, la situación de las comunidades de la etnia romaní, en lugar de mejorar, va de mal en peor”.

En muchos países de Europa “hay partidos que han identificado como blanco de sus ataques a los gitanos, mediante un lenguaje cada vez más agresivo y peligroso, no solo de la extrema derecha, sino también de partidos conservadores y de centro”, añadió.

Este discurso ha intentado “convertir al pueblo romaní en chivo expiatorio de una serie de problemas sociales, mediante un mecanismo en que los gitanos son generalmente culpados de estos problemas y, lo que es más peligroso, es que esta idea ha ido tomando cuerpo en la opinión pública”, deploró el activista.


Citó con especial preocupación los casos de Italia y de Francia, que demuestran que estas situaciones “no son particulares en los países de Europa central y oriental, sino también en occidente, donde se verifica una acción política cuyo objetivo son los gitanos”.

Italia estableció un estado de emergencia “para tratar lo que ellos llaman ‘el problema de la inmigración’, pero que fundamentalmente se centra en los gitanos, mientras que en Francia han obligado a regresar a sus países a comunidades romaní enteras procedentes de Bulgaria y Rumania”.

Por su parte, Gall realizó una investigación en Portugal durante cinco años, verificando denuncias sobre la construcción de muros para separar barrios sociales de gitanos del resto de los ciudadanos.


La experta constató las pésimas condiciones habitacionales de los gitanos en Portugal.

Hasta el momento no ha sido realizado ningún estudio sociográfico de ámbito nacional sobre la población luso-romaní, pero la organización comunitaria Health and the Roma Community (Salud y Comunidad Gitana) estima que su número ronda las 33.500 personas

Ante una consulta de IPS sobre las diferencias con la situación de los países mencionados por Gergely, la abogada reconoció que, en términos de agresiones, efectivamente existen diferencias a favor, en especial en una mejor actitud de la sociedad portuguesa en su conjunto. Sin embargo, en cuanto a las condiciones habitacionales, “la situación es similar” que en el resto de Europa.


Las comunidades luso-romaní “muchas veces viven en barrios apartados, en casas de pésima construcción, muy lejos del estándar promedio de la población, en malas condiciones higiénicas, apartadas de los centros urbanos y sin medios de transporte, lo cual limita la escolaridad de los niños”.

El ERRC acusó en abril de 2010 al gobierno portugués de no haber cumplido con sus obligaciones de derechos humanos en términos de la Carta Social Europea Revisada.




Lydia Gall, abogada del Centro Europeo para los Derechos Romaní. Crédito: Katalin Muharay/IPS

 

 A su vez, el Comité Europeo de Derechos Sociales hizo pública el 7 de este mes una resolución en la cual considera que Portugal viola los derechos de los gitanos a una vivienda adecuada. Además, condena la creación de barrios segregados que fomentan el aislamiento, así como la exclusión social deliberada de las comunidades gitanas.


Gall subrayó que en Portugal se llegó al extremo de levantar muros que segregan a los gitanos, quienes se ven obligados a vivir en barrios sin agua potable, escondidos detrás de colinas, sin accesos viales y ocultos desde la carretera en varios municipios del país.

La constante humedad debido a las infiltraciones de agua “provoca serios impactos en la salud de esas personas, tales como problemas respiratorios en niños y niñas de cuatro o cinco años”, denunció.


Citó el caso extremo de Beja, 180 kilómetros al sur de Lisboa, donde se construyó un barrio social “con un muro de separación, lejos del centro urbano y cerca de una perrera, cuyas aguas servidas con excrementos de animales pasan por las viviendas, con obvias consecuencias para la salud de sus habitantes”.

Otra situación preocupante es la de Rio Maior, 85 kilómetros al norte de Lisboa, “donde 14 familias gitanas fueron colocadas en casas precarias de madera, encima de una dañina mina de carbón y separadas por un denso bosque del resto de la población”, detalló Gall.

En Vidigueira, 160 kilómetros al sur de Lisboa, existe una comunidad que vive detrás de ruinas medievales, y “la policía les cortó la única fuente de agua potable accesible para ellos”.

“Estos son algunos de los ejemplos que sirvieron como documentación para la condena a Portugal”, concluyó la jurista.

Sin embargo, el caso portugués es solo una muestra que ilustra “la falta de políticas de la Unión Europea (UE) que incidan en la inclusión social de las comunidades romaní y, cuando estas existen, muchas veces tienen un efecto perverso”, expresó, por su parte, Gergely.

A modo de ejemplo, citó el caso de Rumania, “que construye escuela segregadas para gitanos, dentro de sus barrios”.

La situación “tanto en el este como en el oeste de Europa es muy alarmante, pero también vemos que tanto la UE como el Consejo de Europa (con 47 países miembros, todos los del continente en su más amplia concepción geográfica), han tomado en sus manos el trabajo de solucionar el problema”, precisó Gergely.

Hasta fines de diciembre, “todos los países deberán proponer sus estrategias para solucionar los problemas de las comunidades romaní nacionales”, indicó el activista.

La UE “afirma que cuenta con un presupuesto de 26.000 millones de euros (35.000 millones de dólares) para inclusión social, del cual solo 30 por ciento es usado en programas de los estados miembro, pero no sabemos qué parte es destinada a la inclusión de los romaní”, expresó.

Al concluir, Gergely lanzó un mensaje: “Conocemos los problemas y sus soluciones, tenemos las herramientas necesarias y hay dinero para eso. Lo único que falta es la voluntad política”
IPS