La mina Aratirí. Uruguay quiere parecerse a los EEUU. - Ricardo Meerhoff

Nosotros no los elegimos para regalar la soberanía ni para estropear al país que den la cara y le digan al pueblo que es lo que se negocia y bajo qué términos.
El autor es Economista y Licenciado en Filosofía.Fue Jefe de Política Social en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay.Actualmente es consultor en países de la Región de las Américas en reforma del Estado y política de salud. Reside en el exterior.El texto que sigue es un capítulo del libro inédito y a publicar en 2011: “Neoliberalismo. Todos lo aplauden, izquierda y derecha. Y si así seguimos, nos hará desaparecer.Contribución para un pensamiento y actuar alternativos.”
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En los últimos años la conciencia colectiva de Uruguay estuvo ocupada con dos grandes conmociones. En primer lugar, el bloqueo de varios puentes internacionales y el boicot al país por parte de piqueteros argentinos, pobladores de la ciudad limítrofe de Gualeguaychú, que se alzaron en protesta por las inversiones que realizó una empresa fabricante de pulpa de papel en Fray Bentos, sobre el Río Uruguay, frente a la ciudad argentina antes nombrada.
En segundo lugar, la atención del país quedó atrapada en torno a la discusión por eliminar la Ley de Caducidad, un problema que Uruguay había decidido dar por laudado a través de dos plebiscitos que dictaminaron rechazar la revisión
 del pasado. 
Estas dos discusiones fueron en cierta forma distractores respecto de un desarrollo que se fue gestando en forma desapercibida para las grandes mayorías, una megainversión minera a cielo abierto, aunque estaba en la conciencia del gobierno y de los grupos directamente afectados a nivel local, que se vieron intimidados y avasallados por una dinámica fuera de su control. 
El tema se analizará como ejemplo paradigmático del mundo contemporáneo y de cómo los desarrollos mundiales perturban hasta a las economías más distantes, en este caso un país de dimensión pequeña, que se encuentra al margen de las grandes decisiones mundiales, pero que logró un desarrollo humano y un bienestar general difícilmente igualable por naciones económicamente de mucho mayor desarrollo y peso. Esos logros no deben caer bajo la tentación de una riqueza súbita y fácil, que provocará graves daños al estilo de vida conquistado.  
 Antecedentes.
China e India están conmocionando al planeta con sus demandas de consumo, siempre en ascenso. Su población conjunta es igual a 2.551 millones, el 36% del total mundial (2010). Entre ellos campea el neoliberalismo, esto es, el capitalismo sin control. A raíz de su crecimiento, los precios de los productos agropecuarios, las materias primas y los minerales han aumentado en forma considerable y hoy en día sus economías son los motores que arrastran a las demás, especialmente China, que pronto superará a los EEUU. 
 Lo que antes no era rentable, ahora lo es, y esto está pasando con yacimientos de hierro que existen en Uruguay en tierras hoy destinadas a la ganadería.
Un comunicado de la Presidencia de fecha 26 de Marzo de 2010 expresa que la empresa, Zamin Ferrous Group, es un grupo anglo-suizo de capitales hindúes, establecido en Londres, Inglaterra. El consorcio, según su Gerente General, Fernando Puntigliano,  operará desde Uruguay todos los proyectos mineros que posee en Mozambique, Malavi, Brasil, Chile y otros lugares, “en una demostración de confianza para el país”. [1] [2] Aratirí es una voz indígena guaraní que significa “relámpago”, un nombre bien o mal elegido, según se vea. El Código de Minería uruguayo señala actualmente que el subsuelo pertenece al Estado y que si existe una denuncia de prospección minera, el dueño está obligado a permitir la exploración y eventual extracción, quedando un canon de 2% para el Estado y de 3% para el dueño, que al tiempo aumenta unas fracciones.
La concesión tiene plazos y requiere renovación, disposiciones que la empresa quiere modificar y las autoridades están dispuestas a hacer, aparentemente, a través de una nueva ley de minería hecha a medida de las necesidades de la empresa. Estamos pues, como en los EEUU, donde las grandes corporaciones logran hacer aprobar leyes “a medida” para su beneficio, al mejor estilo neoliberal y de capitalismo rapaz, y al peor estilo de un gobierno nacional, que para mejor, se dice de izquierda y es, supuestamente, anticapitalista. 
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En junio de 2011 surge un planteo del Diputado José Cardoso del Partido Nacional, representante por el Departamento de Rocha, una de las regiones afectadas por este emprendimiento, que sugiere nacionalizar el subsuelo para que sea el Estado quien eventualmente explote su riqueza. Esta propuesta es de cuño netamente nacionalista en el sentido de defensa de la soberanía y del patrimonio de la nación, no partidaria, y con ella concordamos. 
También, en junio de 2011, el Diputado Luis Alberto Lacalle Pou, Presidente de la Cámara, ha planteado su oposición al proyecto, y los partidos de oposición han solicitado una interpelación a tres Ministros del gobierno.
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Continuaremos con la exposición de los antecedentes de la iniciativa, con la salvedad que la información que se ha divulgado no es completa y que muestra contradicciones, algo que se ha señalado desde diversas fuentes, por lo que el texto puede contener errores. 
 Bajo el Código de Minería hoy vigente, cuatro empresas, se supone que vinculadas al Zamin Ferrous Group, han denunciado cerca de 120.000 hectáreas (há) en los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo, que comprenden un total de 1.186 predios.[3]  La empresa ha comprado varios lotes y presiona a diversos productores para comprarles sus campos. Es muy peculiar esta compra, que se pretende realizar a precios de explotación agrícola. Los dueños no están vendiendo, y la empresa no está comprando, la superficie y sus pastos, sino las profundidades de la tierra y su riqueza, desconocida para los dueños pero conocida para la empresa compradora. Una situación claramente asimétrica que configura una estafa del tipo que hicieron los conquistadores con los indígenas en América, aquí posiblemente con el aval no consciente de los políticos y funcionarios del gobierno que están promoviendo la iniciativa. 
Se estima que la explotación propiamente dicha abarcará 11.500há ubicadas en 209 padrones, según el mineral que posee el subsuelo, y en sí misma, la mina cubriría 4.300 há. incluyendo zonas de maniobra y depósito de escombro.
El embalse de relave de agua cubriría 2.400há. Entre 350 y 400 productores rurales se verían afectados en forma directa. Se invertirían entre US$1.500 y US$2.500 millones, según distintas fuentes.
La explotación serían varias minas a cielo abierto y se trituraría la roca para extraer por imanes el mineral de hierro (cuya proporción es del 30%), que se transportaría por un mineroducto de agua doble, de 212Km de extensión, hasta las costas del Departamento de Rocha, en el este de Uruguay, donde se construiría un puerto de aguas profundas para los barcos contenedores que transportarían el material a China.
Se menciona que se procesarían 55 millones de toneladas de roca para extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales, donde el 30% tendría una riqueza en hierro del 70%. Se explotaría durante 20 años, después estaría agotado el mineral a extraer, por lo menos en las 12.000há específicas, pero se han reclamado 108.000há adicionales.
A posteriori, voceros de la empresa declararon que continuarían por 20 años más y que abrirían más minas en otros predios, aparte de las 12.000há mencionadas.[4] Si el puerto de Montevideo tuvo un movimiento máximo de mercaderías de 9 millones de toneladas en 2008, el nuevo puerto movería el doble, 18 millones de toneladas (T). El proyecto consumirá 12 millones de metros cúbicos (M3) de agua por año, y 10,5 millones de M3 de agua serían recircularizadas por otro acueducto hacia estanques de relave ubicados donde estará emplazado el casco industrial de la mina. La forma de excavación procede mediante explosivos, 43.000T por año, que para 222 días laborales hace un promedio de 194T por día, en muchas explosiones en varios lugares simultáneamente.
Habrá grandes excavadoras, grúas, volcadoras, palas mecánicas, enormes camiones, bandas cremalleras, trituradoras, y demás equipo pesado propio de minas de este tenor. Se eliminarán cerros enteros y se harán profundas excavaciones en el suelo, formándose por un lado 4 cráteres de alrededor de 100 há. cada uno, y una mina de 400 há (Grupo Las Palmas), todas de alrededor de 400 metros de profundidad. Para tener una idea, el Cerro de Montevideo mide 132M de altura y la Sierra de las Ánimas, el punto más alto del país, 501M. Es decir que si se colocan en estos cráteres tres Cerros de Montevideo, uno arriba del otro, desde el borde del precipicio se podría ver el techo de la Fortaleza.
Repetimos, tres Cerros de Montevideo, uno encima del otro.
El material de desecho seco (el 70% de lo que se excava) se deposita al costado de cada mina, en cerros de 100M de altura, y cubren una superficie de 2.000há. El barro de desecho se vuelca al embalse de relave, cubriendo al final de la vida de las minas 2.420há. de 51M de altura, con una cresta de 110M. 
Se comenzarían operaciones en el 2013 y 2014, y la empresa estima que el proyecto generará 1.500 puestos de trabajo directos y entre 10.000 y 15.000 indirectos, pero aplicando un coeficiente máximo de 2,5 se llega a 4.500 empleos, y considerando a los productores y trabajadores rurales de la zona que serían desplazados, el resultado neto sería cero[5].
Según la empresa, el proyecto aumentaría 1,5% el PBI, pero no dice cuánto bajaría por afectar otras áreas como la producción ganadera y el turismo.
Las ventas brutas anuales, según la empresa, ascenderán a US$ 1.600 millones FOB, más que cualquier otro bien exportable.[6]
 La Presidencia de Uruguay emitió el 23/5/2011 un documento titulado “Mitos y errores sobre el proyecto de Minera Aratirí”, donde señala que el proyecto dejará al país 400 millones de dólares anuales durante toda la vida del proyecto y que ocupará 6.210 hectáreas en 148 padrones que pertenecen a 76 propietarios rurales, aunque no dice hasta cuándo, y tampoco dice si luego de agotarse, se continuará con otros padrones.
Porque, ¿para qué entonces denunció casi 120.000há, imponiendo un monopolio de hecho sobre el subsuelo uruguayo? Nunca se ha visto una apropiación de este tipo, excepto cuando los conquistadores europeos clavaron sus lanzas tomando posesión de territorios que pertenecían a otros. Si es cierto que sólo se ocupará de 6.210há, que la empresa renuncie a todas las otras. 
Dos días después, el Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, sostuvo en una entrevista con una radioemisora, que “el gobierno pretende un desarrollo sustentable medioambientalmente” y que la Administración “analiza de manera objetiva el proyecto, no lo defiende” y que si no hay capitales uruguayos que inviertan “no hay más remedio que generar buen empleo beneficiando la inversión extranjera”, un argumento utilitario muy discutible, especialmente para un gobierno que se dice principista. Con ese criterio, cualquier emprendimiento que “genere buen empleo” sería válido, no importando el ramo ni el daño.
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Un cálculo simple. Supongamos que la mina produzca 18.000.000TM por año y que éstas se vendan a un promedio (bajo) de US$ 200, considerando que el precio futuro subirá por mayor demanda y menor oferta mundial. Si, como “rule of thumb” o aproximación simple, la tasa de ganancia bruta de largo plazo es del 50%, tenemos que la ganancia se ubicaría en US$ 1.800:000.000 anuales. Si se hace la hipótesis adicional de 30 años de explotación a este ritmo, se obtienen U$S54.000:000.000 de ganancia, cincuenta y cuatro mil millones de dólares. El beneficio para el Estado, según la empresa, sería de US$ 400: x 30 años = US$ 1.200 millones, cifra ridículamente baja (2,2%), y sin considerar el impacto negativo del emprendimiento.
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Impactos Medioamientales.
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