AW)Policías Estatales Preventivos de Chiapas ejecutan a tres migrantes indocumentados y lesionan a más de seis. El hecho ocurrió el pasado viernes 9 de enero, en los alrededores de la comunidad El Carmen Arcotete del Municipio de San Cristóbal de las Casas. Un caso que demuestra el flagelo que los inmigrantes sufren en las fronteras de este continente.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 11 de enero de 2009. Por Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas) En la mañana del día 9 de enero en las inmediaciones de la comunidad El Carmen Arcotete del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Policía Estatal Preventiva (PEP) disparó sin justificación legal contra los ocupantes de una camioneta que transportaba alrededor de 45 migrantes indocumentados, originarios de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y China. Como resultado de esta acción, ejecutaron extrajudicialmente a 2 hombres y una mujer, además de herir con gravedad a siete personas más.
Una vez que este Centro tuvo conocimiento de los hechos, solicitó al gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, la implementación de medidas cautelares en beneficio de los migrantes que se encuentran bajo su custodia, con la finalidad de que se garantice su integridad física, seguridad jurídica incluido el derecho a la asistencia y protección consular, y a que, en caso de solicitarlo, se les otorgue una estancia legal en el país hasta el esclarecimiento de los hechos violatorios.
En la documentación de los hechos realizada por este Centro, se obtuvo que a pesar de que ya habían transcurrido 12 horas de los hechos, y que se mantenían privados de su libertad a los migrantes, el gobierno del Estado aun no había notificado a las respectivas embajadas sobre la situación legal de sus ciudadanos, impidiendo la asistencia y protección consular.
En las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Tuxtla Gutiérrez, se solicitó el acceso directo a los migrantes y a la información relacionada a su situación jurídica con el fin de salvaguardar la integridad física de los detenidos, documentar el evento, y en su caso, asistirlos jurídicamente en sus declaraciones y demás diligencias que se fueran a realizar. Dicha petición fue finalmente negada por el Gobierno del Estado, únicamente permitiéndonos estar presente como observador en algunas declaraciones violando así aun más los derechos elementales de los extranjeros migrantes, y contradiciendo la Declaración de Defensores de Derechos Humanos.
Fuente: Agencia Walsh
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