Argentina: Los olvidados por el gas privatizado - Raúl Delatorre

Cuando todavía se plantea la batalla con el neoliberalismo en política energética, se inaguró una obra que permitirá el acceso al gas de 3,5 millones de habitantes excluidos por las privatizaciones


Toda la región noreste está afuera de la red,
 condenada al uso de garrafas más caras y no siempre accesibles.

Más que por la magnitud de la obra en sí, lo más destacado de la inauguración del gasoducto Juana Azurduy esta semana por los jefes de gobierno de Bolivia y Argentina es el cambio de filosofía que implica, para el último país, la concreción de esta obra de infraestructura. Argentina y Bolivia abrieron el grifo esta semana a lo que será el primer gasoducto troncal del país que se construye no con el objetivo primario de abastecer el área metropolitana o la exportación, sino para alimentar a provincias no abastecidas por el fluido, como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, o parcialmente alcanzadas, como Salta y Santa Fe. El gasoducto Juana Azurduy, que transporta el gas desde Tarija (Bolivia) hasta Campo Durán (Salta), posibilitará contar con una más abundante oferta de gas, pero se complementa con el trazado del gasoducto NEA (Nordeste Argentino), de 1448 kilómetros de extensión, y fundamentalmente con los 2683 kilómetros de gasoductos de derivación y los 15 mil kilómetros de redes de distribución que son los que efectivamente permitirán acercar el fluido a 3,4 millones de habitantes de zonas hoy excluidas de ese insumo básico. Cuando culmine la obra, se cumplirá lo que Cristina Fernández de Kirchner nombró como el objetivo de “democratizar la energía”.
La puesta en marcha del Juana Azurduy y la construcción de las obras complementarias del GNEA aumentarán la oferta de gas, en 27,7 millones de metros cúbicos diarios para el invierno de 2020, según se proyecta (un 20 por ciento agregado a la oferta disponible actual). Pero también aumentará la demanda, porque incorporará a la red a casi tres millones y medio de consumidores que hoy se mal abastecen a través de garrafas, que no están al alcance de todos y además con un precio subsidiado (tarifa social) que no sólo implica un sobrecosto para el Estado sino que además no siempre llega al destinatario. Una forma de aprovisionamiento, el de gas licuado, que es a todas luces antieconómica para zonas alejadas de los puntos de producción y fraccionamiento, por el costo del transporte, del envase y de otros componentes que encarecen el precio final.

No solamente habrá que contabilizar el mayor consumo domiciliario, sino que al tener acceso al gas, en muchas áreas del noreste será más atractiva la inversión e instalación de unidades productivas a las cuales hoy la energía cara se les plantea como un fuerte limitante. Es, desde todo punto de vista, una perspectiva económicamente favorable, tanto por el acceso al gas para los consumidores como por una energía a menor costo para la actividad productiva. No es, en cambio, una solución para quienes sostienen como única prioridad u objetivo “equilibrar la oferta y la demanda” en términos neoliberales, es decir sin importar si ese propósito se alcanza por ejemplo bajando la demanda.
Son los mismos que sostienen que una buena solución sería subir las tarifas.
Esta diferencia de objetivos es lo que marca, precisamente, el vuelco en la filosofía de los planes de infraestructura actuales respecto de los que se encaraban en los ‘90, en pleno auge del neoliberalismo. Durante esa etapa, todas las obras vinculadas a gasoductos troncales estuvieron relacionadas al aprovisionamiento del gas al área metropolitana, por vía de caños que recorrían todo lo largo y ancho del país desde el norte (Gasoducto Norte, desde Salta), el sur (Gasoducto Sur, desde Tierra del Fuego) o el oeste (Neuba I y II, desde Neuquén), con el único propósito de llevar el gas desde la zona de producción al rico centro económico del país. Por eso todo el nordeste quedó excluido de la red de gas natural: no había un yacimiento en la zona “desde” el cual debiera partir un gasoducto “hacia” el área metropolitana.
Además de los mencionados, construidos o ampliados todos con ese exclusivo propósito, apenas se construyeron otros pero con destino a la exportación, atravesando la cordillera a la altura de la Patagonia, Mendoza o Salta.
En estos casos, en vez de la demanda metropolitana, lo que se privilegió fue el negocio exportador de los concesionarios de los yacimientos, ya que para la venta al exterior también se concedió la libertad de negociación del precio.
La consecuencia fue que para las petroleras era más negocio exportar que venderle al consumo interno: un buen argumento para presionar por aumentos de tarifas.
El plan del gobierno actual contempla no sólo el tendido de la red en el nordeste para abastecer a 165 ciudades de esa región, sino además proveer de instalaciones internas y artefactos a los hogares humildes que sean conectados al servicio. En otras zonas del país, en provincias que figuran en la lista de las “abastecidas por red”, también se construyeron once gasoductos más de distribución para llegar a pequeñas poblaciones que resultaban “antieconómicas” desde una concepción puramente lucrativa para hacer la obra. Otras ocho líneas de distribución se encuentran actualmente en ejecución.
En momentos en que resurgen los mentores del modelo neoliberal, ex secretarios de energía y otros defensores de la hegemonía del capital privado para resolver los problemas estructurales del país, Argentina y Bolivia acaban de inaugurar un gasoducto a contramano. Muchos de los que antes quedaban afuera de las consideraciones del “humor del mercado”, están en el punto de llegada del gas que vendrá de Bolivia
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