Estamosa travesando por un delicado proceso de enormes contradicciones en lo que corresponde a la posición oficial del Gobierno a través de su Ministro de Minería, sobre el tema de los avasallamientos por parte de comunarios a las propiedades mineras legalmente establecidas y reconocidas
El gran problema indudablemente se presenta en la posición política que deben asumir ciertas autoridades, con el único fin de no crear mayores problemas de los que ya tiene el Gobierno central, pero al mismo tiempo dejando en una total indefensión a empresarios mineros que han sufrido el avasallamiento de comunarios a las concesiones mineras que administran.
No hay autoridad que ponga freno a esta secuela de actos delictivos que se cumplen, tal parece, hasta con cierta benevolencia de algunos autoridades que sólo miran y oyen, pero no actúan para poner orden en el caos que crece y afecta a más y más personas.La "toma" de minas es un mal que está creciendo y que deja una secuela de daños y traumas entre empresarios que pierden el derecho de explotación en concesiones legales, no reciben ninguna ayuda para recobrar equipos y herramientas que se apropian los avasalladores, incluyendo cantidades de minerales para su venta.
Los trabajadores regulares de las empresas avasalladas, aparecen de la noche a la mañana sin trabajo, pero además sin viviendas, con sus muebles y enseres destruidos, sufren el robo de dineros y aparatos y son despojados en algunos casos hasta de sus habitaciones, mientras las autoridades superiores sólo atinan a decir que "no utilizarán la fuerza policial para recuperar las concesiones avasalladas". Con esa seguridad –oficial – es lógico que más comunarios se envalentonen y ocupan más minas causando más daño y afectando seriamente la imagen de Bolivia en el exterior.
En los niveles oficiales se habla mucho de "garantizar las inversiones", pero en los mismos pasillos, se comenta sobre las indecisiones de las autoridades y la flexibilidad oficial con los avasalladores, dejando librados a su suerte a muchos trabajadores y sus familiares que demandan apoyo de las autoridades oficiales para vivir sin sobresaltos y bajo los parámetros de la seguridad ciudadana.
Lamentablemente, en este caso de los avasallamientos, hay muchas dudas sobre el valor de la autoridad, sobre el respeto a los derechos ciudadanos y el cuidado de la propiedad privada y pública.
Lo que está ocurriendo es sumamente peligroso, con daños concretos para la actividad minera privada, pero que además puede ampliarse a otros sectores donde también los "recursos naturales" son parte de grandes planes de desarrollo, el caso de los hidrocarburos y hasta para no creerlo, pueden darse situaciones a la inversa, con la propiedad de las tierras de cultivo y pastoreo, especialmente en aquellas propiedades donde los comunarios no hacen nada.
Se trata de establecer medidas específicas, apurando la elaboración de un reglamento para que esté muy claro el sentido de respeto a la propiedad de los recursos naturales que son de todos los bolivianos, como la tierra, el suelo y el subsuelo, por tanto nadie es más dueño de nada y todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero hay que cumplirlas en base a una serie de reglamentos que deben complementar las leyes y los decretos.
Fuente; Minería de Bolivia
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