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Las fuerzas de seguridad de todo el mundo ejercen seguimiento a grupos criminales y la intención es sumamente sencilla: anticiparse a sus golpes y desarticularlos.
Pero según se ha admitido inclusive desde sectores cercanos al Gobierno, el plan de espionaje interno de Gendarmería podría ser ilegal.
El plan no fue impulsado -y en eso las autoridades nacionales de Seguridad tienen alguna razón- por la actual ministra Nilda Garré. Data de 2005, en tiempos en que la suma del poder de las decisiones del Poder Ejecutivo pasaban (y sobre todo, las vinculadas con el accionar de los uniformados) por Aníbal Fernández, que hoy es senador nacional y que fue ministro durante casi una década, desde Duhalde a Cristina, pasando por Néstor Kirchner.
“No admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles”, aseveró la ministra a través de su cuenta de Twitter. Hay, en este punto, o bien una cuota de ingenuidad increíble, la comprobación de que la difusión de la existencia del Proyecto X la tomó por sorpresa o bien, el dato preciso de que la funcionaria no fue informada de todo cuando asumió la cartera, en medio de la batahola del Parque Indoamericano.
El golpe para Garré es interno y externo. No hay que descartar, en este punto, una “devolución de favores” de los desplazados de la mesa del poder que responden al “anibalismo”.
La oposición encontró una grieta ideológica más, después de haberse montado sobre la disputa de los grupos que pugnan por una minería no contaminante.
Y la ministra tiene en su currículum el hecho de haber dado un fuerte golpe contra la Armada, tras descubrir la realización de tareas de inteligencia que se realizaron en la base aeronaval Almirante Zar, en Chubut, que, a su criterio, constituyen un “alerta rojo” que es necesario “investigar para conocer sus verdaderos alcances”.
“Es un alerta rojo que nos motiva a investigar lo que sucede en materia de inteligencia no sólo en la Armada, sino también en las restantes fuerzas”, sostuvo Garré en aquel momento, cuando ejercía el cargo de ministra de Defensa.
La investigación -debe destacarse este punto- surgió a instancias de un reporte periodístico publicado por el blog Plazademayo.com, a cargo del periodista Diego Rojas. Recién allí la Justicia, el Gobierno y la ahora “preocupada” oposición reaccionaron.
La Gendarmería y los gobiernos
.Hay una tendencia de los gobiernos a respaldarse sobre la Gendarmería, una fuerza creada para defender las fronteras, pero que cada vez más, desde la gestión de Carlos Menem hasta ahora, se abocó a tareas internas.
Algunas veces, porque la ausencia de conflictos externos ponía a sus hombres a disposición para cubrir baches de policías provinciales o tapar con su presencia hosca la demanda de inseguridad.
Otras, porque la intervención de fuerzas como la Policía Federal o la Bonaerense en actividades delictivas las dejaban excluidas de las investigaciones judiciales y, entonces, se le echaba mano a Gendarmería.
Pero siempre se valoró a su laboratorio pericial y, también, a su capacidad de inteligencia criminal.
La fuerza friendly fue dirigida por Timar Musumesi en la gestión del riojano, y éste terminó procesado por delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
En concreto, la medida judicial alcanzó a otras dos decenas de ex gendarmes y funcionarios a quienes se los acusa por las compras presuntamente irregulares -sin licitación- de una embarcación y otros enseres para en equipamiento de la fuerza, entre ellos la gabardina para los uniformes.
A uno de sus sucesores, Hugo Alberto Miranda, se le trabó un embargo de tres millones de pesos tras ser desplazado de la comandancia general de la fuerza en 2002, al acusársele de la compra irregular de dos helicópteros. Venía desde la época de Menem pero la Alianza lo había confirmado en el puesto.
Durante un encuentro con legisladores nacionales en 2001, informalmente, Miranda se mostró permeable a los reclamos que le llegaban desde todas las provincias -incluida Mendoza- para poblarlas de uniformes verdes frente a las protestas por inseguridad. “Me piden algo que puedo cumplir, pero que no sirve: entiendan que mandamos a Mendoza a gente de Corrientes. Pierden plata, no conocen el lugar de destino, están de mal humor, gastan mal la plata, se ponen de novios y se pelean con sus mujeres y, además, se alimentan mal. No sirve. Pero si nos necesitan, aquí estamos”.
Es probable que su permeabilidad a los gobiernos haya conseguido un corrimiento de eje. El proyecto X -dicen en el entorno de Garré- fue financiado por los Estados Unidos, basándose en un modelo ajeno, no permitido en nuestro país y que brindar servicios no sólo al Estado, sino a la propia embajada estadounidense y a empresas privadas, recopilando información de índole social, no criminal.
La Gendarmería, el 22 de diciembre, envió una nota firmada por su titular, Héctor Schenone, al juez Oyarbide en el que reconoció la existencia de las actividades de “prevención del delito”, con uniformados vestidos de civil y sin identificación, incluso en protestas sociales que derivan en cortes de tránsito, y de la existencia de Proyecto X. Pero, en esa nota que tenía carácter informativo, la fuerza no aceptó explícitamente que esa base de datos tuviera como objetivo el espionaje interno contra delegados gremiales y manifestantes de organizaciones sociales.
Las implicancias
Desde adentro del poder, el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro y experto en temas de seguridad, Marcelo Saín, admitió en declaraciones formuladas a MDZ Radio que “es muy probable que la Gendarmería haya incurrido en alguna ilegalidad” al conformar la base de datos denominada “Proyecto X”. Sin embargo, afirmó tener “absoluta certeza de que Nilda no avala esto”.
Mientras tanto, el periodista Diego Rojas, del blog Plazademayo.com (cuyo primer informe MDZ reprodujo) sigue aportando información sobre un funcionamiento de la base de datos del Proyecto X muy diferente al admitido por Schenone:
El gendarme Raúl Ernesto Sheurman, integrante de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial de Gendarmería Nacional, relató ante la secretaria del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero que fue designado con otro miembro de la fuerza para ir al lugar de la manifestación: “Nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial. Fuimos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes eran los que hablaban por los altoparlantes, quiénes los organizadores…” El gendarme Sheurman admitió que intentó ubicar a dos organizadores de los cortes pero que, al no ubicarlos, sacó fotos a otros manifestantes con su celular.
El citado es tan solo un párrafo de una de las notas preparadas por el mencionado portal que, además, ofrece fotocopias del expediente judicial en donde queda más que claro que Gendarmería está inmersa en un déjà vu: con el mismo estilo en que los uniformados espiaban bajo las órdenes de la dictadura, ahora informan los movimientos de sectores sociales bajo protesta.
En definitiva, del prestigio de sus pericias y su inteligencia criminal, al subsuelo de las peores prácticas en medio de una democracia que, además de todo lo dicho, levanta como bandera la protección integral de los Derechos Humanos.
Gabriel Conte. Informador Público.
MDZ
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