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Más allá de convertirse en un acto simbólico, la jornada del 11 de abril debe convertirse en una trinchera de lucha, así lo señaló Antonio Molina, abogado de la Asociación de Víctimas del 11 de Abril de 2002, previo a la marcha que se conducirá hasta la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República.
El objetivo de esta movilización es solicitar la apertura de investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los 60, 70, 80 y 90 en Venezuela.
A partir del 11 de abril de 2002, fecha en la que sectores comprometidos con el golpismo e intereses extranjeros irrumpieron el orden constitucional, miles de venezolanos conmemoran este hecho y dejan fijada su posición contra lo que fue un golpe de Estado, asintió Molina.
Ante los acontecimientos en el ámbito nacional e internacional –destacó- obligan necesariamente a salir de este espacio y darle otro tipo de connotación a esta fecha, y así lo han entendido los movimientos sociales y la dirección del PSUV.
Molina denunció que “en estos momentos los sectores que hacen vida en la Mesa de la Unidad y que pugnan por acabar con la Revolución, quienes participaron en el golpe de Estado, se han dado a la tarea de denunciar a nivel internacional una supuesta violación a los derechos humanos”.
Sobre este particular, puntualizó que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependencia de la OEA, y bajo la tutela de Estados Unidos cursan 140 denuncia por supuestas violaciones a la libertad de expresión y procesos penales contra los llamados “presos políticos”.
Frente al inminente riesgo –en el futuro- que el Gobierno bolivariano sea condenado como un estado forajido, se retoma las calles y la bandera de las defensa de los derechos humanos.
El 11 de abril debe convertirse en trinchera de lucha –manifestó- para que se conozca en las instancias internacionales, que quienes han sufrido la violación de los derechos humanos es el pueblo revolucionario.
RNV
LG
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