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El Frente Amplio aceptó mantener los antecedentes judiciales de los menores infractores, fruto de un acuerdo impulsado por el senador Jorge Larrañaga para votar antes del 31 de mayo un paquete de medidas para combatir la inseguridad pública.
La Asamblea General analizará hoy jueves el documento acordado por una comisión bicameral integrada por los cuatro partidos con representación parlamentaria. Esta comisión definió la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente y cambios al Código de la Niñez a fin de combatir la delincuencia juvenil, que serán parte de un proyecto de ley que se sancionará antes del 31 de mayo.
En un proyecto posterior, y luego de que se cierre la negociación en la interna del Frente Amplio, se propondrá mantener los antecedentes penales de los menores una vez que cumplan la mayoría de edad. Todavía no hay consenso a nivel de la coalición de izquierda sobre el plazo durante el cual se conservarán estos antecedentes, dijo ayer a El País el diputado socialista Julio Bango, presidente de la comisión bicameral.
El debate de hoy en la Asamblea General se dará en plena polémica por la campaña de recolección de firmas que lanzaron los colorados a fin de plebiscitar una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
Esta campaña de recolección de firmas es apoyada, hasta ahora, solo por los colorados. En el Partido Nacional, Alianza Nacional está en contra de bajar la edad de imputabilidad, y Unidad Nacional comparte la medida pero no la convocatoria a un plebiscito para 2014.
El Frente Amplio y el Partido Independiente están abiertamente en contra de bajar la edad de imputabilidad, al punto que ayer comenzaron a coordinar acciones para contrarrestar la campaña de recolección de firmas.
Ayer, en declaraciones a El País, Larrañaga negó un acuerdo con el Frente Amplio para contrarrestar la campaña de recolección de firmas, aunque admitió conversaciones con el gobierno y legisladores de la coalición de izquierda para acelerar la instrumentación de los acuerdos alcanzados en la comisión bicameral.
"Ni Alianza Nacional ni yo tenemos, ni tendremos, ningún acuerdo con el Frente Amplio o el Partido Independiente para hacer campaña contra nada o contra nadie. Lo digo en forma absolutamente contundente", dijo Larrañaga.
El senador de Alianza Nacional informó que sí mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente José Mujica y reuniones personales con varios legisladores del Frente Amplio en los últimos días para "reclamarle soluciones inmediata en el régimen penal de los adolescentes infractores".
Según Larrañaga, el presidente "coincide en que tienen que haber soluciones ahora", y recordó que el sábado 2, cuando se retiraba de una cena con empresarios en el Hotel Conrad de Punta del Este, Mujica hizo declaraciones en ese sentido.
El acuerdo alcanzado en la comisión bicameral que tratará hoy jueves la Asamblea General contempla la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, como un órgano desconcentrado del INAU con autonomía administrativa y técnica.
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| Jorge Larrañaga por Aroxa |
El acuerdo también establece modificaciones al Código de la Niñez aconsejando sancionar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad, y la eventual extensión de la penalización de la complicidad y tentativa en los delitos graves; y la extensión de 60 a 90 días del plazo que tienen los jueces para dictaminar sentencia.
Independientemente de estos puntos, Larrañaga dijo que se están manejando otras medidas: mantener los antecedentes de los menores -que el Frente Amplio anunciará hoy en la Asamblea General-, y agravar la responsabilidad de los mayores que hagan participar a menores en hechos delictivos.
Según Larrañaga, estas medidas serán aprobadas en una ley única antes del 31 de mayo, con entrada en vigencia inmediata.
En esta ley estarían contemplados dos de los tres puntos que plantea el Partido Colorado en su propuesta de reforma constitucional: la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, y mantener los antecedentes de los menores. Sin embargo, no contempla bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.
Larrañaga recordó que muchas de estas medidas el Partido Nacional las viene promoviendo desde el gobierno anterior. En mayo de 2006 los diputados Sandra Etcheverry, Pablo Abdala, Álvaro Alonso, Carlos Enciso y Gustavo Borsari, ya habían propuesto la creación de un instituto de rehabilitación que funcionara como cárcel de adolescentes. De ese mismo año hay un proyecto de ley del diputado Luis Lacalle Pou para mantener los antecedentes de los menores infractores. Además, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), el Partido Nacional presentó más de 100.000 firmas reclamando medidas contra la delincuencia.
En septiembre de 2010, ya bajo el gobierno de Mujica, los legisladores del Partido Nacional firmaron un proyecto de ley que unifica varias iniciativas sobre seguridad pública que hoy se están debatiendo. Y más próximo en el tiempo, en diciembre de 2010, a instancia de Larrañaga, la Asamblea General creó la comisión bicameral que trabajó en estos meses y alcanzó el acuerdo que será analizado hoy jueves.
"Esto prueba que no nos vino el sarpullido de la seguridad ahora", dijo Larrañaga. Y agregó: "La tesis mía es clarísima: no a la recolección (de firmas para el plebiscito) y no a la inacción del gobierno. Soluciones ahora".
Coordinación. En la tarde de ayer una delegación del Frente Amplio recibió en su sede a representantes del Partido Independiente, encabezados por su líder, Pablo Mieres. "Trasmitimos la preocupación del Partido Independiente por el tema de la seguridad y en particular por la recolección de firmas que lanzó el Partido Colorado", aseveró Mieres.
Por su parte, Jorge Brovetto, presidente del Frente Amplio, señaló que se van a coordinar acciones para enfrentar la campaña de recolección de firmas.
"Yo no sé si (los colorados) le preguntarán (a los firmantes) si son frenteamplistas o independientes. El enfoque que hace el Partido Independiente coincide con el del Frente Amplio y seguramente con muchos colorados, sobre todo de los batllistas. El batllismo se debe estar dando vueltas cuando siente lo que plantean algunos actores del Partido Colorado", aseveró Brovetto al salir de la reunión.
Ambos subrayaron el eventual incumplimiento de los acuerdos multipartidarios en el que caerían los colorados en caso de avanzar en la recolección de firmas.
"Coincidimos en que el tema seguridad se debe encarar más allá de los partidos políticos. Por eso hicimos una serie de acuerdos para este período de gobierno que incluía al Partido Colorado. Este es un tema en el que se deben llevar adelante los acuerdos porque a la gente le interesa que así sea", dijo Brovetto. Por su parte, Mieres dijo que también se habló de salir a explicar a la opinión pública cuáles son "los verdaderos caminos de la solución a los problemas de la inseguridad para evitar que la gente se engañe y caiga en una especie de espejismo que es el planteo que hace el Partido Colorado".
Las medidas acordadas Instituto.
Se creará el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, un organismo con "alta autonomía". Tendrá la calidad de servicio descentralizado. Será gestionado por una Comisión Delegada de tres miembros y no tendrá relación con INAU.
Comisión de Seguimiento.
La Comisión Especial de Seguridad Pública del Parlamento se transformará en una Comisión de Seguimiento del nuevo Instituto para que los parlamentarios puedan tener conocimiento sobre la implementación del nuevo organismo.
Se penaliza la tentativa.
El acuerdo prevé sancionar la tentativa y la complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad. También se analizará la eventual extensión de la penalización de la complicidad y tentativa de delitos graves.
Aumentar plazo de sentencia.
Los parlamentarios atenderán las sugerencias de fiscales, defensores de oficio y jueces de menores sobre la necesidad de ampliar el plazo de dictado de sentencia de 60 a 90 días para los delitos gravísimos cometidos por menores.
Informe del INAU.
El acuerdo establece que el informe del INAU previo al dictado de sentencia, es preceptivo para éste pero su ausencia no impide el dictado de sentencia. El informe podrá ser recibido in voce si así lo dispone el juez competente.
Fijar mínimos y máximos.
El Parlamento analizará la oportunidad y conveniencia de limitar la discrecionalidad judicial en la imposición de sanciones a menores infractores, mediante el establecimiento de mínimos y máximos para las distintas infracciones cometidas por estos.
El País Digital
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