Colombia: Tres hombres armados irrumpen en casa de la presidenta de COPDICONC y atacan a sus miembros. Semana de amenazas a miembros de organizaciones afrocolombianas.

El Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (COPDICONC) denuncia que el pasado 13 de julio de 2011 tres hombres armados ingresaron en la casa de María Antonia Amaya, presidenta de la organización étnica, donde funcionó provisionalmente hasta ese día la oficina del Consejo Comunitario.

Según el comunicado público firmado por este Consejo y por la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc), la Campaña Prohibido Olvidar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la organización Memoria Viva, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) y la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, los desconocidos atacaron y amenazaron a quienes se encontraban ese día en la oficina del Consejo y «les sometieron gritándoles, maltratándoles física y psicológicamente y señalándoles como guerrilleros, mientras les tapaban la boca y cubrían sus rostros».
Riesgos para la integridad física
Los hombres preguntaban por la presidenta del Consejo Comunitario a quien señalaban de guerrillera y gritaban que venían a asesinarla. Según el comunicado, también robaron computadores, grabadoras y memorias que contenían toda la información registrada por el Consejo sobre violaciones de los derechos humanos, víctimas del conflicto armado y población en situación de desplazamiento forzado. El comunicado público insiste en que «los documentos robados contienen datos personales, descripción de los hechos y posibles autores».
COPDICONC es una organización fundada en 1996 fruto del proceso de comunidades negras asentadas en la región de la Cordillera Occidental en Nariño y el sur del Cauca, considerada el último bastión de resistencia del palenque histórico El Castigo. El título colectivo de tierras para estas comunidades negras con motivo de la resolución 00402 del 28 de abril de 2003 otorgado a COPDICONC incluye seis municipios de Nariño (Policarpa, Cumbitara, Leiva, El Rosario, El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé) y tres en el Cauca (Argelia, Balboa y Guapi).
Trece miembros del Consejo Comunitario tienen los beneficios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 24 de julio de 2007. Según la CIDH, «han sido víctimas de actos de hostigamiento, amenazas de muerte y retenciones por parte de grupos armados al margen de la ley y de la propia Fuerza Pública». Estas medidas responden al hostigamiento y las amenazas que recibieron «tanto por integrantes de grupos paramilitares como de la guerrilla, quienes les acusan de colaborar con la parte contraria». La CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de los beneficiarios e informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que motivan las medidas cautelares. Pero a pesar de estas medidas internacionales, las organizaciones firmantes del comunicado afirman que lo ocurrido «aumenta el riesgo de quienes presiden COPDICONC» ya que «no cuentan con garantías efectivas de seguridad que les permitan ejercer la representación y defensa de los derechos humanos de la comunidad».
Antecedentes
En los meses de agosto y septiembre de 2010, el Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca convocó a las autoridades municipales y departamentales y a organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de visibilizar la situación de derechos humanos en la región y solicitar acciones inmediatas para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos. COPDICONC afirma que esta situación se mantiene sin solución y se agrava con nuevos hechos.
En comunicados anteriores de COPDICONC las denuncias por asesinatos, masacres, amenazas, confinamiento, desplazamientos masivos y demás violaciones de derechos humanos de las comunidades pertenecientes al Consejo Mayor se repiten insistentemente así como las exigencias de solución. Un comunicado de julio de 2010 afirmaba que las comunidades de COPDICONC «afrontan la más dura crisis de los últimos años producto del escalonamiento del conflicto social y armado y la presencia en el territorio de grupos narcotraficantes y paramilitares que han asesinado desde el año 2000 hasta la fecha a más de 3.000 personas sin que haya existencia de registros que determinen modo, tiempo y lugar de los hechos, ni que exista ningún tipo de investigación para aclarar los crímenes y responsabilizar a los culpables». La permanencia de este conflicto ha generado continuos desplazamientos de la comunidad que ha tenido que resistir en situación de confinamiento y hambruna enfrentamientos entre grupos armados, amenazas, robos, violación de mujeres y menores de edad, reclutamiento de menores, torturas y asesinatos.
Según Freddy Ordóñez, colaborador de la Agencia Prensa Rural, la ubicación geoestratégica del departamento de Nariño ha hecho que su control sea objetivo de las diferentes partes en confrontación (guerrillas, fuerzas militares, paramilitares) y los grupos armados vinculados al narcotráfico. Factores que potencian las voluntades de control armado son el hecho de que el territorio nariñense permita el cultivo de coca y amapola y la implementación de laboratorios para su procesamiento, así como la salida al exterior; el tráfico de municiones y armas; y el uso de la zona de frontera como retaguardia estratégica y centro de abastecimiento de grupos insurgentes.
Amenazas para las comunidades afrocolombianas
Las comunidades afrocolombianas poseen títulos colectivos legalmente expedidos por más de 5,2 millones hectáreas de tierra para cuya administración se crearon los consejos comunitarios y así jugar un papel central en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado ante cualquier hecho o proyecto que afectara el territorio.
En la misma semana de los hechos contra COPDICONC, José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) recibió en su teléfono celular el siguiente mensaje de texto:
«Ya sabes que todo tiene precio pero tu pago es con sangre». Otro de los activistas locales de PCN en el norte del Cauca, Armando Caracas Carabalí, recibió una serie de llamadas amenazantes desde el 7 de julio. El anónimo dijo: «Tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o si no le llenan el buche de plomo».
Estas amenazas se dan en un contexto donde por lo menos 29 miembros de organizaciones afrocolombianas e indígenas han sido asesinados solamente en 2011. El 15 de julio, Aníbal Vega, representante legal del Consejo Comunitario de La Toma (Cauca), recibió una llamada telefónica advirtiendo: «Ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas; las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben». Dichos hostigamientos en contra del Consejo Comunitario de La Toma se dan después de la expedición de la Sentencia T-1045A de la Corte Constitucional en diciembre de 2010 que declara ilegal toda actividad minera que no haya sido consultada y no tenga el consentimiento previo, libre e informado del Consejo Comunitario. El Consejo Comunitario de La Toma es parte de las comunidades consideradas como casos emblemáticos que el Auto 005 de la Corte Constitucional ordenó al Gobierno de Colombia proteger desde comienzos del año 2009.
Situación de derechos humanos en la región
Desde julio de 2007, COPDICONC advierte sobre la importancia geoestratégica de esta zona en la que empresas mineras como la Sociedad Kedahda S. A. (filial de AngloGold Ashanti) exploran recursos como uranio y oro. Para la organización étnica, la relación entre las solicitudes de exploración en municipios como Taminango, Leiva, Rosario, Policarpa, Cumbitara, Samaniego o Barbacoas donde existen oro, zinc, cobre, plata, platino o molibdeno y donde la violación a los derechos humanos es directa.
Son más de 35.000 personas que habitan las 136.000 hectáreas de los territorios de COPDICONC. En el año 2006 se llegó a desplazar el 70% de la población a raíz de la alta militarización de la zona (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea) y la presencia de grupos paramilitares como Nueva Generación y Águilas Negras que, según testimonios de la región, estaban integrados por los mismos hombres que se denominaron Bloque Libertadores del Sur, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este grupo armado controlaba las vías principales de la cordillera en esa región entre los años 2002 y 2005; en ese período COPDICONC estima que 2.800 pobladores fueron asesinados.
A finales de junio, un grupo armado asesinó a ocho campesinos en Villanueva (Nariño) en una zona montañosa que, según el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA) Regional Nariño, está siendo controlada militarmente desde el año 2002 por grupos paramilitares autodenominados Rastrojos y Nueva Generación.
Para ampliar esta información:
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm
www.prensarural.org/spip/spip.php?article3355