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La Época
Una reunión secreta de dos agentes –uno de la DEA y otro de la CIA-, entre el 15 y 17 de febrero pasado en la embajada de los Estados Unidos en La Paz sirvió para aprobar el operativo de captura del general Sanabria y que busca, por información a la que se tuvo acceso, involucrar a miembros del Estado Plurinacional como parte de una estrategia para debilitar al presidente Evo Morales.
No todo es lo que parece. La detención de un general de policía en Panamá el 24 de febrero pasado, acusado de tráfico de droga a los Estados Unidos, ha tratado de construir una matriz de opinión orientada a empañar la imagen del gobierno del presidente Evo Morales, quien ya ha advertido varias veces de por qué las autoridades estadounidenses no informaron a sus similares de Bolivia del operativo que se estaba preparando.
Y entonces, conforme han ido pasando los días una serie de interrogantes han ido apareciendo y la certeza de que se está frente a un plan político contra el gobierno boliviano es cada vez más grande.
¿Cómo un asalariado de la DEA puede terminar prisionero por esa agencia? ¿Si la DEA y el gobierno de Estados Unidos tenían información de los supuestos vínculos del general Sanabria con el narcotráfico, por qué no contactó a las autoridades de Bolivia, para trasladarles su preocupación con respecto de esta persona y de esta forma mostrar el supuesto real interés de EE.UU. en colaborar con los incuestionables esfuerzos y amplia batalla que desarrolla el gobierno del presidente Evo Morales contra el narcotráfico? ¿Es realmente Sanabria un narcotraficante o solo se trata de un instrumento más del gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia para tratar de justificar sus acciones injerencistas y subversivas contra un proceso popular e independendista como el que encabeza el presidente Morales? ¿O es Sanabria un narcotraficante y colaborador de la DEA, así como instrumento para golpear internacionalmente la credibilidad del proceso de cambio?
Varios de los elementos que dan respuesta a estas y otras muchas interrogantes relacionadas con este caso, permanecen escondidos en los archivos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos bajo el pretexto de tratarse de información clasificada y secreta y que no puede estar revelada por poner en peligro la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, sí existen hechos y evidencias cuyo hilo conductor nos lleva directamente a funcionarios de la embajada estadounidense en La Paz, con conocidos vínculos con la CIA y otras agencias de la comunidad de inteligencia de ese país.
Una fuente cuya identidad pidió reserva sostuvo que un seguimiento a este tema no puede dejar pasar por alto el involucramiento directo en el caso Sanabria del ex oficial de la DEA, Reginald Tillery, quien además mantiene estrechos vínculos con la Central de Inteligencia Americana (CIA), una agencia de inteligencia especializada en la desestabilización de gobiernos y procesos populares.
La presencia del agente estadounidense no es reciente. Luego de la justa decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar a la DEA de territorio boliviano en 2008, por encubrir sus acciones de espionaje político con la fachada de la lucha contra el narcotráfico, Tillery supuestamente pasó a retiro de dicha agencia, y se quedó trabajando en la embajada de Estados Unidos en La Paz bajo el manto de funcionario de la sección antinarcóticos (NAS) de dicha sede diplomática.
El funcionario estadounidense, según el nuevo rol que se le asignó para que permanezca en Bolivia, debería trabajar en función de construir y promover un nuevo concepto de colaboración entre autoridades competentes de los dos países en la lucha contra el narcotráfico, basado en el respeto a la soberanía, la corresponsabilidad y no injerencia en asuntos internos. Es decir, poner en marcha una de las exigencias planteadas por Bolivia a Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas que se rompieron luego que se probara la activa relación del entonces embajador Philip Golberg con los sectores duros de la oposición que buscaban derrocar al presidente Evo Morales y cuyas máximas expresiones de desestabilización se registraron en 2008.
Pero volvamos al caso que nos ocupa. El desempeño de este funcionario estadounidense y su participación directa en el caso Sanabria es evidente, no merece duda alguna y dejan claros cuáles son los reales objetivos que persigue el gobierno de Estados Unidos en Bolivia con su cruzada contra el narcotráfico.
Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, Tillery participó en una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz, donde también estuvo presente el señor Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales.
Sanabria fue detenido en Panamá el 24 de febrero por un comando conjunto de agentes antidrogas de Estados Unidos y Panamá, para luego ser trasladado dos días después a Miami, Estados Unidos, donde –según se dijo- tiene una demanda abierta de hace tiempo y con orden de captura internacional.
En esa reunión secreta en la embajada de Estados Unidos fue precisamente Delano, el que -luego de evaluar la situación- propuso a la oficina central de la CIA en Virginia la pertinencia de la operación de detención de Sanabria en Panamá.
De acuerdo a la fuente de nuestra información, Delano fue el encargado de planificar esta operación, que ya en una primera parte contó con la colaboración de agentes de la inteligencia estadounidense en Chile y con los propios organismos de seguridad del vecino país.
En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria.
Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.
El general Sanabria a quien la DEA tenía como un cercano colaborador, fue convertido de la noche a la mañana en un narcotraficante por los servicios especiales estadounidenses, con el objetivo de poder presentar un supuesto testigo de este nivel, que le permita a Washington montar una nueva campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de supuesta corrupción y vínculos con narcotráfico en sus más altas esferas.
Llama la atención como de forma inmediata la DEA ha colocado a Sanabria en el llamado programa de protección de testigos, prometiéndole total inmunidad (y quien sabe una nueva cantidad de dólares), a cambio de declaraciones contra el presidente Evo Morales y otros miembros de su gobierno. De hecho, si bien el general de policía al principio se declaró inocente, todo indicaba que al acercarse una de las más decisivas audiencias, en junio pasado, se iba a declarar culpable como parte de la estrategia formulada.
Y todo encaja como anillo al dedo. El 1 de julio, en una audiencia ante el Tribunal Federal de Florida, Sanabria y Marcelo Foronda Azero –que también fue detenido en Panamá- se declararon culpables, pero tras llegar a un acuerdo con fiscales federales –que no se ha dicho en qué consiste- han logrado evitar la pena perpetua.
Pero la situación es mucho más complicada y peligrosa que la pensada. De acuerdo a información proporcionada por la fuente que se mantiene en reserva, también se conoció que el señor Reginald Tillery llegó a solicitar a ex funcionarios del Ministerio de Gobierno boliviano de distinto rango que declararen ante la Corte de los Estados Unidos que el ministro Sacha Llorente está vinculado al tráfico de drogas y que conocía de las supuestas actividades del general Sanabria.
Tillery ofreció a esos ex funcionarios un elevado salario de por vida (que naturalmente será pagado por los servicios de inteligencia estadounidenses), y que sus hijos tendrían garantizado sus estudios en cualquier universidad de EEUU que escogieran, así como otras facilidades para rehacer su vida en ese país. Es más, el agente estadounidense les indicó, por separado como es obvio, que podrían dejar todo y viajar de forma inmediata con su familia para Estados Unidos si aceptaban testificar en la Corte estadounidense contra miembros del gobierno de Evo Morales.
No es necesario ser un erudito para entender cuáles son los reales objetivos de estas acciones de Tillery y otros funcionarios de la embajada de Estados Unidos que como Rodney Delano se esconden tras la fachada diplomática para ocultar su condición de oficial CIA y su labor subversiva y desestabilizadora contra el actual gobierno boliviano.
Es conocido el papel de la CIA y la DEA en la desestabilización de gobiernos populares en América Latina. Por solo citar algunos ejemplos, la primera planificó la derrota de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y la segunda se involucró, mediante el conocido caso Irán-Contra-Gate, en el financiamiento con dineros del narcotráfico a las bandas contrarrevolucionarias que desde Honduras sembraban muerte en la Nicaragua sandinista de la década de los 80.
En esa dirección y bajo la supervisión de la base de la CIA en Bolivia, Tillery ha orientado a antiguos informantes y colaboradores de la DEA a dirigir su labor de recolección de información sobre miembros del Ejecutivo e importantes figuras políticas cercanas al presidente Evo Morales, que pueda ser utilizada por la oposición para atacar y desestabilizar al gobierno.
Entre los planes de la CIA también se contempla utilizar los contactos del señor Tillery con sectores de la Policía Nacional de Bolivia y otras entidades vinculadas a la lucha contra el tráfico de drogas, para captar posibles candidatos dentro de esos órganos que trabajen como fuentes de información para la embajada estadounidense, e incluso como una posible fuerza desestabilizadora contra el actual proceso popular boliviano.
De esta manera, un hecho delictivo anticipa en convertirse, por decisión de sectores conservadores de los Estados Unidos, en un hecho político que amenaza nuevamente con tensionar aún más las relaciones boliviano-estadounidenses.
“La DEA no lucha contra el narcotráfico, controla al narcotráfico para usarlo con fines políticos e implicar a dirigentes antiimperialistas. Desde Estados Unidos no hay ninguna lucha contra el narcotráfico, sino que actúan utilizando al narcotráfico para acusar a los dirigentes políticos que no compartimos con el imperialismo”, reprochó el Mandatario, después de recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, según informa el matutino La Razón en su edición del viernes 1 de julio.
Los intentos de Estados Unidos en tratar de presentar a Bolivia como un “estado fallido” en el enfrentamiento al narcotráfico no se limitan solo al caso boliviano. Esta cruzada, al igual que la llamada lucha contra el terrorismo, persigue justificar su política injerencista y de dominación hacia una región que Washington siempre ha considerado como su patio trasero y con total derecho a disponer y controlar las enormes riquezas y recursos naturales que existen en nuestros países. De ahí que no sea casual que la actual contraofensiva de los Estados Unidos en América Latina está caracterizada por el desplazamiento de tropas e instructores militares, todos a título de lucha contra el narcotráfico, como ocurre en Colombia, Panamá y Costa Rica desde el gobierno Bush y cuya tendencia no se ha revertido con Obama.
La lucha contra el narcotráfico es el pretexto que Estados Unidos utiliza en nuestra región para tratar de imponer su presencia militar y el amplio despliegue de su enorme aparato que compone la llamada comunidad de inteligencia estadounidense.
A pesar de todo el humo que existe alrededor de la detención del general Sanabria, el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia no pueden ocultar los reales objetivos que persiguen en este caso.
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