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La policía disparó a unos de los habitantes en la pierna. Otros fueron golpeados con cachiporras. Al menos tres que intentaron detener el desalojo fueron arrestados. Cuando un abogado organizador comunitario llamó a conferencia de prensa en el lugar, la policía y trabajadores municipales los atacaron con machetes. Sobrevivieron, pero ahora cientos de personas, incluyendo familias con niños pequeños, no tienen refugio ni dónde vivir, justo cuando comienza la época de huracanes.
Lo que ocurrió en Delmas, es una instantánea de una larga epidemia de forzados desalojos que comenzaron poco después del terremoto.
La Organización Internacional de Migraciones estima que 233.941 haitianos fueron desalojados de campamentos de desplazados, y 166.000 de los 680.000 personas permanecen en campamentos enfrentando la amenaza de desalojo.
Dicen que la “paz de los desalojos” está causando que la gente deje los campamentos aún cuando no tienen dónde ir. De los 180.000 edificios residenciales destruidos en el terremoto, solamente 4.100 fueron reparados. Sólo una fracción de los refugios temporarios que se necesitan ha sido construida.
Estos violentos desalojos extrajudiciales no solamente amenazan las vidas y la dignidad de la gente pobre del hemisferio, sino que además viola leyes haitianas e internacionales. Los desalojos que dejan a la gente sin hogar o los someten a violencia, amenazas o coacción; violan las reglas de los Derechos Humanos Internacionales. Aún las personas que ocupan tierras sin permiso de su dueño, tienen derecho a un proceso judicial que los proteja, incluyendo la notificación de desalojo por parte del propietario y la oportunidad de consultar con oficiales del gobierno en lo concerniente a su reubicación.
Los desalojos en Haití son especialmente violentos y crueles.
La brutalidad policíaca y los ataques sorpresivos son moneda corriente, y frecuentemente son negadas las necesidades básicas de supervivencia a los residentes de los campamentos para forzarlos a salir del lugar.
En una oportunidad, gente que se ha identificado a sí mismo como “organizadores” del campamento, levantaron un alambrado para dividir el campamento a la mitad, y entonces negaron el acceso a comida, agua y servicios sanitarios a uno de los lados del acordonado, que fueron distribuidos a la gente del otro lado.
El otoño pasado, fuimos parte del equipo que elevó el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en defensa de los campamentos de desplazamiento que resultó en una orden al gobierno haitiano para proteger de desalojos ilegales a las víctimas de terremoto que viven en los campamentos. La orden, instó al ex presidente René Prèval a establecer una moratoria en los desalojos hasta que los desalojados tengan una alternativa y un lugar a salvo donde habitar. La comisión también ordenó al gobierno a proveer un lugar seguro donde vivir a quien ha sido desalojada ilegalmente; a establecer un efectivo mecanismo de quejas para reportar y responder a los desalojos ilegales; a implementar medidas de seguridad para proteger a los residentes de los campamentos; a interiorizar al personal responsable del cumplimiento de la ley acerca de los derechos de las personas desalojadas , y asegurarse que los vigiladores internacionales tengan acceso a los campamentos y a las personas desplazadas. Al parecer el presidente Préval hizo muy pocos esfuerzos por acatar las medidas precautorias o por responder a los directivos de la comisión.
El deber de proteger al pueblo haitiano recae ahora en Michael Martelly, el nuevo presidente de Haití. Martelly dio su palabra de que se cerrarían los campamentos en seis meses, empezando con seis campamentos durante sus primeros 100 días como presidente. El público aún espera detalles de cómo alcanzará ese ambicioso objetivo sin desalojar a la gente forzadamente.
El alcalde Wilson Jeudy pidió autorización al presidente Martelly para finalizar los asaltos en Delmas con la ayuda de la policía nacional. El equipo del Presidente denunció extraoficialmente los ataques luego de ser presionado por el coordinador humanitario de la ONU en Haití, pero estas actuaciones brutales no han sido castigadas hasta ahora.
Los grupos haitianos de derechos humanos presentaron una demanda ante el alcalde Jeudy en nombre de los residentes desplazados para detener los desalojos extrajudiciales y enviar el mensaje que los funcionarios en Haití no están por encima de la ley. Hemos regresado a la CIDH en nombre de los desalojados para exigir nueva protección ante los desalojos forzosos bajo el régimen de Martelly.
La comunidad internacional también carga con la responsabilidad de la desesperante situación en Haití. Cuando ocurrió el primer desalojo en Delmas, el cuerpo de coordinación de campamentos de las Naciones Unidas en Haití, dirigido por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, canceló su reunión, desperdiciando la oportunidad de que actores humanitarios coordinaran una respuesta a los desalojos y encontraran refugio para los cientos que quedaron sin hogar. Para los frustrados haitianos que permanecen en los campamentos y ahora temiendo a los ataques del gobierno, este es otro ejemplo de la incapacidad de las Naciones Unidas para responder a la crisis y proteger sus derechos humanos. La ola de ataques sexuales en los campamentos y el brote de cólera que alcanzó los 302.000 casos reportados y un total de 5.234 muertos desde octubre, son otros ejemplos.
Estados Unidos también corre con responsabilidad. La congresista Barbara Lee expuso: “la falta de urgencia en el sector de la comunidad internacional”, como una de las razones de la lenta recuperación de Haití, y elevó un proyecto de ley para exigir compromiso en la asistencia humanitaria y de reconstrucción en Haití. La propuesta se aprobó por votación oral en la Cámara y espera la acción del Senado.
Más recientemente, los representantes del Congreso Donald Payne,Yvette Clarke, Frederica Wilson y Maxine Waters denunciaron los desalojos de Delmas. Juntamente con otros 48 miembros del Congreso, también instaron a la secretaria de Estado Hillary Clinton a dedicar “atención significativa” a la situación que empeora en los campamentos, y a asegurar “responsabilidad y transparencia” en los proyectos de ayuda humanitaria, incluidos aquellos administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AEUDI). El presidente Obama y miembros del Congreso deberían apoyar esos esfuerzos.
El gobierno de Estados Unidos apoya firmemente al presidente Martelly y a su promesa de abrir Haití para inversiones. Esto contribuyó en las elecciones haitianas, a pesar del hecho que fueron perjudicados por fraudes y la participación históricamente baja de votantes (22,7%). Martelly fue electo por sólo 16,7% de los votantes haitianos.
Con Martelly a su lado el pasado mes, la secretaria Clinton prometió “ser una buena compañera para Haití”.
Si Estados Unidos quisiera ser una buena compañía para Haití, primero deberíamos cumplir nuestros compromisos financieros con los haitianos:
Estados Unidos ha desembolsado solamente un cuarto de los fondos que comprometió para reconstruir Haití. También deberíamos asegurarnos que el dinero de los impuestos no financia desalojos forzosos u otras violaciones de los derechos humanos a las víctimas del terremoto.
Kathleen Bergin es profesora de derecho en Houston, Texas, y co-directora del Centro Legal de Desastres You.Me.We. Nicole Phillips es abogada del equipo del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití, y directora asistente en Programas Haitianos junto con la Escuela de Leyes de la Universidad de San Francisco y una contribuidora del Programa de las Américas http://www.cipamericas.org/.
Traducido por Viviana Vitulich
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