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Respondieron que los militares están estancados en los procesos de autocrítica y de diálogo democrático, así como mantienen "los estilos aplicados en dictadura".
Voceros de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur y el PIT-CNT se expresaron sobre las acusaciones formuladas por el general (r), Ricardo Galarza, en el acto en recuerdo de los militares y policías caídos en "defensa de las instituciones democráticas y de la libertad".
En la ocasión, el militar retirado afirmó que las ONG de DDHH "reemplazaron a los organismos terroristas, y continuaron la persecución sistemática judicial y de desprestigio, para minar la moral de los militares al máximo".
El vocero de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea respondió a las acusaciones del ex militar Galarza. Replicó que fueron ellos quienes aplicaron el terrorismo de Estado, "en tanto nosotros somos familiares de sus víctimas en la dictadura. Ellos impusieron el terror, asesinaron, torturaron, violaron y todavía mantienen secuestrados a nuestros familiares. Esas afirmaciones sobre que somos la continuidad del terrorismo por parte del general Galarza, es una demostración que ahora tienen miedo por tener que ir a la Justicia. Eso les hace decir disparates".
El representante de Ielsur, Martín Pratts dijo que escuchó efímeramente las declaraciones del militar retirado y que seguramente después de Semana de Turismo, el instituto estará analizando las declaraciones y posiblemente emitiendo un comunicado al respecto.
Por su parte, Raúl Olivera, asesor en derechos humanos del PITCNT afirmó que el problema de los militares es que siguen posicionándose en democracia tal como lo hacían en dictadura. "Siguen hablando con un discurso y una conducta que es coherente con la que tenían en el pasado", indicó.
Olivera destacó que a estos ex soldados les molesta que existan organizaciones que enfrenten el totalitarismo militar también en democracia.
En ese sentido, dijo el activista por los derechos humanos, "que cuando las organizaciones son más fuertes, se controla que desde el Estado se cometan conductas delictivas".
Sobre las expresiones específicas del general (r) Ricardo Galarza de que las organizaciones de derechos humanos son una continuidad de las organizaciones terroristas, Olivera aclaró que "si somos la continuación, eso habla bien de lo que llama como organizaciones terroristas".
Acerca de la aprobación en el Senado del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el asesor en derechos humanos del PIT-CNT, dijo que "a partir de ahora se abre una nueva etapa, quedando los casos en manos del Poder Judicial".
Reconoció que podrán darse más recursos, "pero todo se remite a la Justicia".
Aclaró que quienes argumentan que la aprobación de este proyecto afecta el instrumento de la conducta ciudadana, con esta iniciativa se demuestra que hay derechos inherentes a las personas que no son plebiscitadas
"Están desesperados"
Defendió el accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que no es imperialista, porque actuó en las dictaduras de Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay.
Sergio Goicoechea, miembro de la organización Familiares, dijo que con esas expresiones, estos militares demuestran que "no se apartan de los viejos esquemas y estilos". Aclaró que con la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad prevén escuchar "cualquier tipo de locura, porque están desesperados".
Considera que los militares que se reunieron con el presidente Mujica fueron a pedir que vete la ley.
Enfatizó que estos militares retirados utilizan las armas que aplicaron toda su vida: el fascismo.
En tanto, Serpaj (Servicio Paz y Justicia) emitió ayer un comunicado en respuesta a los comentarios realizados por el general (r) Galarza.
En el mismo se aclara que un país "que no los garantiza (a los derechos humanos) no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica".
La declaración sostiene que "la persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de "quiebre institucional", cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia".
Advierte que la historia señala que "el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada entre otros por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos".
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